La acusación popular pide prisión para Isabel Nieto y tres directivos de Urbanismo por "ponerse de acuerdo para favorecer" al constructor José Julián Romero
Imagen de archivo del juicio de una de las piezas del caso. europa press
El empresario Ramón Arenas, que ejerce la acusación popular en la pieza del caso Nazarí que investiga la operación urbanística San Jerónimo, pide prisión para la exconcejala de Urbanismo Isabel Nieto y tres directivos del área de Urbanismo por ponerse "de común acuerdo para favorecer" al constructor José Julián Romero y su empresa en esta operación.
"Tanto la Sra. Nieto, ex responsable pública municipal y delegada de Urbanismo acusada como los funcionarios o técnicos municipales, de los beneficios derivados para la mercantil de aquel y de los delitos que se iban a cometer para su consecución", expone el escrito de acusación remitido al Juzgado de Instrucción 2, que se suma al presentado por la Fiscalía.
La manera de actuar de la concejala y los funcionarios, que otorgaron licencia de primera ocupación pese a no haber completado las obras de urbanización y haciendo caso omiso a los informes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por las consecuencias para el barranco, se encuadran en delitos de prevaricación -activa u omisiva- o, alternativamente, prevaricación urbanística.
Para la representación legal del empresario, tanto Nieto como los otros tres funcionarios fueron autores o cooperadores necesarios para la comisión de esos delitos. En el caso específico de la concejala y de uno de esos funcionarios, "con el agravante de reincidencia"
Para la representación legal del empresario, tanto Nieto como los otros tres funcionarios fueron autores o cooperadores necesarios para la comisión de esos delitos. En el caso específico de la concejala y de uno de esos funcionarios, "con el agravante de reincidencia".
Todas las irregularidades que les achaca se cometieron "llevados por dos motivos o razones esenciales, la primera, la pública o manifiesta amistad del Sr. Lorente Sánchez Palencia y el Sr. Julián Romero y consecuentemente con el resto de funcionarios implicados, durante años subordinados de aquel, la que, sin duda, fue utilizada para evitar cualquier retraso, demandas de los compradores de viviendas, costes por la demora en el abono del crédito hipotecario, etc…". Y una segunda, "que afectaba de lleno a la concejal y funcionarios acusados por cuanto que la anulación vía revisión o declaración de lesividad de los acuerdos nulos o anulables contrarios a la legalidad a los que venimos aludiendo, hubiera llevado aparejada la correspondiente responsabilidad patrimonial de la Administración Pública y, en su caso, hasta su posible repetición en los funcionarios responsables".
