El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) deberá resolver en un plazo máximo de tres días en relación a las medidas que le plantee la Junta de Andalucía para frenar la expansión de la Covid-19 cuando afecten a derechos fundamentales, como pueden ser el cierre perimetral de municipios con una alta tasa de incidencia, si bien los magistrados intentarán "acelerar la respuesta judicial" en la medida de lo posible.

En una entrevista con Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ha precisado que hasta el momento la Junta de Andalucía no ha trasladado ninguna petición vinculada al cierre perimetral de municipios, después de que el Gobierno andaluz anunciara el jueves su pretensión de pedir ratificación judicial en este sentido para las localidades con incidencia acumulada a 14 días superior a 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo deberá resolver en un plazo máximo de tres días, según ha precisado Lorenzo del Río, pero los magistrados encargados del asunto "intentarían acelerar la respuesta judicial" lo máximo posible y ha reconocido que "cuanto antes lleguen las peticiones, mejor". Por su parte, el Tribunal Supremo tendrá cinco días para resolver los recursos de las Comunidades Autónomas.

Lamenta que "la gestión política de la pandemia se transfiera al poder judicial" y que "decisiones inequívocamente políticas", como considera que son las que afectan a la ciudadanía para frenar la pandemia, se vayan a "judicializar"

El presidente del TSJA ha lamentado este viernes que "la gestión política de la pandemia se transfiera al poder judicial" y que "decisiones inequívocamente políticas" como son las medidas que afectan a los ciudadanos para poder frenar la expansión del virus se "vayan a judicializar".

Junto a ello ha insistido en que la Ley de Salud Pública generará problemas jurídicos en tanto que está pensada para situaciones muy concretas de personas que han estado enfermas o de quienes han estado en contacto con ellos, de modo que se puedan tomar medidas de prevención y control, pero no está dirigida a gestionar una pandemia o una catástrofe en la que sea necesario afectar de manera intensa los derechos fundamentales de un número indiscriminado de personas, pues eso "solo existe en el decreto de alarma".

Lorenzo del Río ha confirmado, en la línea de lo ya anunciado por la Junta de Andalucía, que cuando decaiga el estado de alarma no habrá paraguas jurídico que permita sostener el cierre perimetral de la comunidad autónoma y no se podrá limitar el número máximo de personas que podrán estar reunidas en sus domicilios, pero sí se podrá regular los aforos y las reuniones en establecimientos y eventos públicos.

Insiste en que "por prudencia institucional y obligación judicial", no puede asesorar al Gobierno andaluz, como pretendía la Junta

Preguntado sobre su negativa expresada hace unos días a consensuar con el Gobierno andaluz las medidas covid, ha insistido en que por "prudencia institucional y obligación judicial" no puede aconsejar sobre asuntos que luego deben ser objeto de revisión judicial y ha descartado que su posicionamiento, que ha sido "entendido" por la Junta de Andalucía, haya generado algún "tipo de fricción".

El presidente del TSJA ha mostrado además su preocupación con el volumen de trabajo al que, a causa de las crisis sanitaria, se van a enfrentar la jurisdicción Social y Mercantil, a lo que ha sumado que existe "un problema de litigiosidad" derivado de una utilización excesiva de la justicia, como a su juicio va a ocurrir con la gestión de la pandemia, donde "decisiones netamente políticamente pasan a los tribunales". Todo ello deriva en un "problema de sobrecarga de trabajo y de tiempo de respuesta que no es el ideal para los ciudadanos", ha lamentado.

Preguntado sobre la renovación pendiente en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha mantenido que este órgano es actualmente "vulnerable a la politización" y esa imagen se transmite al ciudadano, algo que cree que "debería de terminarse", recordando la "obligación de los políticos" de fortalecer instituciones como esta y apostando por que la fórmula a utilizar no sea "un trasvase de aritmética parlamentaria al Consejo".