El Senado es una vieja institución que forma parte de la tradición constitucional española. Apareció por primera vez como Estamento de Próceres en el Estatuto Real de 1834, para dar protagonismo político a obispos, arzobispos, Grandes de España, nobles, personas ilustres y grandes propietarios, en el marco de una Constitución perfectamente reaccionaria. Posteriormente, ya con el nombre de Senado, quedó incorporado a las Constituciones del periodo isabelino de 1837 y 1845, a la Constitución de la etapa revolucionaria en 1869 y a la que supuso la restauración de la monarquía alfonsina en 1876, tras los intentos fallidos de constituir en España una República Federal. En definitiva, sólo la Constitución progresista (para su tiempo) de 1812 y la Republicana de 1931 fueron monocamerales.

Recordados estos antecedentes, que conviene evocar frente a aquellos que pretenden reescribir la historia, desde que en la presente Legislatura el Partido Popular obtuvo la mayoría absoluta en la segunda Cámara, el Senado se ha convertido en el vertedero donde dicho partido deposita la basura política que no puede tramitar en el Congreso de los Diputados

Cuando iniciada la Transición Política, en enero de 1977, se aprobó la Ley para la Reforma Política, que supuso el harakiri de las Cortes franquistas, ya se previó que las Cortes se integrarían por un Congreso y un Senado. Los Senadores serían elegidos en representación de las entidades territoriales y el Rey podría designar para cada Legislatura un número de miembros no superior a la quinta parte de los elegidos. Estas serían las Cortes que terminarían por convertirse en constituyentes y aprobarían la Constitución española de 1978. En ella se establecía un Parlamento bicameral compuesto por un Congreso y un Senado, elegidos de manera diferente. La preferencia de un sistema mayoritario para la elección de los Senadores denotó tempranamente la intención del constituyente de que la segunda Cámara jugase un papel amortiguador de los excesos del Congreso de los Diputados. Este último retendría las importantes funciones de investir al presidente del Gobierno y un mayor protagonismo en la iniciativa legislativa y en el control del Ejecutivo (cuestión de confianza, moción de censura, declaración de los estados excepcionales etc.).

El Senado sería competente, en cambio, en las cuestiones atinentes a la organización territorial del Estado, además de la posibilidad de decretar la intervención de aquellas Comunidades Autónomas que no cumpliesen con sus obligaciones constitucionales (art. 155 CE), supervisaría los convenios entre Comunidades Autónomas y suministraría los criterios para la distribución de los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial. Su facultad de veto en materia legislativa era relativa, por cuanto podía ser superada por la decisión final del Congreso, y el control principal del Gobierno estaba residenciado en el Congreso de los Diputados.

Esta teoría constitucional se ha venido practicando con no pocas dificultades, habida cuenta del fracaso del Senado como Cámara de integración territorial. Y ello, a pesar de la incorporación de senadores en representación de las Comunidades Autónomas y de la constitución de grupos parlamentarios territoriales. Necesitado para cumplir tal función de un nuevo y radical diseño en la Constitución, el Partido Popular se ha venido negando a una reforma constitucional que confiriese al Senado el protagonismo en el dialogo territorial entre el Gobierno y los distintos entes descentralizados. El hecho es en sí mismo curioso y hasta paradójico. Los herederos de Alianza Popular, fundada por siete personajes franquistas, habían decretado la sacralizanción de la Constitución y su intangibilidad de cara a cualquier reforma. Aunque, en aras de no falsificar la historia, haya que recordar que cinco de los seis votos en contra que recibió la Constitución en el momento de su aprobación eran de miembros de Alianza Popular y que tres más de ellos se abstuvieron por el tratamiento en la suprema norma de la organización territorial del Estado. Con el transcurso del tiempo, Alianza Popular (luego Partido Popular a partir de 1989) había tirado por la borda el legado del suarismo y se había abrazado al testamento político de Fraga.