El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha señalado este jueves que el alto tribunal andaluz analizará de forma individualizada cada una de las medidas que le traslade la Junta de Andalucía frente a la Covid-19 cuando afecten a derechos fundamentales, a fin de determinar si son "proporcionales y están justificadas", pero ha descartado reuniones previas con el Gobierno andaluz para "aconsejar o consensuar" sobre este asunto.

A preguntas de los periodistas durante la presentación de la memoria anual del TSJA, Lorenzo del Río ha indicado que la reunión planteada por la Junta para el próximo lunes para abordar las medidas que la administración autonómica podría adoptar en un escenario sin estado de alarma para luchar contra la pandemia "no se va a producir".

"Por prudencia institucional y por obligación judicial no puedo intervenir en una reunión para consensuar o aconsejar una serie de medidas que luego pueden ser objeto de revisión judicial, estaría mediatizando", ha resumido Lorenzo del Río, que ya ha trasladado su postura al vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, que lo ha "entendido y lo vio totalmente coherente", ha agregado.

El presidente del TSJA ha expuesto en este contexto que será la Administración autonómica quien, en el marco de sus responsabilidades, adopte las medidas que considere convenientes con el apoyo de sus asesores jurídicos y, una vez que han sido estudiadas en el ámbito ejecutivo y político, la autoridad judicial se "limitará a valorarlas" cuando afecte a derechos fundamentales y si se pide aplicarla, pero "en un control a posteriori no de forma previa"

El presidente del TSJA ha expuesto en este contexto que será la Administración autonómica quien, en el marco de sus responsabilidades, adopte las medidas que considere convenientes con el apoyo de sus asesores jurídicos y, una vez que han sido estudiadas en el ámbito ejecutivo y político, la autoridad judicial se "limitará a valorarlas" cuando afecte a derechos fundamentales y si se pide aplicarla, pero "en un control a posteriori no de forma previa".

Lorenzo del Río ha reconocido que cuando decaiga el estado de alarma el próximo 9 de mayo se plantea un escenario "muy complicado" cuando las comunidades autónomas pretendan adoptar medidas que afecten de forma intensa a la libertad de reunión y desplazamiento, especialmente si involucran a un número importante e indiscriminado de ciudadanos, a tenor de la actual legislación sanitaria.

Ha incidido en que el TSJA valorará "caso por caso" para determinar si es una medida proporcional para la finalidad que se plantea atendiendo a la situación sanitaria que haya en cada momento, aunque recordando que hay otros aspectos en los que la Junta sí tiene mayor margen de maniobra y no necesita el respaldo judicial, como las restricciones vinculadas a la actividad económica y comercial.