Queda pendiente un juicio, el de la gasolinera, donde no hubo acuerdo entre las partes
El caso Marchelo de corrupción urbanística en Alhendín se salda, tras dos décadas, con penas irrisorias
Un acuerdo de conformidad y la lentitud de la justicia reducen a dos años de prisión la condena al que fue concejal de Urbanismo por el PP Manuel Fernández y un año para cinco empresarios, entre ellos, Juan Muñoz Tamara, marido de Ana Rosa Quintana.
El Ayuntamiento de Alhendín. ayto.Alhendín
El llamado caso Marchelo, en el que han quedado probados delitos de corrupción urbanística en Alhendín, cometidos entre 2003 y 2006 en pleno boom inmobiliario y con el PP en la Alcaldía del municipio, alumbra las primeras condenas tras casi dos décadas de instrucción. Contrasta la gravedad de los delitos que se enumeran en la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, a la que ha tenido acceso El Independiente de Granada, con las penas impuestas a los acusados: dos años de prisión para Manuel Fernández, que fue concejal de Urbanismo en el municipio; y un año para cinco empresarios, entre ellos, Juan Muñoz Tamara, marido de Ana Rosa Quintana.
Al exedil de Urbanismo se le condena como autor responsable de un delito continuado de cohecho en concurso medial con un delito continuado de malversación, y por un delito continuado de prevaricación administrativa en concurso de normas con un delito continuado de prevaricación urbanística. Como se ha indicado la pena es de dos años de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, multa de seis meses con una cuota diaria de diez euros y 4 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público que tenga naturaleza electiva y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.
Los otros cinco condenados responden por delitos de cohecho en concurso medial con delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y prevaricación urbanística. Llevan aparejados la condena la inhabilitación para el derecho de sufragio y multa.
Por otra parte, se retira la acusación para cuatro de los procesados -tanto exediles como empresarios-.
Para hacerse una idea de la dimensión de la condena, cabe recordar que para el exconcejal de Urbanismo Manuel Fernández Moreno, la Fiscalía, como recuerda Europa Press, pedía 26 años de prisión.
La sentencia es fruto de un acuerdo de conformidad que finalmente evitó el macrojuicio para buena parte de las irregularidades -Marchalhendín y Novosur-. No así para la que se centró en la construcción de una gasolinera, que sí irá a juicio
La sentencia es fruto de un acuerdo de conformidad que finalmente evitó el macrojuicio para buena parte de las irregularidades -Marchalhendín y Novosur-. No así para la que se centró en la construcción de una gasolinera, que sí irá a juicio. Ahí no hubo acuerdo.
La demora en la instrucción de este caso es sorprendente e incomprensible. Y a la mancha que supone para el PP la gestión en esa etapa -cabe recordar que en este caso estuvo también imputado el exalcalde José Guerrero, que en su día salió de la causa por motivos de salud-, se suma también el impacto en la imagen de la justicia, que no sale muy bien parada por los años de instrucción.
El caso se instruyó en los juzgados de Santa Fe y las condenas impuestas ahora se corresponden con la operación del polígono Marchalhendín y la promoción de viviendas, con irregularidades, admitidas por los ahora condenados, como eludir el control del pleno, acomodar concursos a las condiciones ofertadas por empresas de los implicados o no respetar la obligación de comunicar las posibles afecciones a la Base Aérea de Armilla -por las servidumbres aeronáuticas-. Esto último, como se recordará, terminó obligando a ejecutar medidas correctoras, entre ellas rebajar la altura de algunos de los edificios.
Algunos de los hechos que se declaran "expresamente probados":
- "Como medio para garantizar que las sucesivas actuaciones municipales necesarias para la ejecución del proyecto del Polígono industrial se completaran con éxito, aun cuando supusiera su aprobación la vulneración de la normativa aplicable y quebranto para el interés municipal Manuel Fernández solicitó a Manuel M., Fernando M.N. y Rafael A.P., el reconocimiento de una participación societaria en " Parque empresarial Alhendín SL" , solicitud que fue conocida Juan Muñoz y aceptada por todos los acusados".
"Mediante esta solicitud y posterior aceptación de esta liberalidad contraria a las normas y al recto funcionamiento de la Administración pública, Manuel Fernández Moreno, se convertía en otro socio más de la mercantil asumiendo por ello, un papel relevante y necesario en la toma de decisiones relacionadas con la Concejalía de Urbanismo que dirigía, actuando con ánimo de un lucro ilícito dado que el éxito empresarial en el proyecto, le generaba un directo enriquecimiento a través del reparto de dividendos y beneficios entre socios".
-En la tramitación y aprobación administrativa del parque empresarial "se incumplieron de forma grave y patente la normativa urbanística vigente así como se pactó la cesión a los promotores de los aprovechamientos urbanísticos municipales por precio inferior al que correspondía, si bien el perjuicio causado, a día de la fecha, se entiende corregido, no llegando a materializarse el daño a los fondos públicos por causas ajenas a la voluntad de las partes sino relacionadas con la detención de Manuel Fernández Moreno".
"Los promotores realizaran obras ilegales sin ejecutar los actos de inspección y disciplina urbanística a los que legalmente estaban obligados, omitiendo maliciosamente los actos debidos en materia de disciplina urbanística"
"Las obras se comenzaron por la promotora, no circunscribiéndose a los actos sometidos a licencia sino a otros favorecidos por la permisividad consciente el acusado, Manuel Fernández Moreno, que al menos desde junio de 2006 hasta noviembre de 2006, permitió que, entre junio de 2006 y el 22 de febrero de 2007, los promotores realizaran obras ilegales sin ejecutar los actos de inspección y disciplina urbanística a los que legalmente estaban obligados, omitiendo maliciosamente los actos debidos en materia de disciplina urbanística".
"Manuel Fernández Moreno se comprometió a favorecer la tramitación administrativa de las normas urbanísticas, instrumentos de planeamiento, licencias y actuaciones necesarias para la construcción de la urbanización de viviendas plurifamiliares NOVOSUR, con una urgencia y celeridad no comparable con la ordinaria, apartándose con ello de recto ejercicio de las funciones que le habían sido encomendadas".
"Omitieron deliberadamente el cumplimiento de trámites legalmente preceptivos".
"Los acusados, conscientes de la titularidad de los terrenos del cauce, no integraron a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Junta de Compensación, a pesar de ser propietaria de los terrenos del Barranco de la Calera incluido en el Plan Parcial. Posteriormente, omitieron la notificación preceptiva, a la CHG, del Proyecto de urbanización en lo que afectaba a la UE 1 del Plan parcial Sub 03 y de Proyecto de reparcelación, incumpliendo deliberadamente el art 101 c 1º de la LOUA".
Una vivienda gratuita para el concejal de Urbanismo
"Como medio necesario para culminar los compromisos alcanzados, Manuel Fernández Moreno solicitó a Fernando R. A., la entrega gratuita de una vivienda en la Urbanización Altos de Vista Nevada en Armilla propiedad de Horizonte Inmobiliario SL, solicitud que fue aceptada por el acusado. Manuel Fernández Moreno, tomó posesión del inmueble, habitando en la vivienda, desde septiembre de 2006 hasta la fecha de su detención".
Según la sentencia, el Ayuntamiento de Alhendín, que se mantenía en la causa su personación en calidad de perjudicado, ha presentado escrito en el que, atendiendo a lo acordado por el pleno de la corporación de fecha 27 de marzo de 2025, "hace expresa reserva de acciones civiles por si posteriormente apareciera algún coste no abonado o se concretara algún perjuicio al Ayuntamiento, no reclamando por vía de responsabilidad civil en este procedimiento".
La Justicia admite que la demora ha sido "extraordinaria e injustificada"
La sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Granada, que firman los magistrados Jesús Flores Domínguez, Maravillas Barrales León y Jesús Lucena González, señalan antes de abordar los delitos cometidos que "el presente procedimiento fue iniciado el 23 de mayo de 2006, sufriendo un retraso extraordinario en su tramitación, con una duración de 18 años y 11 meses hasta la fecha de este escrito. No solo la duración del procedimiento judicial es extraordinaria e injustificada sino que además, el procedimiento ha sufrido numerosas y extensas paralizaciones".
Como informa Europa Press, la pieza separada del caso Marchelo sobre presuntas irregularidades en la tramitación y construcción de una gasolinera en Alhendín irá a juicio después de que las defensas y las acusaciones no alcanzaran un acuerdo durante la comparecencia fijada para ello en febrero en la Sección Primera de la Audiencia de Granada.
Las partes cerraron de hecho la sesión con la firma de un acta de disconformidad por diferencias existentes en la cuantía de las indemnizaciones que solicita la acusación particular ejercida por un empresario por los presuntos daños y perjuicios ocasionados por la construcción presuntamente ilícita de esta gasolinera en la Avenida de Andalucía, después de que a él se la denegaran previamente por tratarse de un terreno residencial.
La causa quedaba así pendiente de la fecha de juicio y en ella están acusados el que fuera concejal de Urbanismo de Alhendín en el momento de los hechos; Manuel F.M; otros dos concejales que formaban parte de la comisión de gobierno, un arquitecto municipal y el empresario al que se le concedió la licencia para la gasolinera. También estaba acusado el alcalde de Alhendín en ese momento, José Guerrero, para el que la Audiencia de Granada acordó en esta pieza archivar provisionalmente por motivos de salud.
En el escrito de acusación de la Fiscalía, consultado por Europa Press, se les atribuye la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación urbanística y prevaricación administrativa por unos hechos que se remontan a 2002, cuando el entonces alcalde presuntamente negoció con el empresario acusado la venta de una finca de su propiedad para la construcción y explotación en ella de una estación de servicio.
