La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha puesto en marcha un proceso de consulta pública para declarar en riesgo la masa de agua subterránea Baza-Freila-Zújar, lo que conllevaría, según agricultores de la zona, "una serie de medidas restrictivas que afectan gravemente a los regantes y municipios de la comarca".

Como medidas cautelares, explica la Asociación de Agricultores, Ganaderos y Productores (Agapro) en una nota de prensa, la Confederación propone "la clausura de todas las posibles captaciones ilegales, limitar el consumo del abastecimiento de los municipios a 250 litros por persona y día, prohibición total de nuevos pozos de menos de 7.000 m3 y paralización de los expedientes de modificación de características de las concesiones de aguas subterráneas que se encuentren en tramitación".

Más allá de las medidas cautelares, la CHG plantea un programa de actuaciones tras la declaración, que "obligará a todos los usuarios, tanto regantes como ayuntamientos, a constituirse en una CUAS (Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas) y limitar sus extracciones máximas anuales a lo que determine la Planificación Hidrológica. Entre otras medidas también establece la contratación por parte de los usuarios de un hidrogeólogo residente, que dependerá funcionalmente de la Administración Hidráulica".

El objetivo de la CHG es conseguir en el año 2027 un caudal total medio en torno a 130 l/s en el manantial de Siete Fuentes y de 25 l/s tanto en la Fuente de San Juan como en la Fuente Grande de Zújar.

Pedro Castillo, técnico de comunidades de regantes, advierte en la nota de prensa de que "estas restricciones reducirán el abastecimiento de agua potable en un 33%, con un impacto aún mayor en el regadío". "Estas limitaciones ponen en peligro la viabilidad de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas", subraya Castillo.

"La única solución viable es sustituir las extracciones subterráneas por agua superficial procedente del embalse del Portillo para el abastecimiento humano y del Negratín para el riego", asegura Agapro

José Antonio Azor, presidente de la Asociación de Agricultores, Ganaderos y Productores (AGAPRO), insiste por su parte en que "la única solución viable es sustituir las extracciones subterráneas por agua superficial procedente del embalse del Portillo para el abastecimiento humano y del Negratín para el riego". "La prioridad no puede ser declarar en mal estado el acuífero y restringir su uso, sino ejecutar las infraestructuras necesarias para sustituir estas extracciones", señala Azor.

Para las comunidades de regantes, priorizar las restricciones de uso de las aguas subterráneas supone un nuevo varapalo para los agricultores de la comarca que verán aún más mermadas sus producciones, a pesar de que llevan décadas esperando a que la CHG les otorgue las concesiones del embalse del Negratín que pretende la sustitución de aguas subterráneas por superficiales.

José Ramón Valero de la Comunidad de Regantes Siete Fuentes, ha recordado que "sin las concesiones administrativas no podemos hacer las infraestructuras desde el embalse del Negratín, a pesar de que ya hemos presentado el proyecto básico". Según Valero, "cada año se pierden 18,5 hectómetros cúbicos de agua del Negratín mientras los cultivos languidecen por la falta de recursos".

Además, añade, "la falta de concesiones impide que las comunidades de regantes puedan modernizar sus sistemas de riego y mejorar su eficiencia". "Esto no solo limita la capacidad de adaptación a la sequía y el cambio climático, sino que también les excluye del acceso a ayudas económicas clave como las de la Junta de Andalucía, los fondos FEADER, los PERTE del Regadío o las subvenciones gestionadas a través de SEIASA. Esta situación genera un evidente agravio comparativo y reduce drásticamente la competitividad de los agricultores de la comarca en relación con otras zonas agrícolas que sí cuentan con estos recursos".

"Las restricciones propuestas por la CHG no solo amenazan la producción agrícola, sino que también aceleran la despoblación". "En Zújar los daños pueden ser irreparables, ya que la mano de obra en los invernaderos es la mayor de la comarca, así como sus producciones", indica Cándido Montes, presidente de la Comunidad de Regantes Zabroja Zújar Freila. "Las limitaciones en el uso del agua subterránea pondrá en peligro la pervivencia de muchas familias a nivel comarcal", matiza Montes. 

Ante esta situación, los regantes instan a los ayuntamientos a "intervenir con urgencia", organizando las reuniones necesarias para "alegar a la declaración de sobreexplotación del acuífero" y que reclamen también las infraestructuras para abastecimiento desde el embalse del Portillo, ya que "las restricciones afectarán también a los hogares y la industria".