En Andalucía se practicaron en 2024 un total de 19.787 interrupciones voluntarias de embarazo a petición de la madre en las primeras 14 semanas de gestación o en otros plazos que marca la ley, en función de las causas que concurran, pero de ellas, 19.746 se llevaron a cabo en clínicas privadas y tan solo 41 en hospitales o centros públicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Los datos, obtenidos del informe 'Interrupción Voluntaria del Embarazo. Datos definitivos correspondientes al año 2024', publicados esta semana por el Ministerio de Sanidad y Consumo, revelan, por tanto, que el 99,7 por ciento de los abortos amparados por la ley se practican en centro privados y tan solo el 0,3 por ciento, en centros públicos

Los datos, obtenidos del informe Interrupción Voluntaria del Embarazo. Datos definitivos correspondientes al año 2024, publicados esta semana por el Ministerio de Sanidad, revelan, por tanto, que el 99,7 por ciento de los abortos amparados por la ley se practican en centro privados y tan solo el 0,3 por ciento, en centros públicos.

Un modelo, que más parece una anomalía, que el Gobierno de mayoría absoluta de Juan Manuel Moreno, copia de otras comunidades autónomas gestionadas por la derecha, que deriva esta prestación a la sanidad privada, y que incluye en los contratos multimillonarios con los que enriquece el negocio de las empresas sanitarias privadas.

Y que pretende que se imponga en el tiempo mientras gobiernen, a pesar de la reclamaciones del Ministerio de Sanidad, cuya titular, Mónica García, llamó la atención sobre comunidades, (como Andalucía, aunque citó a Madrid) que externalizan la prestación: "Desgraciadamente, sabemos que hoy muchas comunidades siguen sin cumplir con su parte. El Ministerio va a seguir siendo contundente a la hora de exigir a las comunidades planes claros para darle la vuelta a esta situación", advirtió la ministra.

"Esto es absolutamente inaceptable. Además, contraviene la ley del año 2023 e indica que queda mucho camino por recorrer", dijo la ministra de Sanidad

A este respecto, la ministra abundó sobre ello: "Esto es absolutamente inaceptable. Además, contraviene la ley del año 2023 e indica que queda mucho camino por recorrer", insistió para reiterar que Sanidad trabaja para que "todas las mujeres puedan ejercer este derecho en la red pública, sin obstáculos y sin desigualdades territoriales", dado que es el público es el sistema que garantiza "mayor equidad" y "mayor calidad".

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Mónica García, el pasado miércoles en la presentación de los datos. Ministerio de Sanidad.

Los datos aportados por el Ministerio, a través de la a través de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud, se refieren al primer año (2024) en el que entró en vigor la modificación de la ley del aborto, publicada en el BOE el 1 de marzo de 2023. Uno de los principales cambios fue bajar la edad del derecho a adolescentes de 16 años sin el consentimiento de sus padres o representantes legales (antes necesitaban este consentimiento).

La ley también pretende garantizar la prestación en los centros hospitalarios pùblicos, por lo que insta a las administraciones a que dispongan de recursos humanos suficientes para la garantía “del derecho en todo el territorio en condiciones de equidad”.

La ley también pretende garantizar la prestación en los centros hospitalarios pùblicos, por lo que insta a las administraciones a que dispongan de recursos humanos suficientes para la garantía “del derecho en todo el territorio en condiciones de equidad”.

Sin embargo, la gran mayoría de los abortos (79%) se siguen practicando en centros privados concertados con las administraciones, algo también contemplado en la ley. Supone, eso sí, un avance en los practicados en la red pública (en términos relativos): un 21%, tres puntos más que el año anterior.

En 2024 se registraron en España un total de 106.173 abortos amparados por la ley, unos 3.000 más que en 2023. En términos relativos, es una tasa de 12,36 por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, rozando el récord histórico (12,47), en 2011. La tendencia al alza es sostenida desde hace más de una década, y solo bajó durante el primer año de la pandemia (2020).

A este respecto, el informe detalla que en la mayoría de comunidades los centros privados predominan en la realización de estas prácticas, con porcentajes que se acercan al cien por cien como Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Madrid o Murcia, y que llegan a alcanzarlo en Extremadura, Ceuta y Melilla o como el caso de Andalucía, con el 99,7%

En contraposición, en comunidades como Baleares (61,30% en la red pública), Cantabria (88,49%), Cataluña (55,67%), Galicia (77,02%), Navarra (74,82%) y La Rioja (76,11%) los abortos se practicaron más en centros públicos.

Distribución de IVE por tipo de centro según comunidad autónoma en 2024

Fuente: Elaboración propia a partir del informe Interrupción Voluntaria del Embarazo. Datos definitivos correspondientes al año 2024, publicados esta semana por el Ministerio de Sanidad.

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A pesar de la evidencia, la Junta de Andalucía, en el portal de la Consejería de Salud y Consumo, señala que “las intervenciones se realizan en centros sanitarios acreditados. En Andalucía son financiadas por el Sistema Sanitario Público a través de centros acreditados públicos o concertados con el SAS”. Pero la opción más que preferente (el 99,7%) es el segundo que cita: clínicas privadas”. Además, indica la Junta que “se realiza por profesionales de la medicina especializados o bajo su dirección, con una técnica adecuada y siguiendo los criterios de calidad sanitaria”. Folleto de la Junta de Andalucía, en la imagen.

Sin registro de sanitarios objetores de conciencia en Andalucía

La Ley en vigor, de 2023, obligaba a las comunidades autónomas a crear un registro de profesionales sanitarios del sistema público objetores de conciencia para la práctica de una interrupción voluntaria del embarazo. Una exigencia, cuyo protocolo fue aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en diciembre de 2024.

El Ministerio de Sanidad envió una carta en el mes de julio pasado a las comunidades en las que le urgía al cumplimiento de la legalidad vigente

El Ministerio de Sanidad envió una carta en el mes de julio pasado a las comunidades en las que le urgía al cumplimiento de la legalidad vigente. Les anunció la creación de un informe y les advirtió de que podría derivar en “acciones legales” si no se garantizaba que las mujeres pudieran optar entre la pública y la privada, y para ello les afeaba a algunas comunidades autónomas que no les hubieran entregado el registro de objetores.

Andalucía es una de las comunidades que aún no ha entregado el documento en cuestión, porque lo gestiona sin prisas

Andalucía es una de las comunidades que aún no ha entregado el documento en cuestión, porque lo gestiona sin prisas. De hecho, el Proyecto de Decreto por el que se crea y regula el Registro de personas profesionales sanitarias objetoras de conciencia respecto de la intervención directa en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, publicado el pasado 24 de febrero de 2025 para su exposición pública, consulta y aportaciones, llegó el pasado 18 de marzo al final del plazo fijado para para ello, sin que la Junta haya informado de avances.

Así que con este panorama, y ante las barabaridades no cientificas que, por exigencia de la extrema derecha, se traga el PP, como en el ayuntamiento de Madrid, no parece mala idea, sino todo lo contrario, garantizar en la Constitución el derecho al aborto

El registro que reclama la ley es fundamental para evaluar la capacidad real de los sistemas sanitarios públicos de practicar los abortos legales -en función de los profesionales sanitarios disponibles, no objetores-, con el fin de obligar a aquellas comunidades que dispongan de medios humanos de practicarlos en sus centros públicos.

Así que con este panorama, y ante las barabaridades no cientificas que, por exigencia de la extrema derecha, se traga el PP, como en el ayuntamiento de Madrid, no parece mala idea, sino todo lo contrario, garantizar en la Constitución el derecho al aborto.

La mayoría de andaluzas que abortaron, con estudios, al menos, de ESO y Bahcillerato

El detalle del informe de 2024 de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo elaborado por Sanidad señala que 18.025 de las 19.787 mujeres que abortaron en ese periodo en Andalucía se informaron sobre el procedimiento en un centro público y solo 751 en uno privado.

Número de interrupciones voluntarias de embarazo según grupo de edad y tipo de centro, lugar de información, semanas de gestación, motivo de la interrupción, metodo empleado en la intervención

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Son mayoría las mujeres con, al menos, estudios de ESO (7.338) y Bachillerato (5.324), y otras 2.614 con estudios universitarios, en contra de lo que sucedía hace poco más de una década, y todavía se cree en círculos de derechas y católicos, cuando estas situaciones eran más frecuentes entre las personas menos 

La gran mayoría de las mujeres andaluzas que se sometieron a un proceso de este tipo durante el último año -15.389-  estaban embarazadas de ocho semanas o menos, y 3.567 de entre 9 y 14. Las que se encontraban en la horquilla de 15 a 22 semanas sumaron 814, y 17 las que superaban las 23.

Sobre la causa de la petición de la IVE, en 18.860 casos era la simple demanda de la madre, y en 436 situaciones el grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada. El riesgo de graves anomalías para el feto fue la motivación de 464 mujeres y de 27 las disfunciones fetales incompatibles con la vida o la concurrencia de una enfermedad extremadamente grave o incurable.

De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Sanidad, las mujeres que abortaron el año pasado son mayoritariamente jóvenes, de entre 20 y 29 años.

Son mayoría las mujeres con, al menos, estudios de ESO (7.338) y Bachillerato (5.324), y otras 2.614 con estudios universitarios, en contra de lo que sucedía hace poco más de una década, y todavía se cree en círculos de derechas y católicos, cuando estas situaciones eran más frecuentes entre las personas menos instruidas.

Interrupciones voluntarias de embarazo en Andalucía por provincias

Fuente: Elaboración propia a partir del informe Interrupción Voluntaria del Embarazo. Datos definitivos correspondientes al año 2024, publicados esta semana por el Ministerio de Sanidad.

17 centros fueron los que practicaron abortos en Andalucía (tres, en la provincia de Granada), pero solo uno público, el Hospital Clínico san Cecilio de Granada, el resto, centros priovados

Granada es la quinta provincia andaluza con más abortos, con 1.995, por delante de Córdoba, Huelva y Jaén, en una clasificación que lidera Sevilla, Málaga, y a distancia, Cádiz y Almería.