El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, ha indicado que la Junta de Andalucía se personará en el procedimiento judicial de la operación policial Colina Roja II, una pieza separada por supuestas irregularidades en el sistema de contratación de la Alhambra, que tiene su "causa matriz" en el conocido como caso de las audioguías, en el que la administración autonómica ejerce como acusación particular.

La Comisión de Cultura del Parlamento de Andalucía ha acogido este martes un debate agrupado, que ha incluido la comparecencia a petición propia de Miguel Ángel Vázquez a fin de "informar de las actuaciones llevadas por el Gobierno andaluz en relación con el Patronato de la Alhambra y el Generalife en la presente legislatura".

La "ampliación" de la personación de la Junta en la pieza separada por supuestas irregularidades en la gestión de la Alhambra tiene como fin último que "si alguien cometió alguna irregularidad, lo pague", ha aseverado Vázquez. "No somos iguales" a los dirigentes del PP en esta materia, ha señalado en referencia a la sentencia del caso Gürtel. A su vez, ha pedido "sacar" el monumento del "rifirrafe político" y se ha congratulado de una "nueva manera de gestionar que ha dado sus frutos".

Su intervención se produce después de que la operación policial Colina Roja II conllevara a principios de mayo la detención de 26 personas, entre ellas la exdirectora del Patronato de la Alhambra y el Generalife, María del Mar Villafranca; la exsecretaria general del monumento Victoria Chamorro; y el que fuera jefe de la Sección Económica y de Contabilidad del patronato, José María Visedo, por la supuesta adjudicación irregular de contratos que investiga el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada.

El sistema de adjudicación de los contratos de servicios de la Alhambra, que están siendo objeto de investigación judicial, han centrado las preguntas de los grupos del Partido Popular, Ciudadanos y Podemos, que se ha interesado también por la reforma de los estatutos del patronato que gestiona el monumento nazarí de Granada.

Vázquez ha explicado que se están implementando las recomendaciones de la auditoría que realizó la Intervención General de la Junta, y han recuperado servicios para la gestión pública, en la nueva etapa tras la dimisión de la exdirectora María del Mar Villafranca, en el verano de 2015. En cuanto a la reforma de los estatutos, ha agregado Vázquez, se ha anunciado "en tiempo y forma" y va a ser un texto "doblemente participado".

Para el consejero, por otro lado, el sistema de gestión de las entradas "nominativas" frena la reventa y se va "evaluar" partiendo de la base de que, desde su puesta en marcha, a principios de año, el número de visitantes al monumento es "similar" al mismo periodo en 2017. Se ha congratulado de que el Ayuntamiento de Sevilla vaya a estudiar poner en marcha un sistema de estas características en el Real Alcázar.

Intervenciones de los grupos

Sobre los procesos judiciales abiertos que afectan a la gestión de la Alhambra, en el debate, la parlamentaria andaluza del PSOE Olga Manzano ha apuntado a que "no hay absolutamente nada probado" y que "la Junta de Andalucía nunca mira para otro lado".

Por su parte, la parlamentaria del PP Marifrán Carazo ha señalado que la auditoría la solicitó la Junta con un clima de "presión judicial" y también de la ciudadanía. Ha lamentado que las "graves irregularidades" han "perjudicado a los ingresos" del Patronato de la Alhambra y el Generalife, y ha pedido responsabilidades por ello a Vázquez, pues "conforme va aumentando la investigación, aumenta el número de investigados", de contratos, y "delitos que se imputan".

La portavoz de Podemos en la Comisión de Cultura, Lucía Ayala, ha indicado que este tema es un "capítulo de un libro negro que está viviendo Andalucía en la gestión cultural", con "detenciones en masa" relacionadas con la gestión de la Alhambra.

A este respecto, el diputado autonómico de Ciudadanos por Granada, José Antonio Funes, ha lamentado que el monumento se haya visto "salpicado" por las investigaciones judiciales en curso, y ha reconocido que "las medidas que se están adoptando son medidas correctas".

La parlamentaria andaluza y coordinadora provincial de IU en Granada, María del Carmen Pérez, ha indicado, por su parte, que "la Alhambra no puede ser moneda de cambio de la confrontación política", y que es en el patronato que la gestiona "donde deben dirimirse las responsabilidades", a la par que ha hecho alusión a que el monumento "necesita más personal" y menos "externalización de servicios".