El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, ha señalado como una de las asignaturas pendientes, en la apertura del año judicial, "la confianza social" con la que debe contar el ejercicio de la función judicial. Al reflexionar sobre este reto ha lamentado que se "mantienen y recrudecen las patologías", entre ellas "la constante traslación de conflictos políticos al espacio judicial", además de "la grave erosión del ámbito penal, que supone la mayor carga de trabajo judicial". En concreto, ha añadido, "el 50 por ciento del total", junto a "los juicios de opinión en paralelo al proceso judicial y amplificados en redes sociales, lo que supone una frivolidad para la perviviencia del Estado de Derecho". 

Los ataques personales al juez y alusiones al denominado lawfare", es "sin duda reflejo de un discurso político y mediático de un país polarizado". 

Ha citado también "el conjunto de fenómenos que dan lugar a descripciones como la judicialización de la política, cuyo corolario lógico es la politización de la justicia", además del "constante etiquetado del juez, sugiriendo que actúa en función de preferencias políticas o ideológicas en asuntos de cierta trascendencia para el debate político" y, "en fin -ha añadido- los ataques personales al juez y alusiones al denominado lawfare", que en su opinión es, "sin duda reflejo de un discurso político y mediático de un país polarizado". 

Todo esto tiene, según el presidente del TSJA, un "coste" para la "credibilidad y confianza en la justicia", lo que a su juicio hace "aún más incomprensibles e injustificdas declaraciones públicas de responsables institucionales con amplia repercusión mediática, claramente impropias deun Estado de Derecho avanzado, en el que rige no solo el principio de separación de poderes, sino también el de respeto mutuo". En este punto ha citado las declaraciones de la presidenta del Supremo y del CGPJ, señalando que son "aceptables y legítimos el desacuerdo y la crítica", pero no "desacreditar al poder judicial". 

Para Lorenzo del Río, una de las "consecuencias negativas de las descalificaciones que vienen de fuera y tienen finalidad política es, precisamente, el retraimiento de la necesaria autocrítica". "No lo hacemos todo bien, claro que no, pero descalificaciones injustas nos colocan a la defensiva e impiden el sano ejercicio de la autocrítica".

"Considero imprescindible que nos dediquemos a construir, a hacer gala de moderación institucional, cada cual en su ámbito cotidiano de responsabilidad"

Y en el nuevo año judicial, ha confiado en que se supere esta situación difícil y se pueda alcanzar un "equilibrio" en los pronunciamientos públicos, así como el "respeto institucional imprescindible" para el funcionamiento "regular" de las instituciones. "Considero imprescindible que nos dediquemos a construir, a hacer gala de moderación institucional, cada cual en su ámbito cotidiano de responsabilidad".

Ha lanzado dos compromisos "ineludibles", el primero de ellos "no bajar la guardia" en cuanto a la función constitucional, "evitando que el proceso sea utilizado para fines distintos o alejados de la estricta aplicación de las leyes y razonable administación de justicia", y el segundo, un aspecto "esencial": "humanizar la justicia".

En su discurso ha lamentado que "un año más" persista la coincidencia en el diagnóstico general: "una justicia colapsada y lenta, que atraviesa una grave crisis de confianza". 

Sobre los grandes retos de este nuevo curso, Lorenzo del Río se ha referido a la reorganización de las estructuras judiciales motivada por la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, afirmando que "estamos inmersos en una de las transformaciones más profundas de las últimas décadas".

Y en este sentido, ha llamado a las instituciones y profesionales a "estar a la altura de lo que supone este reto transformador", mostrándose convencido de que "lo peor que puede suceder es que haya un cambio sólo cosmético y no se asuma la nueva forma de entender la oficina judicial" y ha apostado por que sea una "transformación relevante que de verdad avance en modernización de una justicia más eficiente".

Para el presidente del TSJA, también impactarán este año judicial los Medios Alternativos de Solución de Conflictos. En un país donde el colapso de los Juzgados "es ya un problema crónico", Lorenzo del Río ha celebrado las herramientas que permitan resolver conflictos sin llegar a juicio y aboga por que estos medios alternativos sean "simples, comprensibles y uniformes en todo el territorio".

Junto a estos aspectos, ha reconocido Lorenzo del Río su preocupación con que se mantenga "la crisis del poder judicial y la falta de consenso político". Lamenta que "la división entre los partidos se sigue trasladando al ámbito de la justicia y dificulta la perspectiva de acuerdo para aprobar legislativamente reformas todavía pendientes en materia de justicia, que permitan su modernización y ejecución sin excesivas demoras".

"Se trata de una reforma estructural de gran calado, casi la mayor después de 40 años, que afecta a múltiples aspectos de las carreras judicial y fiscal", ha advertido, matizando que "no es solo la forma y urgencia la que suscita inquietud, también el fondo de las reformas", señalando aspectos como la sustitución de la oposición tradicional por fórmulas más discrecionales de acceso.

Así, y aunque se ha mostrado consciente de que se necesitan más jueces, recalca que ese objetivo no puede conseguirse "con detrimento de la calidad de la formación que exige la función jurisdiccional", ha agregado.

La fiscal pide confianza en el trabajo del Ministerio Público

Por su parte, la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha expuesto por su parte que en estos momentos "impera" dotar a la Justicia de las herramientas necesarias de modernización en el ámbito organizativo, procesal y tecnológico y reforzarla de una mayor autonomía funcional y organizativa.

Los controles y medidas de transparencia de los poderes del Estado no están siendo suficientes y evidencia las "deficiencias de control en la lucha contra la corrupción"

Durante su intervención se ha referido también a los casos de corrupción que "continúan mermando la confianza de la ciudadanía en las instituciones y acaba debilitando nuestra democracia", ha dicho. Según ha indicado, los controles y medidas de transparencia de los poderes del Estado no están siendo suficientes y evidencia las "deficiencias de control en la lucha contra la corrupción".

"Ante los últimos casos conocidos, que han alcanzado a las altas instituciones del Gobierno es necesario alcanzar un pacto de Estado para reforzar su vigilancia", ha sostenido.

Se ha vuelto a referir la reivindicación de los fiscales de dirigir la instrucción. "Los fiscales estamos preparados y cualificados para dirigir la  instrucción  y considero necesario abrir y mantener cauces de diálogo institucional para consensuar este nuevo marco estatutario, que refuerce nuestra autonomía frente a presiones externas en esta nueva etapa, aunque admitiendo que atravesamos una situación delicada institucionalmente", ha dicho al respecto.

La fiscal se ha referido también a la "actual crisis institucional", que conlleva "una creciente desconfianza de los ciudadanos hacia las Instituciones que rigen nuestra sociedad y que tienen la importante función de proteger y consolidar nuestro Estado de Derecho, que evidencia que algo no estamos haciendo bien".

La responsabilidad de quienes, en un Estado de Derecho representan a las instituciones democráticas, "radica en la protección y defensa de ese Estado de Derecho en el que ha de imperar el acatamiento de la Ley y de las resoluciones de Jueces y Tribunales, trasladando, así, a la sociedad la seguridad del mantenimiento de una convivencia pacífica y respetuosa, tanto de los principios como de los valores constitucionales", ha reflexionado.

Según ha resaltado, "ese ha de ser el camino para el robustecimiento y la consolidación de nuestra democracia".

Ha agradecido el trabajo, esfuerzo e implicación profesional del equipo de los más de 500 fiscales que coordina, "por su labor e interés en la especialización y formación para ofrecer un servicio público judicial que aspira a la excelencia jurídica y que afronta con profesionalidad los retos venideros en un contexto de continuos cambios y también mi agradecimiento a los funcionarios que integran cada una de las plantillas de las fiscalías territoriales".

Y ha finalizado pidiendo a la ciudadanía que "no pierda la confianza" en los fiscales, "que seguiremos cumpliendo por encima de cualquier dificultad nuestro compromiso de fidelidad a la Constitución y  de sujeción exclusivamente a la Ley".

Al acto han asistido el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, el subdelegado del Gobierno en la provincia, José Antonio Montilla, y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, entre otras autoridades civiles y militares.