El interventor municipal y la exsecretaria general del Ayuntamiento de Granada han declarado este martes que no intervinieron de ningún modo en la tramitación de los expedientes que se investigan en el llamado 'caso Serrallo' ni tienen "ninguna responsabilidad" al respecto, en tanto que es un asunto que "escapa a sus competencias" y en el que se limitaron a ejercer "fielmente sus funciones" sin incurrir en ilegalidad alguna.

 

Ambos estaban citados a declarar este martes ante el Juzgado de Instrucción 2 de Granada en calidad de investigados en el marco de la investigación abierta por la construcción supuestamente irregular de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona verde junto al Centro Comercial Serrallo Plaza.

 

Junto a ellos están siendo citados a declarar los concejales del PP que en julio de 2012 integraban la Junta de Gobierno Local en la que se produjo una votación por unanimidad en relación con los horarios y usos complementarios del Serrallo, al entender la jueza que su actuación puede ser constitutiva de un delito de prevaricación al que ahora se ha sumado otro de fraude en la contratación a petición de la Fiscalía.

 

El interventor municipal, Francisco de Paula Aguilera, ha señalado a los periodistas que se le ha llamado a declarar por su asistencia a una Junta de Gobierno Local en un asunto que no es de su competencia; puesto que se trata, ha dicho, "del establecimiento de los usos y horarios de un parque infantil", lo cual "no tiene nada que ver con la intervención municipal", puesto que "de hecho no tiene ni tan siquiera contenido económico alguno".

 

Su letrado, José Antonio Rodríguez Hervás, ha sostenido que su cliente "no tiene ningún tipo de responsabilidad en este procedimiento" y ha cumplido "su función perfectamente como interventor". Se ha mostrado convencido de que "si todos conocieran" las funciones inherentes a este cargo "no tendría que estar declarando hoy" porque los asuntos que se están investigando "se escapan a lo que son sus competencias", por lo que ha confiado en que se archive la causa para él.

 

En una línea similar se ha pronunciado ante la jueza la que fuera secretaria general del Ayuntamiento de Granada, Mercedes López Domech, que también ha dedicado parte de su declaración a poner de manifiesto en qué consiste su función y el papel que jugó en la citada Junta de Gobierno Local.

 

Su abogado, Antonio Illana, ha precisado a los periodistas que actuó como "un órgano de apoyo técnico", pero no como secretaria de la Junta de Gobierno Local, papel que ostenta un concejal. Dentro de su función no estaba por tanto la de hacer informes técnicos ni jurídicos y, de hecho, "no los emitió".

 

Así, se limitó a "leer el enunciado del acuerdo que se iba a adoptar y a decirle a los ediles que los informes necesarios estaban dentro del acuerdo. Ahí terminó su labor", ha agregado Illana, que ha trasladado su "confianza absoluta" en que su patrocinada no realizó "ninguna actuación irregular", tampoco en lo relativo a un posible fraude en la contratación, puesto que "no da opiniones en los plenos, ni tiene posibilidad de votar o de adoptar ningún tipo de acuerdo".

 

El abogado de la concejal del PP María Francés, que también ha declarado este martes, ha señalado por su parte que los informes de los funcionarios públicos están revestidos de la presunción de veracidad "y tiene que haber pruebas manifiestamente poderosas que la desvirtúen".

 

Así, el letrado Mariano Vargas ha argumentado que si un concejal apoya estos informes no realiza "ninguna conducta ilegal", aunque sí podrían incurrir en ella si votaran en contra de un asunto respaldado con informes favorables.

 

Sobre el delito de fraude en la contratación, ha sostenido que estos concejales "no han contratado absolutamente nada con el señor García Arrabal", lo que le hace entender que "es un delito totalmente ajeno" a su conducta.

 

El otro edil que estaba citado este martes para declarar como investigado ha sido Francisco Ledesma, que antes de comparecer se ha mostrado "tranquilo", convencido de la legalidad de su actuación y "dispuesto a colaborar con la Justicia".

 

La ronda de declaraciones de los últimos investigados en la causa se prevé que concluya el próximo 22 de mayo con las comparecencias de los ediles Juan García Montero y Telesfora Ruiz y los exconcejales Juan Antonio Mérida, Isabel Nieto y Vicente Aguilera.