Gabriel tenía 13 años cuando el día 16 de abril de 2019, a las 19:31 horas, envió a su madre el audio cuyo contenido se reproduce en esta noticia. Hoy, como ha recordado el equipo jurídico que representa a Juana Rivas, tiene 18 años y ha autorizado la difusión pública de esta llamada de auxilio, porque "tiene miedo de que su hermano Daniel, de tan solo 11 años de edad, pueda volver a Italia con su padre (procesado en ese país por maltratarle y condenado en España por violencia de género)". 

Ya las pasadas Navidades, cuando su hermano viajó a España para estar junto a ellos, Gabriel lanzó un vídeo pidiendo ayuda para sacar al pequeño del "infierno" que está viviendo. 

La grabación, otros audios y mensajes de texto similares emitidos por Daniel y Gabriel, partes médicos, fotografías de lesiones y declaraciones de testigos (entre otras pruebas) han sido presentadas a la Justicia italiana y a la Justicia española, según ha explicado el despacho de Carlos Aránguez.

"Especialmente importante es el testimonio prestado por Daniel el pasado día 7 de enero ante la Jueza de Guardia de Granada, quien le escuchó por primera y única vez en España, y decidió dar plena credibilidad al menor y protegerle, ante los gravísimos actos de maltrato que describe", como resaltan los abogados. 

Juana ha recibido durante todos estos años "desesperadas solicitudes de auxilio de sus hijos"

Esa medida de protección, que suspendió el regreso a Italia del niño, sigue vigente por el momento; no obstante, el Juzgado de Instrucción número 9 de Granada ha acordado inhibirse en favor de la Corte de la ciudad italiana de Cagliari en la denuncia por malos tratos al menor que presentó Juana Rivas en España contra Francesco Arcuri. Lo ha hecho al considerar que los hechos objeto de investigación tuvieron lugar presuntamente en el domicilio familiar en Cagliari y será por ello la justicia italiana la que deba pronunciarse ahora.

El despacho de Aránguez menciona también una reciente entrevista en la que Francesco Arcuri afirmaba que "Juana no tenía interés en llamar o ver a sus hijos". La realidad es, según los abogados, "que Arcuri ejercía violencia física y psíquica sobre los niños para impedir cualquier comunicación con su madre que escapara a su estricto control (siempre intentaba estar presente cuando los niños llamaban a Juana, y consultaba compulsivamente el listado de llamadas). Los niños tenían que llamar a su madre siempre a escondidas". 

Juana ha recibido durante todos estos años "desesperadas solicitudes de auxilio de sus hijos", expone el equipo de letrados, que precisa que un perito judicial italiano ha examinado los terminales y ha acreditado que las llamadas y mensajes entre los niños y su madre "no han sido manipulados".