El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, que investiga la querella del PSOE por las contrataciones a dedo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) amparadas al procedimiento de emergencia por la pandemia cuando ya estaba derogado; ha emitido una nueva providencia en la que ordena requerir nueva documentación a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.

La investigación judicial se centra, en concreto, en los contratos con clínicas privadas entre 2000 y 2004 por un valor de 234 millones de euros

La investigación judicial se centra, en concreto, en los contratos con clínicas privadas entre 2000 y 2004 por un valor de 234 millones de euros.

Así, el magistrado José Antonio Gómez apunta al expediente relativo al acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la Junta el 6 de octubre de 2020 y requiere “a la Intervención General de la Junta a fin de que remita el expediente o en su caso, petición, propuesta, consulta o cualquier otro documento relacionado que dio lugar a la emisión de la memoria sobre el proyecto" de propuesta de acuerdo con el que "se sustituía el control previo de determinados gastos, órganos y servicios por el control financiero permanente, y se actualizaba la relación de gastos, órganos y servicios sometidos a dicho régimen de control en virtud de acuerdos anteriores de fecha 29 de septiembre de 2020, firmado por la interventora general e incorporado al expediente 1065/20.

Es la primera vez que el juzgado apunta al Consejo de Gobierno andaluz que retiró ese control previo a los contratos sanitarios a dedo y que fue suscrito por el entonces consejero de Hacienda, en la actualidad vicesecretario general del PP y diputado nacional, Juan Bravo, y rubricado por el propio presidente, Juan Manuel Moreno.

El acuerdo incluyó una relación de gastos, órganos y servicios del Gobierno andaluz que pasan a fiscalizarse a posteriori por la Intervención, entre ellos específicamente los contratos de emergencia en el SAS, para acelerar las adjudicaciones a dedo.

“Cualquier otro informe de disconformidad”

También resuelve requerir los "expedientes completos relacionados con el informe de disconformidad de la Intervención Central del SAS" de fecha 11 de agosto de 2020; así como la documentación correspondiente a "cualquier otro informe de disconformidad en expedientes de contratos seguidos por el trámite de emergencia en el periodo en el cual estaban sujetos a fiscalización previa" y diferentes resoluciones sobre el asunto emitidas por la Administración sanitaria entre 2021 y 2023, informa Europa Press.

El Juzgado también ordena reiterar "con los oportunos apercibimientos legales, el oficio a la Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para que aporte todo informe, resolución o consulta elaborada en relación a la contratación por procedimiento de emergencia con vigencia en el periodo 2020-2023, así como las solicitudes de informes realizadas desde el ejercicio 2020 por cualquier consejería andaluza"

El Juzgado también ordena reiterar "con los oportunos apercibimientos legales, el oficio a la Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para que aporte todo informe, resolución o consulta elaborada en relación a la contratación por procedimiento de emergencia con vigencia en el periodo 2020-2023, así como las solicitudes de informes realizadas desde el ejercicio 2020 por cualquier consejería andaluza".

Igualmente, reitera del mismo modo y "con los oportunos apercibimientos legales, oficio a la Cámara de Cuentas de Andalucía para que, con relación a la documentación del informe de fiscalización de cumplimiento de los contratos tramitados por la administración de la Junta y sus entidades vinculadas para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, ejercicio 2020 aprobado por el pleno de la Cámara el pasado 26 de julio, aporte la relación de auditores que hayan participado" en la elaboración de dicho documento.

"Se acuerda esperar a recibir toda la documentación ya acordada antes de recibir declaración a los querellados a fin de tener una idea clara de los indicios existentes contra los mismos", indica además el juzgado respecto a los tres investigados en esta causa, que son la actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud, Valle García, y sus antecesores en dicho cargo Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán.

Ello, merced a la querella del Grupo socialista del Parlamento andaluz "por posibles irregularidades en la contratación a través del procedimiento de urgencias por el Servicio Andaluz de Salud en los años 2021-2023", cuando ya no regía dicha regulación excepcional.