Francisco José Martín, coordinador provincial de Ciudadanos en Granada y alcalde de Quéntar, ha asegurado que el diputado de Emergencias y Asistencia a Municipios, Eduardo Martos, debería dimitir de esta responsabilidad en la institución provincial tras conocerse, como ha informado El Independiente de Granada, que la Audiencia Provincial ha rechazado su recurso y se sentará en el banquillo por el voto por correo de 'falsos residentes'.

"Como diputado de Asistencia Municipios nos tiene que asesorar y darnos ejemplo"

"Como diputado de Asistencia Municipios nos tiene que asesorar y darnos ejemplo", ha afirmado el responsable provincial de Cs, formación que ejerce la acusación en este caso. Por ello considera que, respetando la presunción de inocencia, Martos tendría que dimitir de sus responsabilidades en la Diputación Provincial, no solo como alcalde.

En el pleno de Cogollos de Guadix en el que se formalizó la dimisión como alcalde de Martos, el portavoz municipal de Ciudadanos ya advirtió de que "dimitía acechado por la corrupción", como así ha sido, ha añadido Martín, que ha llamado la atención sobre el hecho de que la dimisión como alcalde se formalizara justo cuando apenas dos días antes la Audiencia hubiera rechazado su recurso y negado por tanto el sobreseimiento. 

De este modo, ha añadido Martín, Martos tendrá que sentarse en el banquillo "para defenderse de uno de los delitos más graves, máxime cuando afecta a un proceso electoral, que es la base" de la democracia.

El supuesto fraude que se investiga se descubrió al ir a ejercer su derecho al voto una vecina de localidad y no poder hacerlo, al señalar la mesa electoral que ya había votado por correo, lo que ella negó en rotundo.

La defensa de Martos recurrió el auto de apertura de juicio oral y solicitaba el sobreseimiento -libre o de forma subsidiaria, provisional-. La Audiencia lo rechaza y recuerda que solo en casos extraordinarios, que no es este, se adopta esa decisión.

Entre los argumentos que esgrime la Audiencia para justificar su rechazo al sobreseimiento, pone el énfasis en que, finalizada la fase de instrucción, "el juez ha apreciado indicios racionales de comisión de delito por parte del apelante, sin que deba yugularse el proceso en esta fase a no ser que se detecte un error patente en la decisión adoptada por el Instructor. Y, como en este caso no haya constancia de tal error ni estén conjurados los riesgos a los que hemos hecho referencia, no debe acordarse el sobreseimiento solicitado". 

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