Hay trabajos que, por muy bien hechos que estén, nunca deberían existir. Es el caso del Informe Anual de Feminicidios y otros asesinatos de mujeres en España 2023 que acaba de publicarse. Este documento constituye una ingente labor de documentación de todos los casos de asesinatos de mujeres registrados en nuestro país durante el pasado ejercicio, tanto en el ámbito de la pareja como en otras circunstancias en las que las mujeres encuentran la muerte de forma de violenta, lo que constituye un feminicidio. Este término obedece a la propuesta de Marcela Lagarde para quien el Estado es el responsable de esa muerte, generalmente por omisión. Y este matiz es el que diferencia esta palabra del femicidio, utilizado por primera vez por Diana Russell en 1976 para nombrar el asesinato de una mujer por el hecho de serlo.

Un total de 103 mujeres engrosaron durante el año 2023 la lista de feminicidios, siendo esta la principal causa de muerte de las féminas. La comunidad autónoma con una mayor cifra de víctimas es Andalucía

El informe, realizado por el Observatorio Feminicidio.net constata que, un año más, la violencia contra las mujeres ha aumentado. En esta ocasión, un 3% frente a las cifras registradas en 2022. Un total de 103 mujeres engrosaron durante el año 2023 la lista de feminicidios, siendo esta la principal causa de muerte de las féminas. La comunidad autónoma con una mayor cifra de víctimas es Andalucía, con un total de 27, muy por encima del año anterior y la tasa de prevalencia más alta del Estado con 6,2 casos por millón de habitantes mujeres. Esta última en España se situó en un 4,2, ligeramente por encima del año 2022 que registró un 4,13.

Entre los muchos datos que aporta este informe hay uno que ha llamado la atención de las investigadoras y que debería hacernos reflexionar porque en algo se está fallando y las consecuencias de ello las están pagando las mujeres. Casi en uno de cada cinco feminicidios, el autor es un varón de 30 años o menos. Estamos hablando de jóvenes que han nacido a finales de la década de los noventa o con el siglo XXI donde las políticas contra la violencia machista estaban ya desarrollándose.

Este caso cambió la visión de violencia machista y expuso ante la opinión pública la necesidad de que estos casos dejaran de solventarse en el ámbito privado para formar parte de un problema social al que el Estado tenía que dar respuesta

En 1979, Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En 1992 fue la Cedaw quien reconocía que la discriminación constituía una forma de violencia. Y, en 1997, el asesinato de la granadina Ana Orantes llevó a cada hogar de nuestro país el horror vivido por esta mujer durante los años de vida en común con su maltratador y asesino. Este caso cambió la visión de violencia machista y expuso ante la opinión pública la necesidad de que estos casos dejaran de solventarse en el ámbito privado para formar parte de un problema social al que el Estado tenía que dar respuesta.

De todas estas marcas en el calendario estamos ya lejos. Los asesinos que ahora tienen treinta años o menos han crecido con estas fechas señaladas como avances en la lucha por conseguir que la violencia deje de marcar la vida de las mujeres. Sin embargo, algo se nos escapa cuando las cifras no dejan de aumentar año tras año, según señalan los informes de las organizaciones que se dedican a recopilar datos. Es evidente que estos maltratadores más jóvenes no interiorizaron los conceptos ligados a la igualdad que deberían haberse impartido en las distintas etapas educativas por las que transitaron. Estas generaciones aún no estaban secuestradas por la mal entendida diversidad e inclusión que quieren disfrazar como coeducación. Entonces, ¿dónde está fallando el sistema?

Conforme van pasando los años y seguimos observando cómo las cifras de la violencia contra las mujeres no descienden, detectamos nuevas formas de machismo que coartan la libertad de la mitad de la población desde edades muy tempranas

Conforme van pasando los años y seguimos observando cómo las cifras de la violencia contra las mujeres no descienden, detectamos nuevas formas de machismo que coartan la libertad de la mitad de la población desde edades muy tempranas. Durante el año 2023, un total de 665 adolescentes necesitaron medidas de protección. A nadie se le escapa ya que las redes sociales y las nuevas tecnologías están siendo utilizadas como herramientas de control por parte de novios posesivos.

Es evidente que la violencia contra las mujeres tiene diferentes caras, pero, también es cierto que algunas de ellas se están intentando hacer pasar por gestos solidarios y altruistas. Sin ir más lejos, el diputado del Partido Socialista de Argentina, Esteban Paulón, ha presentado dos proyectos de ley para legalizar en su país lo que él llama ‘gestación solidaria’ que no es más que la venta de bebés a través de vientres de alquiler. Práctica, por cierto, que se está intentando impulsar en muchos países debido a la presión que están ejerciendo, principalmente, los colectivos de hombres homosexuales. Así lo confirma la conferencia que tuvo lugar el pasado día 16 de noviembre en Bruselas que bajo el título Men having babies (Hombres teniendo bebés) reunió a respetables señores ‘compraniños’ en el centro de la capital comunitaria sin que nadie les molestase.