La universidad pública andaluza, históricamente uno de los motores culturales, científicos y sociales de España, atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. La Junta de Andalucía, lejos de reforzar su papel como garante del acceso universal a la educación superior, ha optado por una deriva preocupante: recortar, asfixiar presupuestariamente y, de forma apenas disimulada, desviar recursos y atención hacia el florecimiento de universidades privadas que prometen títulos exprés al mejor postor.

Este año se ha alcanzado un hito tan bochornoso como revelador. Por primera vez, la Universidad de Granada -una de las más antiguas, prestigiosas y productivas del país- recibirá por parte de la Junta una financiación inferior al montante que necesita para pagar su gasto de personal. En otras palabras: la cicatería deliberada del gobierno de Moreno Bonilla  parece ver en la universidad pública un estorbo, no un activo.

Esta estrategia no es ni nueva ni única. Es calcada, punto por punto, al modelo que Isabel Díaz Ayuso lleva implementando en la Comunidad de Madrid con consecuencias devastadoras. La Universidad Complutense ya ha advertido públicamente que, de continuar esta política de infrafinanciación, no podrá afrontar la paga extra de diciembre. Y el caso andaluz no es muy distinto: se está cronificando un modelo que empuja a las universidades públicas a su asfixia técnica, dejando vía libre al mercado para que las privadas ocupen el terreno perdido por las públicas.

¿Quién gana con esto? Desde luego, no los estudiantes. Ni los investigadores. Ni la sociedad andaluza, que pierde uno de sus pilares más sólidos de progreso. Ganan las corporaciones educativas privadas, muchas de ellas vinculadas a grupos ideológicos conservadores o intereses empresariales opacos, que encuentran una alfombra roja tendida desde San Telmo para expandirse sin competencia real. Mientras tanto, los campus públicos ven congeladas sus inversiones, paralizados sus programas de I+D y recortadas sus becas.

Lo cierto es que detrás de esta retórica tecnocrática se esconde un ataque político e ideológico en toda regla. Porque la universidad pública no sólo educa: también forma conciencia crítica, investiga sin depender de patrocinios y garantiza igualdad de oportunidades

El argumento, manido hasta la saciedad, es que “hay que optimizar los recursos” y que “la calidad no está reñida con la eficiencia”. Lo cierto es que detrás de esta retórica tecnocrática se esconde un ataque político e ideológico en toda regla. Porque la universidad pública no sólo educa: también forma conciencia crítica, investiga sin depender de patrocinios y garantiza igualdad de oportunidades. Eso molesta. Y por eso se castiga. Porque una universidad pública fuerte es, por definición, un espacio incómodo para quienes prefieren una sociedad sumisa y mercantilizada.

Lo más grave es que todo esto se produce con una impunidad política alarmante. La Junta presume de récords económicos y superávits, pero no tiene empacho en condenar a sus universidades a mendigar para pagar su funcionamiento básico. No hablamos de lujos, hablamos de pagar nóminas, mantener edificios, reponer equipamiento, sostener programas de investigación. Es decir, garantizar que lo que hoy llamamos “universidad” siga siéndolo mañana.

La Junta no sólo desatiende sus responsabilidades: está poniendo en peligro el futuro de generaciones enteras de estudiantes, especialmente aquellos que no pueden permitirse pagar una matrícula de 10.000 euros al año en un campus privado con piscina y cafetería de diseño

Granada es, en este sentido, el canario en la mina. Si ni siquiera una de las joyas del sistema universitario español puede sostener su estructura básica con la financiación autonómica, ¿qué cabe esperar de universidades más pequeñas, más recientes o con menor poder de negociación? La Junta no sólo desatiende sus responsabilidades: está poniendo en peligro el futuro de generaciones enteras de estudiantes, especialmente aquellos que no pueden permitirse pagar una matrícula de 10.000 euros al año en un campus privado con piscina y cafetería de diseño.

El paralelismo con el modelo Trump no es gratuito. En EE.UU., el trumpismo convirtió a las universidades en enemigos políticos, tachándolas de “nidos de progresismo” y recortando sus fondos mientras favorecía las instituciones privadas ultraconservadoras. En Andalucía estamos viendo una versión provinciana de ese guion: desfinanciar lo público, desacreditarlo, y allanar el camino a lo privado. La diferencia es que allí hay al menos un debate encendido. Aquí, el silencio cómplice de muchos actores políticos, sociales y mediáticos permite que este atropello avance sin resistencia.

La situación es insostenible y exige una reacción urgente

La situación es insostenible y exige una reacción urgente. No se trata sólo de defender a las universidades públicas como si fueran reliquias del pasado, sino de entender que sin ellas no hay investigación independiente, ni progreso real, ni igualdad de oportunidades. La Junta debe rectificar de inmediato, garantizar una financiación justa y suficiente, y cesar su promoción descarada de lo privado como solución mágica a todos los males.

De lo contrario, Andalucía corre el riesgo de convertirse en un páramo intelectual, donde sólo quienes puedan pagar accedan al conocimiento, y donde las universidades públicas queden reducidas a escombros burocráticos. No es una exageración: es la dirección que ya está marcada. Y el tiempo para dar un volantazo se agota.

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Agustín Martínez

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