La parlamentaria del grupo Por Andalucía y coordinadora de Movimiento Sumar en Andalucía, Esperanza Gómez, ha criticado este viernes que el Gobierno andaluz del PP-A sigue sus "políticas de precarizar el servicio público de salud andaluz a favor de intereses particulares y privados".

Esto supone, según Esperanza Gómez, "una desviación de fondos de recursos de la sanidad pública a la privada, y sigue las políticas del Gobierno de la Junta de Andalucía de precarizar el servicio público de salud andaluz a favor de intereses particulares y privados"

Así lo ha manifestado la diputada en un comunicado al hilo de "la reciente resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales" que, según ha explicado, da "luz verde al nuevo acuerdo marco" que va a "permitir a la Consejería de Salud hacer uso de 533 millones de euros para derivar a clínicas privadas la realización de las operaciones en aquellas especialidades que sufren mayores demoras".

Esto supone, según Esperanza Gómez, "una desviación de fondos de recursos de la sanidad pública a la privada, y sigue las políticas del Gobierno de la Junta de Andalucía de precarizar el servicio público de salud andaluz a favor de intereses particulares y privados".

Además, la parlamentaria de Por Andalucía ha manifestado que "el problema de listas de espera ha sido provocado por la incompetencia del Gobierno andaluz para gestionar adecuadamente los recursos públicos, por lo que, en lugar de 'dopar' a las clínicas y fondos privados, se deberían invertir esos fondos en mejorar las condiciones de trabajo e instalaciones del servicio público andaluz".

Esperanza Gómez ha remarcado que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "viene contratando de forma directa con clínicas privadas desde el año 2020, utilizando el contrato negociado sin publicidad y aprovechando el marco de excepcionalidad de la pandemia, algo que ha estado haciendo hasta la aprobación de este nuevo 'acuerdo marco'".

Al hilo, la diputada ha advertido de que "actualmente están en fase de investigación judicial contratos por valor de 1.500 millones de euros por haberse realizado mediante la adjudicación directa cuando ya había pasado la excepcionalidad de la pandemia".

Ha agregado que "el tiempo promedio que un paciente espera para visitar un especialista después de haber sido derivado por el médico de familia era, el 1 de enero de 2025, de 150 días, cinco meses, según los datos que proporciona el SAS", y "hay especialidades que se demoran más de un año en ver a un paciente en su primera visita, algo totalmente inaceptable", según ha aseverado Esperanza Gómez.

La coordinadora de Movimiento Sumar en Andalucía ha concluido criticando que, "mientras se celebran estos acuerdos con las clínicas privadas y se les inunda de recursos, la atención primaria sigue saturada y con cierres de ambulatorios por falta de medios este verano", y frente a ello ha abogado por "garantizar la atención sociosanitaria de toda la población, y que el Gobierno de la Junta de Andalucía mantenga un servicio público básico como es la sanidad".