La 'Plataforma Granada por la Paz y el Desarme, y contra el Genocidio' informa de una acción convocada para este martes, 24 de junio, a las 11:00 ante el edificio de la Agencia Tributaria, en la Avenida de la Constitución. Según indica en una nota, se llevará a cabo una concentración a la vez que un grupo de personas objetoras fiscales harán entrega en el registro de Hacienda de una copia de su declaración con objeción fiscal y una carta a la ministra de hacienda expresando su opción de no colaborar con el gasto militar.

¿Qué es la objeción fiscal al gasto militar? La plataforma indica que es "la no disposición a colaborar con el estado en los gastos de preparación de guerras y mantenimiento de la estructura militar, desobedeciendo activamente en el momento de realizar la declaración de la renta (IRPF)". En Granada la Plataforma por la Paz y contra el Rearme "apoya la campaña de objeción fiscal al gasto militar que desde el movimiento de objeción de conciencia se realiza en España desde hace más de 40 años".

¿Cómo? "Consiste técnicamente en aprovechar la declaración del IRPF para desviar una parte de nuestros impuestos a un proyecto que trabaje en la defensa de un proyecto social solidario, este año se está apoyando a organizaciones que trabajan ayudando a las víctimas del genocidio en Gaza (UNRWA) y a organizaciones que denuncian y se oponen al genocidio dentro del estado de Israel", explica la plataforma. 

El rearme no es solución

Razones que expresa la plataforma: "Ante la situación de violencia, la Plataforma no cree que la solución sea el rearme, que genera más tensión, abandona las políticas de paz, cooperación y protección social consumiendo los recursos necesarios para las mismas. En los próximos días (24-25) la OTAN aprobará una subida del gasto militar para todos sus miembros del 5% del PIB".

Esto iba a suponer para el Reino de España alrededor de 80.000 millones de euros, si bien el presidente del Gobierno anunció este domingo que había "pactado" con la OTAN un gasto para defensa equivalente al 2,1% del PIB español.

Según la plataforma, "para los países europeos miembros de la OTAN serían 820.000 millones de euros, casi 500.000 millones de euros respecto al gasto actual. ¿De dónde lo sacarán? Ya lo han anunciado: recortes en el gasto público, en los servicios públicos como educación, sanidad, dependencia, jubilaciones o empleo público. O lo que es lo mismo: el progresivo desmantelamiento del Estado de bienestar".

¿Es legal? "La constitución española reconoce el derecho a la objeción de conciencia, aunque no haya una legislación específica para esta modalidad. Nos acogemos a este derecho y exigimos que se regule para que las personas contribuyentes podamos ejercerlo. Mientras tanto la hacemos y solicitamos que se nos reconozca", finaliza la plataforma.