Cuando el 4 de enero de 1977 el Gobierno de Adolfo Suárez aprobó el Real Decreto-ley 2/1977 que suprimía formalmente el Tribunal de Orden Público (TOP) —publicado en el BOE del 5 de enero de 1977— muchos sectores sociales y políticos saludaron aquel gesto como un paso decisivo en la normalización democrática. El TOP, creado en 1963 por el régimen franquista para perseguir delitos políticos, sindicales y de opinión, representaba quizás como ningún otro órgano la arquitectura represiva de la dictadura. Su desaparición parecía simbolizar el fin de una era.

Pero la realidad institucional fue en gran medida otra. Aquel decreto que cerraba las puertas del TOP abría, casi sin transición, las de la Audiencia Nacional, heredera en buena parte de sus funciones, de su estructura y —este es el punto crítico de cualquier análisis histórico serio— de su personal.

Lejos de tratarse de un fenómeno aislado del Poder Judicial, este trasvase simboliza un rasgo definitorio de la Transición española: la persistencia de las élites administrativas, judiciales, policiales, militares y políticas formadas, promocionadas y consolidadas bajo el franquismo

Lejos de tratarse de un fenómeno aislado del Poder Judicial, este trasvase simboliza un rasgo definitorio de la Transición española: la persistencia de las élites administrativas, judiciales, policiales, militares y políticas formadas, promocionadas y consolidadas bajo el franquismo. La conocida frase de Manuel Vázquez Montalbán sobre la Transición como “correlación de debilidades” cobra aquí su pleno significado: el Estado franquista no fue depurado, sino reciclado.

Este artículo se centra en ese eje: la continuidad estructural del sistema franquista en la “nueva democracia”, con especial atención al Poder Judicial como ejemplo claro de que el cambio político fue, en muchos ámbitos, más cosmético que profundo. Para ello se reconstruye la composición del TOP en el momento de su disolución y el destino de sus jueces; se analiza cómo las estructuras judiciales, administrativas y corporativas heredadas de la dictadura pervivieron durante décadas; y se reflexiona sobre cómo esa continuidad explica determinadas inercias políticas, culturales y sociales que siguen presentes en España.

1.   El Tribunal de Orden Público: corazón judicial de la represión tardofranquista El Tribunal de Orden Público fue creado el 2 de diciembre de 1963 mediante la Ley 154/1963. Su función era juzgar los llamados “delitos políticos”: propaganda ilegal, asociación ilícita, huelgas, manifestaciones, actividades sindicales fuera del sindicato vertical, militancia clandestina y toda forma de disidencia contra el régimen. Se trataba de un tribunal especial, ajeno a las garantías propias de un Estado de derecho, diseñado para “proteger al Estado” y “reprimir conductas peligrosas para el orden público”, según la retórica jurídica de la dictadura.

Fue el órgano judicial que perfiló la represión durante el tardofranquismo y que, en conexión estrecha con la Brigada Político-Social, completaba la maquinaria represiva

Desde su creación hasta su disolución, por el TOP pasaron miles de activistas, obreros, estudiantes, sindicalistas, militantes comunistas, anarquistas, socialistas, abogados democráticos y ciudadanos que simplemente habían elevado la voz contra la falta de libertades. Fue el órgano judicial que perfiló la represión durante el tardofranquismo y que, en conexión estrecha con la Brigada Político-Social, completaba la maquinaria represiva.

Cuando el 5 de enero de 1977 el BOE publicó su disolución, el mensaje oficial era claro: “El paso a un sistema plenamente democrático exige la desaparición de órganos propios de etapas anteriores”. Pero si el órgano desaparecía, los hombres que lo componían no lo hicieron. Y esa es la clave.

2.   Enero-marzo de 1977: los BOE que explican la continuidad a partir del 18 de febrero de 1977, comenzaron a aparecer en el BOE los nombramientos que recolocaban a los magistrados del TOP. En apenas un mes, prácticamente toda su plantilla había sido absorbida por las nuevas estructuras judiciales creadas por el propio real decreto.

Entre los jueces del TOP recolocados destacaron:

• Bernardino Pérez Álvarez. Destinado a la Audiencia Nacional. Su nombramiento aparece el 9 de marzo de 1977, integrándose en el flamante órgano que asumía muchas competencias del extinto TOP.
• María Jesús González Díez. También nombrada para la Audiencia Nacional (BOE, 9-03-1977). Su incorporación muestra la rapidez con que se recompuso la estructura judicial sin relevo generacional ni depuración institucional.
• Encarnación Gutiérrez Guío. Otra magistrada del TOP que pasó igualmente a la Audiencia Nacional (BOE, 9-03-1977). La presencia de juezas en el TOP era minoritaria, y su continuidad evidencia que la estructura funcionarial permanecía estable por encima del cambio de régimen.

La relación completa asciende, según la bibliografía, a 16 magistrados titulares del TOP en el momento de su disolución. De ellos, más del 60 por ciento fueron recolocados en órganos clave de la justicia democrática entre febrero y marzo de 1977

• Rafael Gómez-Chaparro Aguado. El caso más conocido. Juez instructor del TOP y posteriormente Juez Central de Instrucción nº 1, según nombramientos publicados los días 18 y 21 de febrero de 1977. Su nombre reaparece en causas de gran relevancia en la recién inaugurada democracia, como el sumario de la matanza de Atocha en 1977.
• Fernando Cid Fontán. Destino: Juzgado de Instrucción nº 3 de Madrid. (BOE, 18-21 febrero 1977).
• Gabriel Gonzálvez Aguado. Nombrado Juez de Instrucción nº 17 de Madrid. (BOE, mismo periodo).
• Luis Antonio Burón Barba. Magistrado de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, por real decreto publicado el 21 de febrero de 1977. La Audiencia Nacional, recordemos, fue concebida como órgano clave en materia de terrorismo, delitos económicos y causas de especial trascendencia.
• Jaime Mariscal de Gante. Su presencia en los estudios académicos sobre la composición del TOP es constante. Pasó a la Audiencia Nacional, y posteriormente ocuparía puestos de relevancia en la estructura judicial. Es padre de Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia con José María Aznar: ejemplo revelador de continuidad generacional.
• Manuel Gómez-Villaboa. Igualmente incorporado a la Audiencia Nacional, según crónicas especializadas y estudios sobre la plantilla fundacional del órgano.
• Fernando Méndez Rodríguez. Otro magistrado que pasó directamente del TOP a la Audiencia Nacional.

La relación completa asciende, según la bibliografía, a 16 magistrados titulares del TOP en el momento de su disolución. De ellos, más del 60 por ciento fueron recolocados en órganos clave de la justicia democrática entre febrero y marzo de 1977. El resto pasó al Tribunal Supremo o a juzgados superiores ordinarios.

La Transición fue un pacto —a veces tácito, a veces explícito— entre las élites franquistas y una oposición democrática que, asfixiada por 40 años de dictadura, aceptó una reforma parcial del Estado a cambio de libertades y de la posibilidad de organizarse políticamente

Esto es esencial: la democracia española se construyó sobre una estructura judicial franquista apenas retocada.

3.   Una democracia sin depuración: elección política o imposición estructural Mientras países como Italia o Alemania, tras sus dictaduras o regímenes autoritarios, realizaron depuraciones (más o menos efectivas) en la judicatura, el funcionariado y las fuerzas de seguridad, España optó por un camino distinto. La Ley de Amnistía de 1977, frecuentemente celebrada como instrumento de reconciliación, tuvo un efecto colateral: blindó de facto a los responsables de la represión.

La Transición fue un pacto —a veces tácito, a veces explícito— entre las élites franquistas y una oposición democrática que, asfixiada por 40 años de dictadura, aceptó una reforma parcial del Estado a cambio de libertades y de la posibilidad de organizarse políticamente. El precio fue alto:

No hubo depuración del Poder Judicial;

No hubo depuración de la Policía;

No hubo depuración del Ejército;

No hubo depuración en los altos cuadros de la Administración;

No hubo revisión del patrimonio económico del franquismo;

No hubo revisión del poder heredado por vínculos familiares.

En ese contexto, la continuidad del TOP dentro de la Audiencia Nacional fue especialmente llamativa. No solo se trasladaron los jueces; también se trasladaron métodos, mentalidades, jerarquías, redes de afinidad y formas de entender la “defensa del orden público”.

4.   Las élites administrativas franquistas: un poder que no cayó con Franco La continuidad en la judicatura es solo una pieza del rompecabezas. La dictadura generó durante décadas un entramado de funcionarios, altos cargos, tecnócratas y cuadros intermedios que garantizaron la supervivencia del aparato del Estado más allá de la vida del dictador.

Muchos factores explican esta eliminación meramente superficial del régimen:

—Formación profesional y monopolio institucional. Durante décadas, acceder a la judicatura o a puestos directivos de la administración exigía adhesión al régimen. La carrera profesional se hacía dentro de una única cultura política, con oposiciones controladas y tribunales de evaluación vinculados al Movimiento Nacional.

—Ausencia de alternativa preparada. Tras años de exilio, clandestinidad o marginalidad, la oposición democrática carecía de cuadros técnicos capaces de reemplazar de golpe a cientos de magistrados, fiscales, secretarios judiciales, gobernadores civiles y directores generales.

—La lógica del “no remover el pasado”. La Transición elaboró un relato donde mirar atrás era considerado un riesgo para la estabilidad democrática. Ese relato negó la exigencia de responsabilidad y favoreció la integración sin revisión.

—El miedo al Ejército. La presencia de un poder militar que había sostenido la dictadura continuaba intacta. Con el presagio del 23-F (aún por venir), pero ya intuible, la élite política de la época optó por no tensar la cuerda.

5.   La huella de esa continuidad en la democracia posterior, los efectos de esta continuidad se observan con claridad en varios ámbitos:

En el Poder Judicial, La falta de renovación generacional y conceptual dejó una justicia marcada por la inercia conservadora. El poder corporativo del Consejo General del Poder Judicial —creado también en 1978— consolidó estas dinámicas. La presencia de apellidos vinculados a jueces del TOP o al aparato judicial del franquismo reaparece en las décadas siguientes: un fenómeno que no es casualidad, sino consecuencia de un sistema cerrado y endogámico.

En las fuerzas de seguridad, donde los mandos policiales que habían combatido a la oposición democrática durante la dictadura siguieron en sus cargos durante años. La cultura policial se transformó demasiado lentamente, y en algunos casos, nunca ocurrio del todo.

Se puede rastrear cómo diversos hijos, sobrinos, nietos o familiares directos de altos cargos del tardofranquismo ocupan, décadas después, posiciones influyentes en: judicatura, política, empresa pública, cuerpos policiales, universidad, medios de comunicación

En la Administración del Estado y Ministerios clave como Interior, Justicia, Educación u Obras Públicas conservaron estructuras internas y funcionariado de carrera formado antes de 1975. Esto influyó en la redacción de leyes, reglamentos, oposiciones y concursos públicos.

En la política, la derechización progresiva de sectores amplios del aparato administrativo se explica en parte por esta continuidad histórica. No se trata de afirmar que todos los funcionarios franquistas fueran ideológicamente derechistas, sino de señalar que el ecosistema institucional heredado favorecía líneas de pensamiento conservadoras.

En la sociedad, la Memoria Histórica sufrió durante años un bloqueo institucional. No es casualidad que no existiera una ley integral de memoria hasta 2007, y otra ampliada hasta 2022. La resistencia de ciertas élites a revisar críticamente el franquismo responde a una herencia orgánica, no meramente ideológica.

6.   Vínculos familiares y redes de influencia: la persistencia de un poder heredado España presenta un fenómeno especialmente significativo: la continuidad del poder no solo institucional, sino familiar. La “aristocracia administrativa” del franquismo —jueces, notarios, procuradores, altos funcionarios, empresarios de monopolios estatales, directivos de banca, militares y gobernadores civiles— consolidó una estructura social que perduró en democracia.

Se puede rastrear cómo diversos hijos, sobrinos, nietos o familiares directos de altos cargos del tardofranquismo ocupan, décadas después, posiciones influyentes en: judicatura, política, empresa pública, cuerpos policiales, universidad, medios de comunicación. No se trata de denunciar vínculos individuales, sino de mostrar la conexión estructural entre poder económico, capital social y capital institucional acumulado por esas familias. La continuidad generacional refuerza lógicas conservadoras, dificulta cambios profundos y consolida un sesgo hacia posiciones ideológicas que, históricamente, se alinearon con la derecha.

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Edificio de “Las Salesas”, sede del TOP, en Madrid.

7.   ¿Democracia sin ruptura?, la gran pregunta histórica, la Transición española se define a menudo como “modélica”. Pero ninguna democracia plena puede construirse sin atender al legado del régimen anterior. La democracia española nació sin depuración, sin justicia transicional, sin responsabilidades penales por la represión, sin revisión de la estructura del Estado y con una continuidad profunda de las élites.

La historia reciente nos muestra que las instituciones no son neutrales: arrastran la memoria, los hábitos, los valores y los intereses de quienes las componen.

Que muchos de los jueces del TOP ocupasen los primeros escalones de la justicia democrática es más que un dato histórico: es un símbolo. Simboliza que la transición institucional fue, en gran medida, un proceso de fingida adaptación del franquismo al pluralismo político, más que una ruptura con él.

8.   En conclusión: una democracia con raíces franquistas. La documentación oficial —el BOE de enero a marzo de 1977— demuestra que la mayoría de los magistrados del Tribunal de Orden Público fueron recolocados en la Audiencia Nacional o en otros órganos clave del sistema judicial democrático. Ese hecho, sumado a la continuidad casi total de jueces, fiscales, funcionarios, policías, militares y técnicos formados durante la dictadura, obliga a una reflexión profunda.

Bibliografía referida:

1.   Mirta Núñez Díaz-Balart – El Tribunal de Orden Público (1963-1977), Editorial Planeta, 2003. Obra de referencia. Examina con detalle la estructura, funcionamiento, naturaleza represiva y evolución del TOP. Analiza expedientes, perfiles de jueces y casos emblemáticos. Imprescindible para contextualizar el papel político del tribunal y sus vínculos con la Brigada Político-Social.

2.   Gutmaro Gómez Bravo – Geografía de la represión franquista, Catarata, 2017. Estudio sobre la maquinaria represiva en el franquismo tardío. Incluye un capítulo dedicado al sistema judicial y al papel del TOP en el marco de estructuras más amplias. Muy útil para la comprensión sociológica del aparato represivo.

3.   Carlos García-Valdés – La justicia del franquismo, Tecnos, 1980. Obra pionera en la transición democrática. Analiza cómo funcionaba la justicia penal y militar en el franquismo y cómo gran parte de sus operadores continuaron en puestos clave durante la democracia. Su visión es especialmente interesante porque está escrita “al calor de los hechos”.

4.   Sofia Rodríguez – La Transición de los jueces: Poder Judicial y cambio político en España (tesis doctoral, UAM, 2018). Un trabajo académico exhaustivo sobre el comportamiento corporativo del Poder Judicial durante la Transición y el enorme peso de los magistrados formados bajo el franquismo. Usa fuentes internas del Consejo General del Poder Judicial y es especialmente valiosa para comprender la lógica de continuidad.

5.   Javier García Fernández – El Estado Franquista, Tecnos, 1992. Analiza la estructura administrativa y la formación de las élites durante el franquismo. Permite entender cómo el funcionariado, la judicatura y los altos cargos consolidaron redes internas que sobrevivieron después de 1975.

6.   Alberto Reig Tapia – La cultura política del franquismo y la Transición, en Historia Contemporánea, nº 20, 2000. Excelente para comprender la persistencia de mentalidades conservadoras y la continuidad ideológica de sectores de la administración pública y judicial.

7.   Paul Preston – El final de la guerra civil y los orígenes del franquismo, Random House, 2011. Aunque centrado en otra etapa, Preston explica cómo el régimen consolidó un aparato estatal totalitario cuya longevidad estructural llegaría hasta la democracia. Su concepto de “régimen absorbente” es útil para entender la continuidad.

8.   Josep Fontana – Por el bien del Imperio, Pasado & Presente, 2011. Más amplio en temática, pero incluye análisis sobre cómo las transiciones políticas pueden conservar las élites previas e impedir verdaderos procesos de ruptura. Muy útil para comparar España con otras transiciones europeas.

9.   Martín Pallín, José Antonio – Diversos artículos en prensa y revistas jurídicas (2000–2022). El magistrado emérito del Supremo ha explicado repetidamente cómo la judicatura española vivió la Transición sin depuración, y cómo la cultura legal franquista permaneció incrustada en el poder judicial durante décadas.

10.  Julián Casanova – La historia social y política del franquismo, Crítica, 2022. Estudio actualizado que incluye un análisis de la institucionalidad franquista y de cómo su marco legal continuó operando implícitamente durante la democracia.