La Asamblea de Trabajadoras de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Granada ha vuelto a concentrarse un mes más, coincidiendo con la celebración del pleno de febrero, para exigir al equipo de gobierno que preside Marifrán Carazo que "dé respuesta a los compromisos adquiridos tanto con la plantilla como con la ciudadanía".

Estos compromisos, entre otros, recogían la creación de, al menos 22 plazas para 2025 en el Área de Política Social que, "tras mucho batallar, finalmente quedaron en 6, a pesar de que el concejal de Recursos Humanos, Vito Epíscopo había redactado y firmado un informe que así lo plasmaba", como recuerda CGT en una nota de prensa.

Además de la creación de plazas para hacer frente al déficit de personal que sufre el área, que ha dado lugar a "listas de espera interminables" para la ciudadanía cada vez que hace uso de los Servicios Sociales, la "falta de dotación de recursos económicos y la firma de convenios con entidades privadas hace muy difícil atender las necesidades de las personas usuarias que ven cómo el Ayuntamiento no dispone de recursos habitacionales para dar solución a familias que no tienen acceso a una vivienda, por ejemplo, ni planes de emergencia social para actuar en casos como los que se sufrieron a consecuencia de la COVID hace unos años".

La Asamblea, además, ha vuelto a pedir la dimisión de la concejala de Política Social, Amparo Arrabal, por su "total indiferencia y ausencia" al frente del área que dirige, habiéndose "negado a reunirse con los distintos sindicatos del Ayuntamiento y teniendo una nula relación con la plantilla". Además, han añadido, "no dudarán en pedir más dimisiones si no se cumple con los compromisos adquiridos y señalan también como responsable al concejal de Recursos Humanos, que miente a la plantilla".

Anuncian, además, que han iniciado una recogida de firmas tanto físicas, en los distintos distritos de Granada, como online, a través de la creación de una petición en change.org por unos servicios públicos de calidad e invitan a participar a toda la ciudadanía, recordando que "cualquier persona es susceptible de acudir a los Servicios Sociales en alguna ocasión y las personas usuarias son también las que sufren el recorte tanto en recursos económicos como humanos, con retraso en la gestión de ayudas, listas de espera de meses para ser atendidas, falta de recursos habitacionales, infancia en riesgo de exclusión social desatendida, etc".

La implicación de la plantilla es" máxima" y reclama más recursos a la Corporación para "poder ofrecer a la ciudadanía unos servicios sociales públicos, dignos y de calidad".