José Ignacio García pide amparo al Parlamento, que encarga un informe
La Fiscalía Superior de Andalucía interpone una querella contra el portavoz parlamentario de Adelante por criticar una actuación policial y el racismo institucional
El escrito fiscal, firmado por Ana Tárrago y Rogelio Muñoz Oya, denuncia las manifestaciones de José Ignacio García acerca de la actuación de la Policía Local de Sevilla en la persecución de un vendedor ambulante senegalés, quien el 2 de enero falleció ahogado en el río Guadalquivir cuando huía de los agentes.
F.J. Olmo/EP archivo
El portavoz del Grupo Mixto-AdelanteAndalucía. En segundo plano, el presidente del Parlamento.
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"Se me esta acusando de un delito simplemente por opinar", critica el parlamentario Juan Ignacio García
La Fiscalía Superior de Andalucía ha interpuesto una querella, por un delito de injurias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), contra el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, José Ignacio García. El escrito fiscal, de 17 páginas, está rubricado conjuntamente por la fiscal superior, Ana María Tárrago, y el teniente fiscal, José Rogelio Muñoz Oya.
José Ignacio García ha pedido formalmente amparo al presidente del Parlamento
José Ignacio García ha pedido formalmente amparo al presidente del Parlamento, según informa Europa Press. Adelante ha recordado que esa imputación descansa por las declaraciones que hizo José Ignacio García el 2 de enero de este año por la muerte del mantero senegalés Mahmoud Bakhum y exigió la apertura de una investigación después de criticar la actuación policial y el racismo institucional.
La formación ha remarcado que esas declaraciones de su portavoz se produjeron en el ejercicio de sus funciones como parlamentario autonómico, así de portavoz de este partido.
Ha invocado el amparo del presidente de la Cámara autonómica al sostener que tanto el Reglamento del Parlamento, del que ha recordado que tiene carácter de ley, como el propio Estatuto de Autonomía de Andalucía "obligan al presidente a amparar a todos los diputados cuando determinadas situaciones interfieran en el ejercicio de las funciones como diputado del Parlamento y eso está pasando".
Adelante ha señalado que el presidente del Parlamento ha mostrado toda su disponibilidad para mantener una reunión y que será una situación que se aborde con el conjunto de los grupos parlamentarios con el argumento de que se trata de "un ataque a todos".
Ha remarcado Adelante que "sería la primera vez en la historia del Parlamento y de todo el Estado que le imputan un delito a un diputado por dar su opinión, "un precedente muy peligroso", en palabras del propio José Ignacio García.
"Esto forma parte de una ola autoritaria de pérdida de derechos que costaron mucho trabajo conquistar", denuncia el parlamentario
"Se me esta acusando de un delito simplemente por opinar, algo que forma parte del ejercicio de mis funciones como diputado del Parlamento; yo tengo la obligación, no solo el derecho, de valorar la actualidad, lo que está pasando en el mundo en Andalucía para así después legislar y poder llevar a cabo las actuaciones dentro del Parlamento de Andalucía", ha expresado el portavoz.
Ha considerado García que esta imputación es una forma de delimitar el ejercicio de las funciones de un diputado y supondría un mal precedente que el sistema judicial pretenda limitar las funciones del poder legislativo.
Adelante Andalucía ha sostenido que hay un intento de "adulterar el mandato que los andaluces y andaluzas en las urnas" y se han mostrado preocupados por este precedente al esgrimir que "mañana podrían llegar Abogados Cristianos o Manos Limpias y encausar a cualquier diputado simplemente por opinar".
"Esto forma parte de una ola autoritaria de pérdida de derechos que costaron mucho trabajo conquistar", ha continuado argumentando en ese sentido.
La Fiscalía argumenta que la "libertad de expresión no ampara el hipotético derecho al insulto"
En el escrito de la Fiscalía Superior, que sitúa en las Diligencias de Investigación Preprocesales nº5/2025, sostiene que el hecho de que José Ignacio García hablara de "racismo institucional, de violencia policial y de represión" y que todo se reducía a "34 camisetas es lo que tenía Mamouth, un chaval senegalés mantero, trabajador aquí en Sevilla, para que le persiguiera la Policía Local hasta la muerte", suponen expresiones que "analizadas objetivamente tienen la envergadura suficientemente ofensivas para comprometer la dignidad y el prestigio de un Cuerpo de Seguridad del Estado, llamado a desempeñar un relevante papel en la salvaguarda de los derechos fundamentales y las libertades públicas".
"La libertad de expresión no ampara un hipotético derecho al insulto, como hemos dicho y el discurso del exceso verbal punible no entra en la pretendida libertad de expresión, sino que entra en lo que podía denominarse como como libertinaje de expresión, que sí reúne los requisitos del tipo penal del artículo 504.2 del Código Penal y, por consiguiente, son constitutivos del delito mencionado".
Con esta argumentación la Fiscalía Superior de Andalucía acuerda "el archivo de las presentes diligencias de investigación penal, conforme al artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) e interponer querella en los términos indicados".
En el escrito de la Fiscalía Superior, que sitúa en las Diligencias de Investigación Preprocesales nº5/2025, sostiene que el hecho de que José Ignacio García hablara de "racismo institucional, de violencia policial y de represión" y que todo se reducía a "34 camisetas es lo que tenía Mamouth, un chaval senegalés mantero, trabajador aquí en Sevilla, para que le persiguiera la Policía Local hasta la muerte", suponen expresiones que "analizadas objetivamente tienen la envergadura suficientemente ofensivas para comprometer la dignidad y el prestigio de un Cuerpo de Seguridad del Estado, llamado a desempeñar un relevante papel en la salvaguarda de los derechos fundamentales y las libertades públicas".
"La libertad de expresión no ampara un hipotético derecho al insulto, como hemos dicho y el discurso del exceso verbal punible no entra en la pretendida libertad de expresión, sino que entra en lo que podía denominarse como como libertinaje de expresión, que sí reúne los requisitos del tipo penal del artículo 504.2 del Código Penal y, por consiguiente, son constitutivos del delito mencionado".
Con esta argumentación la Fiscalía Superior de Andalucía acuerda "el archivo de las presentes diligencias de investigación penal, conforme al artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) e interponer querella en los términos indicados".
El Parlamento encarga a sus servicios jurídicos un informe
La Mesa del Parlamento de Andalucía ha encargado a sus servicios jurídicos la redacción de un informe para determinar el alcance de la inviolabilidad de los diputados por las opiniones manifestadas en el ejercicio de su cargo.
La decisión que responde a la petición de amparo planteada por el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, con quien se reunió después de la querella por injurias de la Fiscalía Superior de Andalucía por sus manifestaciones acerca de la actuación de la Policía Local de Sevilla en la persecución de un vendedor ambulante senegalés, quien el 2 de enero falleció ahogado en el río Guadalquivir cuando huía de los agentes.
Fuentes parlamentarias han precisado que ese informe de los letrados carece de plazo de elaboración y según las fuentes consultadas hay discrepancias en cuanto a su alcance.
Desde Adelante Andalucía apuntan que el trabajo de los letrados de la Asamblea autonómica abordará un triple contenido, que sería la investigación de la entrada de los policías en el Parlamento para la citación a José Ignacio García, un estudio comparado del amparo en otros parlamentos y el alcance de la inviolabilidad conforme al artículo 12 del Reglamento
Fuentes de Adelante Andalucía han apuntado que el trabajo de los letrados de la Asamblea autonómica abordará un triple contenido, que sería la investigación de la entrada de los policías en el Parlamento para la citación a José Ignacio García, un estudio comparado del amparo en otros parlamentos y el alcance de la inviolabilidad conforme al artículo 12 del Reglamento.
Otras fuentes parlamentarias han matizado ese contenido y han apuntado sobre la presencia de los policías en el Parlamento que fue el propio portavoz del Grupo Mixto-Adelante el que señaló el Parlamento como lugar de entrega de la notificación por ser su centro de trabajo.
El Reglamento del Parlamento señala que "el presidente o presidenta del Parlamento, una vez conocida la detención de un diputado o diputada, o cualquier otra actuación judicial o gubernativa que pudiera obstaculizar el ejercicio de su función parlamentaria, adoptará de inmediato cuantas medidas estime convenientes, en orden a salvaguardar los derechos y prerrogativas de la Cámara y de sus miembros".
El Estatuto de Autonomía declara en su artículo 100.2 que "el Parlamento de Andalucía es inviolable" y en el 101.3 asegura que "los diputados gozarán, aun después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo".
Continúa indicando sobre el alcance de esa protección que "durante su mandato no podrán ser detenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio de Andalucía, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía", así como que "fuera de dicho territorio, la responsabilidad penal será exigible, en los mismos términos, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo".
