Un estudio técnico sobre la reforma de Cervantes cuestiona la legalidad del proyecto y no justifica la tala de árboles
Un informe técnico, elaborado por residentes expertos en varias materias, con el respaldo de la asociación vecinal, cuestiona la legalidad del proyecto de reforma de la Avenida de Cervantes, al contravenir diversas normas, y advierte de que no justifica la tala de la veintena de árboles condenados.
Entre las anomalías detectadas, el informe constata una “adecuación técnica deficiente” y “riesgos para la salud pública y laboral”, en la renovación completa de las redes de servicios, al reemplazarse la antigua tubería de fibrocemento existente en la red de abastecimiento de agua, material, tradicionalmente fabricado con amianto (asbesto), lo que lo convierte en un residuo muy peligroso en su retirada
Entre las anomalías detectadas, el informe, al que ha tenido acceso El Independiente de Granada, constata una “adecuación técnica deficiente” y “riesgos para la salud pública y laboral”, en la renovación completa de las redes de servicios, al reemplazarse la antigua tubería de fibrocemento existente en la red de abastecimiento de agua, material, tradicionalmente fabricado con amianto (asbesto), lo que lo convierte en un residuo muy peligroso en su retirada.
Infracciones y omisiones detectadas en la licitación
Del análisis de la documentación (y de acuerdo con el recurso presentado ante el Tribunal de Contratos), el novedoso informe técnico vecinal destaca varias infracciones o incumplimientos normativos en la forma en que el gobierno municipal del PP ha planteado la licitación:
Falta del Estudio y Plan de Seguridad y Salud: Según la información disponible, el proyecto no incluyó un Estudio de Seguridad y Salud completo ni un Plan de Seguridad específico para su ejecución, lo que “constituiría una irregularidad grave, ya que la legislación (RD 1627/1997) obliga a que todo proyecto de obra cuente con un estudio de seguridad en fase de proyecto y a que, antes de comenzar la obra, el contratista desarrolle un Plan de Seguridad basado en él”.
“La ausencia de este documento implica que no se evaluaron adecuadamente los riesgos laborales (trabajos en zanjas, maquinaria pesada, tráfico, etc.) ni las medidas de prevención correspondientes, poniendo potencialmente en peligro a los trabajadores y a los viandantes"
“La ausencia de este documento implica que no se evaluaron adecuadamente los riesgos laborales (trabajos en zanjas, maquinaria pesada, tráfico, etc.) ni las medidas de prevención correspondientes, poniendo potencialmente en peligro a los trabajadores y a los viandantes. En el caso concreto de Avenida Cervantes, la peligrosidad se ve incrementada por la presencia de amianto y por la necesidad de gestionar el tráfico y transeúntes en una zona urbana; aspectos que debieron reflejarse en el plan de seguridad”. El informe resalta que “omisiones de este tipo vulneran la normativa de prevención de riesgos laborales y podrían suponer causa de paralización del proyecto hasta subsanar el error”.
El grito del barrio: "No a la tala inncesaria en Avenida de Cervantes". IndeGranada.
“La ausencia de este documento implica que no se evaluaron adecuadamente los riesgos laborales (trabajos en zanjas, maquinaria pesada, tráfico, etc.) ni las medidas de prevención correspondientes, poniendo potencialmente en peligro a los trabajadores y a los viandantes"
Ocultación de la presencia de amianto y falta de plan específico de retirada: La tubería principal de agua que se va a sustituir es de fibrocemento con amianto. “No indicar explícitamente en los pliegos esta circunstancia y no prever un plan de manipulación y retirada segura del amianto va en contra de la normativa específica sobre este material peligroso. En concreto, el Real Decreto 396/2006 exige que, antes de iniciar trabajos con riesgo de exponer amianto, la empresa elabore un Plan de Trabajo detallado, contemplando medidas para proteger a los trabajadores y al entorno”.
Según el informe técnico, “los pliegos de la licitación no mencionan ni exigen dicho plan ni hacen referencia al RD 396/2006, lo cual es un incumplimiento legal flagrante “.
Según el informe técnico, “los pliegos de la licitación no mencionan ni exigen dicho plan ni hacen referencia al RD 396/2006, lo cual es un incumplimiento legal flagrante “
“Esta omisión es especialmente grave”, indica el estudio, dado que “el amianto es un cancerígeno de efectos acumulativos; su manipulación sin las debidas precauciones puede liberar fibras al aire y causar enfermedades mortales (mesotelioma, asbestosis) años después de la exposición”.
“Que la Administración no lo haya contemplado en los documentos supone poner en riesgo la salud de trabajadores y vecinos, vecinas y al conjunto de la ciudad, además de una vulneración de las disposiciones de seguridad laboral. De hecho, ocultar la existencia de amianto podría acarrear responsabilidades penales para los responsables técnicos, dado que se estaría omitiendo información vital para la seguridad”.
"De hecho, ocultar la existencia de amianto podría acarrear responsabilidades penales para los responsables técnicos, dado que se estaría omitiendo información vital para la seguridad"
En otro punto, reseña que "desde el punto de vista del contrato, la empresa adjudicataria se vería obligada a detener las obras al descubrir la presencia de amianto no contemplada, lo que generaría retrasos y sobrecostes no presupuestados (contratar especialistas, equipos especiales). Esto a su vez podría derivar en reclamaciones económicas contra el Ayuntamiento por modificar las condiciones inicialmente licitadas. En definitiva, omitir el plan de seguridad y la gestión del amianto no solo es peligroso, sino que también pone en jaque la viabilidad técnica y financiera del proyecto".
La falta de cualquier informe técnico profundo (más allá de un simple informe municipal escueto considerado “manifiestamente insuficiente”, lo que forma parte del recurso presentado que considera una infracción al principio de precaución ambiental. Además, no se ha justificado árbol por árbol la necesidad de tala ni se han explorado alternativas (poda, trasplante, modificación del diseño) para minimizar la pérdida de masa arbórea. Proceder a talar sin esos pasos vulnera posiblemente regulaciones municipales de protección del arbolado urbano y, como mínimo, contraviene las buenas prácticas ambientales que deben regir una obra pública. Cabe señalar que Granada es una de las ciudades con peores niveles de contaminación atmosférica de España, y eliminar arbolado urbano agrava los riesgos de enfermedades cardiovasculares y respiratorias en la población, algo que debió evaluarse cuidadosamente y no se hizo.
Además, no existe un estudio de impacto en la salud pública: "Más allá de lo ambiental, los proyectos urbanísticos que afectan a entornos sensibles (colegios cercanos, población vulnerable) idealmente deberían considerar un estudio de impacto en la salud. En este caso, según el recurso presentado, el proyecto carece de dicho análisis sanitario, a pesar de que la obra se desarrolla en zona residencial y cerca de centros escolares. Esto se relaciona con la tala de árboles (impacto en calidad del aire) pero también con las molestias de la obra (ruido, polvo) y con la presencia de amianto. No evaluar ni informar sobre estos aspectos deja desprotegida a la población local y podría interpretarse como una vulneración del derecho constitucional a la salud (art. 43 CE) y a un medio ambiente adecuado (art. 45 CE), tal como argumenta el recurso".
Deficiencias en la participación pública y transparencia: Otro punto señalado es que el procedimiento se ha llevado a cabo “sin verdadera participación ciudadana, incumpliendo el Convenio de Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (Convenio de Aarhus) y leyes relacionadas que garantizan el derecho del público a involucrarse en decisiones que afectan al medio ambiente”.
“Aunque el Ayuntamiento afirma haber consensuado el proyecto, en la práctica las alegaciones vecinales no fueron incorporadas y se tomó la decisión sin un proceso participativo real (los vecinos se enteraron de la licitación una vez ya publicada, tras reuniones poco efectivas)"
“Aunque el Ayuntamiento afirma haber consensuado el proyecto, en la práctica las alegaciones vecinales no fueron incorporadas y se tomó la decisión sin un proceso participativo real (los vecinos se enteraron de la licitación una vez ya publicada, tras reuniones poco efectivas). Legalmente, no todas las obras requieren información pública previa (salvo las que pasen por evaluación ambiental formal); sin embargo, cuando hay un cambio sustancial en el entorno urbano y potencial afectación a derechos fundamentales (salud, medio ambiente), la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha llegado a anular procedimientos administrativos por omitir la participación o por infringir principios ambientales. En este sentido, podría argumentarse que la tramitación de esta obra careció de la debida transparencia: no se informó claramente, por ejemplo, de la presencia de amianto a los posibles licitadores ni al vecindario, ni se abrieron canales efectivos para que la comunidad opinara o propusiera mejoras”.
La tala de árboles es perjudicial para la salud
La eliminación de arbolado urbano es uno de los aspectos más controvertidos del proyecto, tanto por el valor ambiental de los árboles como por sus efectos en la salud de las personas y la calidad del entorno urbano. Conviene analizar por qué la tala de 19 árboles (aunque vayan a plantar 26 jóvenes después) ha generado verdadera y justificada alarma:
"Quitar casi una veintena de árboles adultos implica perder una parte de esa esponja que absorbe contaminantes"
Calidad del aire y salud respiratoria: Los árboles en ciudad actúan como filtros naturales de la contaminación. Sus hojas capturan partículas en suspensión (PM10, PM2.5) y otros contaminantes atmosféricos como dióxido de nitrógeno (NO₂) o ozono troposférico, mejorando la calidad del aire que respiramos. "Granada sufre niveles altos de polución, principalmente por el tráfico y episodios de inversión térmica. Quitar casi una veintena de árboles adultos implica perder una parte de esa “esponja” que absorbe contaminantes. Investigaciones médicas han demostrado que la exposición a contaminación está ligada a mayores tasas de asma, enfermedades pulmonares obstructivas y eventos cardiovasculares. De hecho, se señala en su recurso que Granada está entre las ciudades españolas con peor contaminación y que reducir su masa arbórea puede tener impacto en enfermedades cardiovasculares y respiratorias de la población. Aunque la plantación de árboles nuevos es positiva, estos tardarán años o décadas en alcanzar el porte y capacidad de filtración de los árboles existentes. En el intervalo, la generación actual perderá esos beneficios ambientales".
El vecindario rechaza eliminar el vial caracteristico. IndeGranada.
"El nuevo bulevar tendrá árboles jóvenes, pero pasarán muchos veranos (20 años) antes de que den una sombra equivalente a la actual"
Isla de calor urbana y confort térmico: Los árboles proporcionan sombra y regulan la temperatura urbana mediante la evapotranspiración. En verano, la diferencia de temperatura bajo la sombra de un gran árbol puede ser de varios grados menos que al sol. Si se talan los árboles grandes de la avenida, es probable que aumente el estrés térmico en esa zona, haciendo el espacio público menos habitable en días calurosos. Esto afecta a la salud, especialmente de colectivos vulnerables (ancianos, niños) que son más propensos a sufrir golpes de calor o deshidratación. Una calle arbolada es una barrera contra la “isla de calor”; sin ese arbolado, la radiación solar incidirá sobre el pavimento y fachadas elevando la temperatura ambiente local. El nuevo bulevar tendrá árboles jóvenes, pero pasarán muchos veranos (20 años) antes de que den una sombra equivalente a la actual.
"La Avenida Cervantes, con sus plátanos de sombra altos, ofrece actualmente un entorno agradable y de identidad para el barrio. Suprimirlos cambiará el paisaje de forma drástica. Desde el punto de vista psicológico, la presencia de áreas verdes y árboles se asocia a mejor salud mental, menos estrés y mayor satisfacción de los residentes. "Una tala puede causar malestar en la comunidad al ver su entorno empobrecido estéticamente, como ya se refleja en las protestas vecinales"
Ruido y estética urbana: El arbolado también atenúa el ruido (las masas de hojas pueden reducir ligeramente la propagación del sonido) y aporta belleza al paisaje urbano. La Avenida Cervantes, con sus plátanos de sombra altos, ofrece actualmente un entorno agradable y de identidad para el barrio. Suprimirlos cambiará el paisaje de forma drástica. Desde el punto de vista psicológico, la presencia de áreas verdes y árboles se asocia a mejor salud mental, menos estrés y mayor satisfacción de los residentes. "Una tala puede causar malestar en la comunidad al ver su entorno empobrecido estéticamente, como ya se refleja en las protestas vecinales".
Ecosistema urbano: Aunque sea en plena ciudad, estos árboles constituyen hábitat para aves urbanas (gorriones, mirlos, etc.) y otros pequeños animales. La tala podría desplazar o disminuir la población de aves en la zona, lo que a su vez influye en el control biológico de insectos, etc. No es un impacto enorme comparado con hábitats naturales, pero es parte del equilibrio urbano.
El vacío normativo municipal se convierte en fraude de ley al utilizarse para eludir obligaciones derivadas de normas de rango superior. El Tribunal Supremo ha establecido reiteradamente que la omisión o insuficiencia de regulación local no exime a las administraciones de cumplir con la legislación estatal o autonómica más protectora del medio ambiente y la salud
Granada tiene una ordenanza de este tipo, aunque desactualizada y se enfoca más en las zonas ajardinadas. Es bastante genérica y no se centra en la protección del arbolado. Ni siquiera hay Plan Director del Arbolado y adolece de protocolos técnicos, ni planes de participación ciudadana. En la práctica esto significa que: "No existe un marco normativo específico y actualizado que regule de forma técnica y garantista el arbolado urbano, como sí ocurre en otras ciudades" y "esa ausencia deja lagunas jurídicas que permiten justificar actuaciones que, aunque formalmente se ajusten a una ordenanza genérica, contravienen principios superiores recogidos en la Constitución Española (arts. 45 y 43: derecho a un medio ambiente adecuado y a la protección de la salud). En la normativa estatal (Ley 33/2011 de Salud Pública, Ley 7/2021 de Cambio Climático). En la normativa autonómica (Ley 8/2003 de Flora y Fauna Silvestres de Andalucía, Decreto 178/2021 sobre protección ambiental urbana) y, en el Derecho internacional (Convenio de Aarhus, ratificado por España)".
Una de las últimas protestas vecinales contra la tala del arbolado en Cervantes. Asociación Vecinos Cervantes
El vacío normativo municipal se convierte en fraude de ley al utilizarse para eludir obligaciones derivadas de normas de rango superior. El Tribunal Supremo ha establecido reiteradamente que la omisión o insuficiencia de regulación local no exime a las administraciones de cumplir con la legislación estatal o autonómica más protectora del medio ambiente y la salud (STS 15/07/2014, rec. 2551/2012; STS 13/03/2019, rec. 3529/2016).
Impacto económico "muy negativo" en el tejido comercial del barrio
La ejecución del proyecto de reforma de la Avenida de Cervantes, tal como ha sido diseñado por el Ayuntamiento de Granada, "onlleva efectos económicos muy negativos directos e indirectos sobre el tejido comercial, hostelero y de servicios del entorno inmediato, especialmente por:
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La eliminación del carril de servicio, actualmente esencial para la carga y descarga, acceso a portales, entrada a garajes, movilidad reducida y clientes de establecimientos.
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La restricción del acceso rodado, que afectará de manera directa a pequeños negocios de proximidad, generando un descenso de clientela, pérdida de visibilidad, y en muchos casos, el cierre forzoso de establecimientos por inviabilidad económica durante y tras la obra.
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La duración e intensidad de las obras, sin medidas específicas de mitigación del impacto, supone una ruptura temporal muy grave de la actividad económica local, con perjuicios patrimoniales acumulativos.
Evaluación económica del perjuicio
El proyecto "carece de evaluación de impacto económico en la actividad comercial, lo cual vulnera el principio de planificación sostenible recogido en el art. 3 de la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, y en el art. 1 de la Ley de Economía Sostenible. Además, se infringen los principios de proporcionalidad e interés público prevalente, al no haberse ponderado adecuadamente las consecuencias de eliminar infraestructuras funcionales (carril de servicio, arbolado y zonas de carga) que permiten el equilibrio urbano entre movilidad, comercio y habitabilidad".
Vídeo de la última protesta vecina.
El novedoso informe técnico plantea, como solución, "mantener el carril de servicio o rediseñarlo como vía de plataforma única, compartida para tránsito peatonal, bicicletas y acceso restringido a residentes y carga-descarga, usando pavimento drenante ecológico y mobiliario que delimite sin impedir usos funcionales"
El novedoso informe técnico plantea, como solución, "mantener el carril de servicio o rediseñarlo como vía de plataforma única, compartida para tránsito peatonal, bicicletas y acceso restringido a residentes y carga-descarga, usando pavimento drenante ecológico y mobiliario que delimite sin impedir usos funcionales"; "incluir un plan de gestión de accesibilidad comercial durante las obras, con señalización, pasarelas seguras, horarios protegidos para carga y descarga y coordinación con comerciantes" y "dotar de medidas compensatorias (como bonificaciones fiscales o subvenciones temporales) a los comercios y autónomos directamente afectados, conforme al art. 30 de la Ley General de Subvenciones".
"Paralelamente, es indispensable abrir un proceso de diálogo real con los vecinos y las vecinas, aunque sea a estas alturas, para buscar soluciones de consenso en elementos conflictivos y alinear el proyecto a la legalidad y las buenas prácticas técnicas".
El estudio sostiene que "la eliminación del carril de servicio y la falta de análisis económico sectorial conlleva riesgos graves para la viabilidad de comercios y actividades económicas de proximidad, lo que puede agravar procesos de desertificación comercial y gentrificación". Por todo ello, subraya, que "una alternativa técnica viable y respetuosa con la economía local es posible sin renunciar a la mejora del entorno urbano, mediante rediseño de plataforma compartida, conservación del arbolado y medidas de protección transitoria durante la obra".
"En conclusión, la licitación de la obra en Avenida Cervantes, tal y como se presentó, parece ser un caso de documentación estándar mal ajustada a un contexto sensible, lo cual ha derivado en serias denuncias por posibles ilegalidades y riesgos para la salud pública y laboral. La gravedad de omitir aspectos críticos (como el amianto) no puede subestimarse: es un error que puede costar vidas en el futuro y que socava la confianza ciudadana en las instituciones. Esperamos que este análisis sirva para comprender en términos sencillos qué dice la documentación, qué debería decir y por qué importa, de forma que cualquier persona pueda valorar la situación. Las conclusiones críticas apuntan a que, antes de continuar, se deben subsanar las carencias legales y técnicas del proyecto, garantizando la seguridad de todos y el respeto al medio ambiente urbano de Granada. Solo así la necesaria reforma de la Avenida Cervantes podrá llevarse a cabo de forma responsable, segura y aceptable para la comunidad". En la imagen, la alcaldesa, y el concejal de Urbanismo, Enrique Catalina.
