Izquierda Unida ha denunciado "la nefasta gestión del gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía en materia de dependencia, generado diferentes puntos sangrantes". Por un lado, "la insuficiente financiación a pesar de haber recibido mayores transferencias del Estado, la Junta no ha actualizado de manera sustancial el precio/hora para los servicios de Ayuda a Domicilio (SAD), que sigue en 16,15 euros, muy por debajo de otras comunidades autónomas". Esta situación "afecta directamente a la calidad del empleo en el sector y a la vida de las personas dependientes, al tiempo que las empresas privadas que gestionan estos servicios no siempre cumplen con las normativas laborales y salariales". Por otro lado, se han externalizado servicios y se ha aumentado el copago, "lo que ha deteriorado no solo el servicio y la economía de los pacientes, sino que también ha supuesto pérdida de empleo y precariedad".

A juicio de IU, aunque la Ley de Dependencia, aprobada en 2006, supuso "un avance histórico" en la atención a personas que carecen de autonomía física, sensorial o mental, su desarrollo y su impacto real en la sociedad sigue siendo "insuficiente"

IU ha vuelto a poner el foco sobre las políticas de cuidados, señalándolas como "el pilar fundamental de nuestra sociedad". Aunque la Ley de Dependencia, aprobada en 2006, supuso "un avance histórico" en la atención a personas que carecen de autonomía física, sensorial o mental, su desarrollo y su impacto real en la sociedad sigue siendo "insuficiente". IU ha señalado que los recortes realizados tras la crisis financiera de 2008"frenaron el avance de esta ley", especialmente en Andalucía, donde se perdieron 730 millones de euros, "un recorte ejecutado bajo la dirección del hoy presidente de la Junta, Moreno Bonilla". Entre las medidas tomadas en esa época, que siguen hoy vigentes, ha recordado la formación, destacan "la reducción de las horas de ayuda a domicilio y el recorte de un 15% en las prestaciones económicas para cuidadoras familiares".

Según datos del Ministerio de Derechos Sociales, más de 30.000 personas están en lista de espera para ser valoradas en la comunidad y otras 25.000, ya con la dependencia reconocida, aún esperan la aprobación de su Plan Individual de Atención (PIA).

Los asuntos "más graves" que atraviesa Granada en esta materia son listas de espera que incumplen la ley (más de 8.722 personas están en lista de espera), el tiempo medio de espera es de casi dos años (en 2023 fallecieron en Andalucía 33 personas al día sin haber sido atendidas), "burocracia paralizante" (aumentan los trámites dificultando el acceso de las personas solicitantes al sistema), "trabas" del Gobierno andaluz (la brecha digital y los excesivos trámites paralizan el acceso al sistema), falta de plazas pública (más de 8.700 plazas de residencias y centros de día siguen pendientes de cubrir las necesidades), financiación "insuficiente", altos niveles de copago, falta de personal para asegurar un servicio de calidad, contratos a tiempo parcial y salarios bajos, sobre todo en servicios externalizados, "sobrecarga" de trabajo y exposición a riesgos psicosociales.

En este sentido, IU ha denunciado que el Gobierno de Moreno "no ha tomado medidas suficientes para agilizar los trámites ni para aumentar la plantilla encargada de realizar las valoraciones, lo que ha llevado a que en Andalucía el tiempo medio de espera supere los 600 días, más del triple del máximo legal permitido".

Izquierda Unida Granada ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar en la manifestación convocada este sábado 26 de octubre, desde la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía (La Normal) en defensa de los derechos de las personas dependientes y para exigir "una mejora urgente" del sistema de dependencia en Andalucía y la supresión del proyecto de orden por la que se desarrolla el procedimiento establecido para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

"El deterioro de las condiciones laborales de las trabajadoras del sistema de Ayuda a Domicilio, la falta de personal y la insuficiencia de plazas y recursos son problemas que requieren soluciones inmediatas. Desde IU exigen un aumento del precio/hora para el Servicio de Ayuda a Domicilio hasta los 20€/h, así como medidas para fomentar la gestión directa de los servicios a través de la administración pública, garantizando un empleo digno y de calidad", ha apuntado.

Para Mari Carmen Pérez,  coordinadora provincial, "es inaceptable que este sistema de dependencia actual suponga una barrera al acceso a la prestación, aumentando el copago y priorizando las compensaciones económicas antes que la creación de empleo"

En palabras de Mari Carmen Pérez,  coordinadora provincial, "es inaceptable que este sistema de dependencia actual suponga una barrera al acceso a la prestación, aumentando el copago y priorizando las compensaciones económicas antes que la creación de empleo, solo por maquillar unos datos de listas de espera, sumado a la falta de valoradores y valoradoras (PIA) en Granada y la externalización del servicio, además de no revisar ni un grado desde 2021. Todo esto supone el desamparo a miles de granadinos y granadinas, mientras el gobierno andaluz sigue sin poner los medios necesarios para garantizar una vida digna a las personas dependientes habiendo una dotación suficiente por parte del Gobierno de España. El Partido Popular se permite la osadía de devolver la financiación estatal que ayuda a cumplir la Ley Orgánica de Dependencia que es el cuarto pilar del Estado".