En total hay ocho investigados que están llamados a declarar los días 14 y 15 de julio
Investigado el delegado de Salud de Granada tras la querella de la cárnica en la que se decretó alerta por listeria
La empresa cárnica de Cájar, que tuvo que cesar su actividad, denuncia presunta prevaricación, falsedad en documento público y violación de secretos, entre otros ilícitos.
El delegado de Salud, en una imagen de archivo. junta
El Juzgado de Instrucción 2 de Granada ha citado a declarar al delegado de Salud y Consumo de la Junta en la provincia, Indalecio Sánchez-Montesinos, y otras siete personas tras la querella presentada contra ellos por la empresa cuya cárnica en Cájar, en el cinturón metropolitano, fue objeto de una alerta alimentaria en 2023 por un resultado laboratorial de presencia de listeria monocytogenes.
Así lo han apuntado fuentes consultadas por Europa Press en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que han detallado que hay un total de ocho investigados llamados a declarar los próximos días 14 y 15 de julio en el marco de estas diligencias, de las que informa este martes el diario ABC.
Desde la Junta se ha indicado a Europa Press al respecto que el procedimiento llevado a cabo por la Delegación Territorial de Salud se ha realizado "siempre en el marco de la responsabilidad que tiene respecto a la prevención y protección de la salud pública, es decir, de la protección de los ciudadanos y también de garantía de las empresas".
En este sentido, se ha requerido a la empresa "en numerosas ocasiones que subsanen" diferentes cuestiones y "no lo hacen", han indicado también desde la Junta, que ha mostrado su respeto al proceso en el ámbito judicial.
La Junta resta importancia al hecho de que estén investigados y asegura que se los cita a declarar bajo esta consideración para preservar sus derechos.
Fuentes cercanas al caso han detallado a Europa Press que entre los investigados están también la jefa y un agente de salud pública, tres inspectores y funcionarios que llevaban el procedimiento, todos ellos las personas contra las que se presentó esta querella que va también contra la Junta por su posible responsabilidad civil subsidiaria.
La querella de la empresa, que cesó su actividad tras este episodio, se formulaba por la presunta comisión de ilícitos de prevaricación, falsedad en documento público, infidelidad en la custodia de documentos, violación de secretos, y delito cometido por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales.
También por supuestos ilícitos de denuncia falsa, falso testimonio en causa criminal, coacciones y pertenencia a organización criminal, según han detallado estas mismas fuentes cercanas al caso.
Por otro lado, la Guardia Civil informó en noviembre de 2023 que había abierto diligencias con dos investigados vinculados a esta empresa sobre la que la Consejería de Salud y Consumo, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, emitió la alerta alimentaria y abrió un expediente informativo tras tener conocimiento de la puesta en el mercado de productos que fueron inmovilizados cautelarmente por el citado resultado laboratorial.
Fue a finales de octubre de ese mismo año cuando Salud emitió la alerta alimentaria tras tener conocimiento por el control oficial de los servicios de inspección del Distrito Granada-Metropolitano de la puesta en el mercado de los productos que fueron inmovilizados.
No constaron afectados en relación con esta alerta alimentaria si bien la Junta informó en ese momento en una nota de prensa, los productos habían sido distribuidos en las provincias de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla así como en un establecimiento ubicado en Islas Baleares.
Posteriormente se conoció que la Junta había reforzado los controles en la cárnica, en el marco de esta investigación en la que colaboró la Guardia Civil y conllevó en un primer momento a la limitación de la actividad a tareas de mantenimiento industrial, tras un primer cierre de su actividad al detectarse en algunos de sus productos presencia de listeria monocytogenes.
