Desde el AMPA 1º de Mayo del CEIP Eugenio de Montijo en Granada, queremos hacer un llamado urgente a la reflexión sobre las declaraciones hechas por el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Sevilla, Miguel Ángel Araúz, durante una reunión celebrada el pasado mes de enero con las AMPAS del distrito Norte de Sevilla. Como colegio con alumnado con necesidades educativas especiales, consideramos estas declaraciones un grave retroceso para la educación inclusiva y una falta de respeto hacia las familias y los estudiantes con diversidad funcional.

Sin embargo, las palabras del delegado territorial no solo socavan nuestros esfuerzos, sino que evidencian una mentalidad arcaica y despectiva que no tiene cabida en el siglo XXI

A lo largo de nuestra trayectoria, hemos trabajado incansablemente por la mejora de la calidad educativa para todo nuestro alumnado, especialmente en lo que respecta a la dignidad, la calidad de la enseñanza y, por supuesto, la inclusión. Sin embargo, las palabras del delegado territorial no solo socavan nuestros esfuerzos, sino que evidencian una mentalidad arcaica y despectiva que no tiene cabida en el siglo XXI.

Las declaraciones de Miguel Ángel Araúz, como la cuestionable afirmación: “¿Para qué quiere un niño con autismo un personal técnico en integración social, para que le enseñe a mover la lengua enfrente del espejo?”, son una clara muestra de la falta de empatía y comprensión hacia las realidades de los niños y niñas con necesidades educativas especiales. Este tipo de comentarios, lanzados sin el más mínimo pudor y delante de los propios progenitores, no solo denigran la labor de los profesionales que trabajan con estos alumnos, sino que también humillan a las familias que luchan cada día por un futuro más justo para sus hijos e hijas.

No podemos permitir que la educación pública esté en manos de personas que se muestran indiferentes ante la diversidad, que ven los recursos destinados a la inclusión como una "pérdida de dinero"

No podemos permitir que la educación pública esté en manos de personas que se muestran indiferentes ante la diversidad, que ven los recursos destinados a la inclusión como una "pérdida de dinero". Es alarmante que quien se supone debe velar por la mejora del sistema educativo muestre tan poca comprensión y respeto por los derechos de los más vulnerables.

El mensaje que estas declaraciones envían es claro: se está cuestionando el valor de la educación inclusiva, se está relegando a los estudiantes con necesidades especiales a un segundo plano, y se está fomentando una cultura educativa que no solo excluye, sino que también margina. Es por todo esto que creemos firmemente que el Sr. Araúz debería reconsiderar su cargo y ceder el espacio a alguien que, realmente, esté dispuesto a luchar por una educación pública de calidad para todos, sin importar las diferencias. No se trata solo de una cuestión de recursos, sino de una cuestión de principios.

La lucha por la inclusión en las aulas es una lucha por la justicia, y no vamos a detenernos

La educación es un derecho fundamental, y debe ser accesible para todos, independientemente de sus capacidades o necesidades. Debemos exigir una educación inclusiva, equitativa y respetuosa que valore la diversidad y promueva la dignidad de cada estudiante.

La lucha por la inclusión en las aulas es una lucha por la justicia, y no vamos a detenernos. Seguiremos trabajando por una educación pública en la que cada niño y niña tenga las mismas oportunidades, porque creemos firmemente que una sociedad que no valora a sus miembros más vulnerables está condenada a ser una sociedad desigual.