Es una lástima que nuestro país sólo consiga espacio en la prensa internacional cuando se trata de denunciar actuaciones poco edificantes. Y entristece que, siendo pioneros en el abordaje de algunas situaciones de gran calado, el desarrollo de los planes diseñados para las mismas se vea ensombrecido por la falta de control en la asignación de los fondos. Esas políticas de buen gobierno de las que hablan siempre los dirigentes de todos los partidos chocan frontalmente con la opacidad en la gestión cuando de dinero se trata y, por mucho que quiera ocultarse, disfrazarse, enmascararse, dulcificarse o buscarse explicaciones para lo inexplicable, al final las alarmas terminan saltando cuando trascienden algunos detalles.

Las organizaciones feministas hace ya mucho tiempo que alertan de que se están empleando fondos de este Pacto de Estado para sufragar actividades que nada tienen que ver con la violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo

Es lo que está ocurriendo con los fondos destinados al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Estamos hablando del único gran acuerdo alcanzado entre todas las fuerzas políticas desde 2015, casi una década ya, que supuso un hito en la lucha contra la violencia machista que ha matado a 1.249 mujeres hasta ayer, una cifra que no ha parado de aumentar desde que se puso en marcha el contador en 2003. Las organizaciones feministas hace ya mucho tiempo que alertan de que se están empleando fondos de este Pacto de Estado para sufragar actividades que nada tienen que ver con la violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo. A pesar de los insistentes mensajes lanzados en todos aquellos espacios en los que pueden escucharse las voces feministas (cada vez menos porque el silenciamiento de quienes no comulgan con ‘los feminismos de las identidades’ es brutal) nadie se ha parado a indagar si hay algo de verdad en lo que se está dejando al descubierto. Ni desde el Gobierno central, ni desde las comunidades autónomas que son las responsables de una parte de los fondos transferidos, ni desde los ayuntamientos que también reciben partidas presupuestarias se ha dado un paso al frente para interesarse en la denuncia. Sólo queda pensar que es cierta porque, de lo contrario, ya habrían salido los responsables de turno a tildar de mentirosas a las feministas.

Contra el borrado de las mujeres, la alianza feminista para la defensa de los derechos de las féminas basados en el sexo, ha enviado una carta a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la que piden “que se investiguen todos los casos en los que los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género se han utilizado para fines distintos a los previstos, que no son otros que la prevención, la ayuda a las víctimas y la sensibilización para erradicar la violencia machista”.

The telegraph el pasado 4 de abril con este titular: “Spanish government under fire for using gender violence fund to pay for ‘Feminist Twerking Festival” (El Gobierno español, criticado por utilizar un fondo contra la violencia de género para pagar el Festival Feminista del Twerking)

Y la ministra ha recogido el guante. No sabemos si habrá sido por las evidencias que esta organización ha presentado a la titular de Igualdad tras recopilar algunas denuncias realizadas por varias organizaciones feministas ante el estupor de algunas actividades pagadas con estos fondos o por la publicación de esta demanda en el diario británico The telegraph el pasado 4 de abril con este titular: “Spanish government under fire for using gender violence fund to pay for ‘Feminist Twerking Festival” (El Gobierno español, criticado por utilizar un fondo contra la violencia de género para pagar el Festival Feminista del Twerking).

Ana Redondo se ha comprometido a investigar, a través de la Delegación contra la Violencia hacia las mujeres, si se ha realizado un uso indebido de los fondos del Pacto de Estado en los casos que Contra el borrado de las mujeres ha identificado. Estaremos pendientes de los pasos que se vayan dando y del calado de esa investigación porque, de no ser así, la ministra sería cómplice del despilfarro y el mal uso de un dinero público que tanto necesitan las víctimas de la violencia machista. Nunca podrá decir que no lo sabía.