Iniciativa legislativa popular para revertir el deterioro de la sanidad pública andaluza y frenar la privatización
La situación de deterioro de la sanidad pública andaluz, y lo que más preocupa al PP, con las elecciones autonómicas previsiblemente a la vuelta del otoño, el malestar extendido entre la ciudadanía ya no es solo el ariete con el que partidos de izquierda y sindicatos golpean al Gobierno de mayoría absoluta de Juan Manuel Moreno. Es ya el segundo problema para los andaluces y andaluzas, según el propio CIS de la Junta, el Centra. Y a tan solo ya de 3,2 puntos, del primero, la falta de trabajo, según el último barómetro de junio pasado.
Tras ello, y constatar que la población de Andalucía tiene, de forma continuada, una esperanza de vida al nacimiento y esperanza de vida libre de discapacidad en la vejez inferior a la media nacional se propuso hace un año trasladar la preocupación por el deterioro la sanidad pública al Parlamento con una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con el fin de blindarla de la progresiva privatización que, denuncian, viene aplicando el PP desde que llegó a la Junta en 2019
Ante el evidente descontento generalizado, con protestas cada vez más numerosas, ante las insoportables listas de espera y los tiempos para ser atendidos, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía (ADSP-A) quiso dar un paso más y pasar a la acción. Primero, con la elaboración del Primer Informe sobre Desigualdades Sociales y Salud de Andalucía (INDESAN), con la colaboración de decenas de expertos en Salud Pública y en Epidemiología Social.
Tras ello, y constatar que la población de Andalucía tiene, de forma continuada, una esperanza de vida al nacimiento y esperanza de vida libre de discapacidad en la vejez inferior a la media nacional se propuso hace un año trasladar la preocupación por el deterioro la sanidad pública al Parlamento con una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con el fin de blindarla de la progresiva privatización que, denuncian, viene aplicando el PP desde que llegó a la Junta en 2019.
Definieron la protesta como "un grito de auxilio ante una situación insostenible" y contra la "estrategia deliberada" de la Junta de Andalucía de "debilitar lo público para justificar la progresiva privatización de la sanidad pública andaluza", señalan.
"Lo que algunos intentan presentar como una crisis estacional es, en realidad, el resultado de una política sanitaria que prioriza intereses privados por encima del bien común, poniendo en riesgo la salud de toda la ciudadanía. Mientras tanto los profesionales, agotados y en mínimos históricos, intentan mantener en pie un sistema cada vez más frágil", han explicado.
Asimismo, las cuatro organizaciones han querido aclarar que "mantienen su compromiso de continuar movilizándose hasta que se cumplan los acuerdos suscritos y se adopten medidas tan urgentes como el aumento de plantilla con empleo estable, reducción de listas de espera y el blindaje del sistema sanitario público andaluz frente a la privatización".
Por su parte, portavoces de Marea Blanca han declarado que se trata de una Iniciativa Legislativa Popular "para que no mienta la Administración autonómica más, para que no diga cosas que no son reales", además de que "planteamos soluciones y alternativas reales a la problemática de la sanidad andaluza".
A su vez, han "animado a la gente de que no nos rindamos. No nos van a robar el sistema que tanto tiempo nos costó". De este modo, ha sostenido que espera que "los profesionales se rebelen". "Me gustaría que se rebelaran. Están acabando con ellos. Si yo soy oncólogo y le doy seis meses a una persona para que se haga un TAC, me están matando a mí como profesional", relataba uno de los portavoces de Marea Blanca.
Titulada Proposición de Ley de recuperación de los niveles de calidad del sistema sanitario público en Andalucía, la necesidad de cambiar el rumbo de deterioro actual de la sanidad pública, mediante la modificación de algunos artículos de la Ley 2/1998 de Salud de Andalucía
Titulada Proposición de Ley de recuperación de los niveles de calidad del sistema sanitario público en Andalucía, la necesidad de cambiar el rumbo de deterioro actual de la sanidad pública, mediante la modificación de algunos artículos de la Ley 2/1998 de Salud de Andalucía, para regular aspectos fundamentales como la universalización de la sanidad pública andaluza y la generación de un sistema de conocimiento y control eficaz de la ciudadanía sobre las decisiones de la Administración en todo lo que afecte a la sanidad pública.
Y, sobre todo, blindar la sanidad pública andaluza con la garantía de una financiación adecuada de la actividad de los centros de salud y los hospitales públicos, y regular y limitar el papel excepcional, subsidiario y temporal de la concertación con el sector privado.
“Adelgazamiento progresivo del sector sanitario público y un crecimiento continuo del privado”
En la exposición de motivos, la Proposición de Ley sostiene que, desde el año 2019 “el deterioro de la Sanidad Pública se ha hecho más intenso aún. El modelo de gestión que desde esa fecha se ha intensificado es el llamado de colaboración sanitaria público-privada, que, en la práctica, está resultando en un adelgazamiento progresivo del sector sanitario público y un crecimiento continuo del privado. Es conocido que el deterioro de la Sanidad Pública es un requisito previo imprescindible para plantear la privatización de la misma. Sea o no sea ése el objetivo, ésta es la realidad actual”.
Una de las protestas por la sanidad pública en Granada. IndeGranada.
“Las decisiones privatizadoras se acumulan en este periodo. Se deroga el complemento de exclusividad que percibían aquellos profesionales médicos que trabajaban sólo en la Sanidad Pública, incluyendo los cargos sanitarios intermedios, a los que, además, se les elimina la incompatibilidad pública/privada"
“Las decisiones privatizadoras se acumulan en este periodo. Se deroga el complemento de exclusividad que percibían aquellos profesionales médicos que trabajaban sólo en la Sanidad Pública, incluyendo los cargos sanitarios intermedios, a los que, además, se les elimina la incompatibilidad pública/privada. Se emplea de forma creciente la derivación de fondos de los presupuestos sanitarios andaluces para aumentar los conciertos con las clínicas privadas y, también, los pagos a otros agentes del sector privado, mediante la supresión de los sistemas de control del gasto (subasta de medicamentos, etc.). Así, se aumentan la desviación de pacientes a los centros con ánimo de lucro tanto para intervenciones quirúrgicas como para exploraciones complementarias diagnósticas”.
“Se consideran a dichas clínicas como hospitales públicos de referencia, sin auditar de forma suficiente sus niveles de calidad. Y todo ello se hace sin que los recursos sanitarios públicos propios estén en su máximo rendimiento, con lo que se está incumpliendo la Ley General de Sanidad, que establece el uso en toda su potencia de los centros públicos, antes de acudir a otros medios (artículos 90.1 y 90,2)”.
“Todas las decisiones descritas han determinado el profundo deterioro actual. La Atención Primaria ha dejado de ser accesible (demora media de cita entre 10-14 días)"
“Todas las decisiones descritas han determinado el profundo deterioro actual. La Atención Primaria ha dejado de ser accesible (demora media de cita entre 10-14 días), se ha perdido la longitudinalidad asistencial (es decir, una persona debe ser atendida de forma estable por el mismo equipo médico), y se han eliminado sus funciones de promoción de la salud de la comunidad y prevención de sus enfermedades. Estas actividades asistenciales de la Atención Primaria son cruciales ya que se ha demostrado que, por sí solas, son capaces de disminuir la mortalidad de la población en un 30%”.
"Asimismo, las listas de espera sanitarias, tanto las diagnósticas como las quirúrgicas se han visto incrementadas de forma escandalosa"
“Asimismo, las listas de espera sanitarias, tanto las diagnósticas como las quirúrgicas se han visto incrementadas de forma escandalosa. Esto ha dado lugar a que los tiempos de espera actuales hayan aumentado, en muchos casos por encima de los plazos máximos marcados por los decretos reguladores, lo que establece una ilegalidad flagrante y duradera. Aunque esta realidad se ha tratado de ocultar durante los últimos años (2021-2023), al final, han terminado conociéndose. Actualmente el 12,5% de la población andaluza está en alguna de esas listas. Además, hay muchos pacientes que están “esperando” sin estar en las listas (las agendas están cerradas, etc.). La situación en las áreas rurales es de abandono completo en muchas comarcas”.
“Después de varios años siguiendo esta política de derivaciones asistenciales y de recursos económicos al sector privado, la situación sanitaria en Andalucía no solo no ha mejorado, sino que está empeorando. En este sentido, hay evidencias que indican que, si se emplearan los fondos públicos derivados al sector privado en los Centros Públicos, el deterioro actual se paliaría sustancialmente”
“Después de varios años siguiendo esta política de derivaciones asistenciales y de recursos económicos al sector privado, la situación sanitaria en Andalucía no solo no ha mejorado, sino que está empeorando. En este sentido, hay evidencias que indican que, si se emplearan los fondos públicos derivados al sector privado en los Centros Públicos, el deterioro actual se paliaría sustancialmente”.
“No sólo existe un sufrimiento insoportable de una parte importante de la población andaluza, que está en espera de ser atendida, sino que sus vidas pueden estar en peligro si no se conoce a tiempo el diagnóstico de sus padecimientos. De hecho, existen evidencias científicas que permiten anticipar que los efectos nocivos de esta situación pueden provocar aumentos de la mortalidad tratable de la población andaluza”.
“En ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta, mediante concierto, convenio o cualquier otra fórmula”
Entre las 25 modificaciones que plantea a la vigente Ley de Salud de Andalucía, propone una nueva redacción del artículo 44, para expresar que “el modelo organizativo en el ámbito del Sistema Nacional de Salud consistirá en la titularidad pública y la gestión pública directa de los servicios, centros y establecimientos sanitarios”.
"En ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta, mediante concierto, convenio o cualquier otra fórmula, los servicios, centros y establecimientos sanitarios que se creen o se estén gestionando de forma directa en el marco del Sistema Nacional de Salud"
Y en su punto 2 subrayar: “En ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta, mediante concierto, convenio o cualquier otra fórmula, los servicios, centros y establecimientos sanitarios que se creen o se estén gestionando de forma directa en el marco del Sistema Nacional de Salud”.
En otro punto de este artículo garantiza “la prestación de una atención integral de la salud procurando altos niveles de calidad debidamente evaluados y controlados”.
En otro artículo (52) la modificación obliga al Gobierno andaluz a que “la red de atención primaria tendrá un dimensionamiento de personal suficiente para garantizar la asistencia sanitaria a demanda en un plazo no superior a 48 horas y en la atención programada se respete el criterio facultativo que lo designa”.
De igual forma, en la reforma del artículo 54, sobre atención especializada: “El Hospital dimensionará todos sus servicios como los recursos humanos encaminados para asegurar una atención sanitaria hospitalaria con una lista de espera inferior a 30 días para consultas, tanto primeras como sucesivas y para intervenciones quirúrgicas inferior a 60 días”.
El presidente de la Junta con la consejera y la alcaldesa en una visita al hospital del PTS. Junta de Andalucia.
En la modificación del artículo 73, reitera: “La Administración sanitaria asegurará la existencia de suficientes recursos sanitarios de cada nivel asistencial, humanos y materiales, previendo las necesidades especiales en situaciones de emergencia”.
"La Administración sanitaria asegurará la existencia de suficientes recursos sanitarios de cada nivel asistencial, humanos y materiales, previendo las necesidades especiales en situaciones de emergencia”
Y sitúa una excepción a los conciertos privados (73.2): “Los centros sanitarios de gestión directa del Sistema Nacional de Salud solo podrán establecer conciertos privados en supuestos excepcionales de necesidad, para circunstancias urgentes y sobrevenidas, y previo informe razonado y público de los consejos de salud correspondientes, informes que serán públicos y preceptivos, pero no vinculantes”.
En la reforma del artículo 74 abunda en lo anterior: “Los convenios y conciertos sanitarios en vigor actualmente se mantendrán activos, pero la Consejería de Salud deberá ir planificando el necesario aumento de centros y recurso públicos para que, en un plazo no superior a 5 años, los conciertos se adapten a lo estipulado en el artículo 73 apartado 2”.
"El régimen de concierto será incompatible con la percepción de subvenciones destinadas a la financiación de las actividades o servicios que hayan sido objeto del concierto”
“La suscripción de convenios y conciertos con entidades, empresas o profesionales para la prestación de servicios sanitarios se realizará siempre según lo previsto en el artículo 73.2 y teniendo en cuenta los principios de necesidades de atención en cada momento, urgencia de la misma, limitación temporal a la duración de la contingencia sobrevenida, así como al cumplimiento de las condiciones determinantes de la autorización sanitaria, y de cuantas disposiciones y normas afecten a las actividades conveniadas o concertadas, y las obligaciones especialmente previstas en contratación de los servicios sanitarios. La previa autorización sanitaria incluirá también las operaciones de homologación y acreditación. En igualdad de condiciones de eficacia, eficiencia y calidad, las entidades sin ánimo de lucro tendrán consideración preferente para la suscripción de convenios y conciertos”.
Y en la reforma del 76 especifica: “El régimen de concierto será incompatible con la percepción de subvenciones destinadas a la financiación de las actividades o servicios que hayan sido objeto del concierto”. Para añadir en otro punto: “La consejería de Salud adoptará las medidas necesarias para auditar, la calidad asistencial, la equidad en el acceso y el coste económico de los servicios y centros financiados con dinero público y sometidos a gestión privada, incluyendo los servicios considerados no sanitarios”.
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