'Granada no es ciudad para currantes'
La escalada imparable del precio de la vivienda en Granada, séptima capital española donde más se ha encarecido en el último año, no es una anécdota estadística: es el síntoma de una enfermedad estructural del mercado y de nuestra sociedad. Según el último informe inmobiliario, el precio medio del metro cuadrado en la ciudad se ha disparado en 2025 alrededor de un 14,1% interanual, situándose en unos 2 167 euros el metro cuadrado en la provincia un valor que se aproxima incluso a los 2 910 en la capital.
Esta subida sitúa a Granada en el top siete nacional de capitales con mayor incremento, sólo detrás de gigantes urbanos como Madrid, Valencia, Palma de Mallorca o Alicante
Esta subida sitúa a Granada en el top siete nacional de capitales con mayor incremento, sólo detrás de gigantes urbanos como Madrid, Valencia, Palma de Mallorca o Alicante. Un dato que debería poner los pelos de punta incluso a los tiburones del sector: en un contexto de renta salarial estancada o moderadamente creciente, estos incrementos no son sostenibles, son depredadores. Los propietarios y fondos de inversión están viendo cómo sus activos se revalorizan de forma casi automática mientras que el poder adquisitivo de los hogares no da para más. Esto no es normal, es un atraco silencioso a la clase media y baja.
Porque la otra cara del espejo es dolorosa: el mercado de trabajo granadino no acompaña esta fiebre inmobiliaria. Aunque los salarios han crecido en la última década, lo han hecho de forma mucho más lenta que los precios de la vivienda. En los últimos años, el incremento de los sueldos ha sido mínimo frente a la subida de los alquileres y las compraventas. En cifras agregadas, mientras que el precio del alquiler subió en torno a un 14% en un año, los salarios ofrecidos apenas se movieron un 3 %. Una brecha que no es poca cosa: es una bofetada a las expectativas de vida digna.
Nuestra provincia, con una de las economías menos potentes de España, vive además con un salario medio y rentas disponibles que difícilmente permiten asumir hipotecas cuyo esfuerzo supera el 4% de los ingresos familiares. Una proporción que es ya un umbral de alarma social, ya que por encima del 35 % se considera que un hogar está en riesgo de sufrimiento económico sólo por pagar su vivienda.
Frente a esto, no hay un debate sereno sobre cuánto deben subir los salarios o cómo aumentar la oferta pública de vivienda asequible
Frente a esto, no hay un debate sereno sobre cuánto deben subir los salarios o cómo aumentar la oferta pública de vivienda asequible. En lugar de eso, se ha instalado un discurso irracional de criminalización de pensionistas, jóvenes y clases populares que “no se esfuerzan lo suficiente” o que “bloquean” el acceso a pisos por su modo de vida. Esta narrativa es una falacia diseñada para ocultar al verdadero culpable: un sistema económico que premia la acumulación de activos inmobiliarios como forma de riqueza, mientras castiga con bajos salarios a quienes sostienen el consumo y la economía real.
Los 33 españoles más ricos acumulan una riqueza mayor que la de los 19 millones de “compatriotas” más pobres, casi el 39 % de la población
Este fenómeno tiene ejemplos escandalosos. La desigualdad de riqueza está alcanzando niveles indecentes. Los 33 españoles más ricos acumulan una riqueza mayor que la de los 19 millones de “compatriotas” más pobres, casi el 39 % de la población, según informes recientes. El 1% más rico concentra casi el 24% de toda la riqueza, mientras que la mitad más pobre apenas llega al 6,7%.
Si trasladamos esta realidad al mercado de la vivienda, el resultado es brutal. Los precios suben porque se han convertido en un activo de inversión privilegiado: fondos, grandes propietarios y economías financieras ven en los ladrillos una de las pocas clases de activos con rentabilidad segura en un escenario de tipos relativamente bajos y mercados volátiles. Esto desvía la vivienda de su función social -lugar donde vivir dignamente- a la de producto financiero para la acumulación de capital. Y aquí está la fractura: aquellos con activos ven cómo su patrimonio crece sin trabajar más, mientras los que no tienen apenas no pueden acceder a nada que no sea pagar alquileres prohibitivos o hipotecarse hasta el cuello.
No se trata de demonizar a los caseros individualmente, sino de entender que un mercado desregulado y descompensado, donde los salarios no suben al ritmo de la vida, está fracturando el tejido social
La conclusión es simple y brutal: España está fallando en garantizar un derecho básico como la vivienda digna, y lo está haciendo para beneficiar a una élite económica que no ha demostrado lealtad alguna a la cohesión social. Granada, con su subida de precios y su rigidez salarial, es una radiografía de este drama nacional. No se trata de demonizar a los caseros individualmente, sino de entender que un mercado desregulado y descompensado, donde los salarios no suben al ritmo de la vida, está fracturando el tejido social.
Es urgente un cambio profundo: más vivienda pública asequible, políticas fiscales que desincentiven la acumulación especulativa y un mercado laboral que recompense realmente el trabajo en lugar de la propiedad. Sin esto, la espiral de precios y desigualdad seguirá devorando la dignidad de quienes poco tienen, mientras unos pocos acumulan cada vez más. Porque no es la culpa de los pobres que no lleguen a fin de mes, es la evidencia de un modelo que excluye y empobrece a quienes trabajan.
