El Ayuntamiento de Armilla ha puesto en marcha un nuevo servicio de información y acompañamiento dirigido a personas afectadas por la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad de Granada. Esta oficina nace con el objetivo de "facilitar los trámites necesarios para acogerse a las excepciones previstas" o, en su caso, "informar sobre recursos de posibles sanciones, especialmente en el caso de vecinos y vecinas que no disponen de recursos tecnológicos o que encuentran dificultades para desenvolverse en entornos digitales".

Desde este nuevo servicio, ubicado en la sede de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), en la Casa de la Cultura, se prestará ayuda personalizada todos los viernes de 9:00 a 14:00 horas. El servicio está orientado especialmente a personas mayores, familias sin acceso a herramientas digitales y cualquier persona residente en Armilla que necesite orientación o soporte en el proceso.

Para el Ayuntamiento, la aplicación de esta normativa supone "un doble perjuicio". Por un lado, establece "una discriminación basada en el lugar de residencia, sin tener en cuenta el nivel de emisiones real del vehículo". Y por otro, "penaliza a quienes no pueden permitirse un cambio de coche o no tienen las competencias digitales necesarias para presentar alegaciones o acogerse a las exenciones previstas".

"Desde Armilla ponemos en marcha este servicio, pero lo hacemos pensando también en muchas otras personas de la provincia que están viviendo esta situación con frustración. Hace falta una mirada metropolitana para afrontar este tipo de decisiones y evitar que sean siempre los mismos quienes paguen las consecuencias"

La alcaldesa de la ciudad, Loli Cañavate, ha explicado en una nota de prensa que el municipio no puede "mirar hacia otro lado ante una medida que afecta de manera desigual a una parte importante de la sociedad. Esta Zona de Bajas Emisiones no distingue entre vehículos contaminantes y no contaminantes, sino entre quién vive dentro y quién fuera de la capital. Y eso supone una discriminación para miles de personas del área metropolitana".

Cañavate también ha subrayado que "los efectos de esta normativa recaen sobre todo en quienes menos capacidad tienen para adaptarse a ella: personas mayores, jóvenes o familias con rentas bajas que no pueden cambiar de coche ni manejar con soltura las herramientas digitales. Como Ayuntamiento tenemos la obligación de estar a su lado y facilitarles todo el apoyo que necesiten".

"Desde Armilla ponemos en marcha este servicio, pero lo hacemos pensando también en muchas otras personas de la provincia que están viviendo esta situación con frustración. Hace falta una mirada metropolitana para afrontar este tipo de decisiones y evitar que sean siempre los mismos quienes paguen las consecuencias", ha concluido.