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Jefatura de la Policía Local de Granada, la jornada de los registros de la UDEF. á.Cámara/EP

El escándalo por la presunta trama de amaños en oposiciones en la Policía Local de Granada se agrava con otro frente, la gestión de las multas, con supuestas irregularidades que incluyen retirada de sanciones por infracciones de tráfico a políticos y allegados, además de presiones a policías locales que se negaron a esas prácticas y acabaron enfrentándose a expedientes y traslados para apartarlos de sus puestos. 

Este miércoles se cumple una semana de la dimisión forzada de José Manuel Jiménez Avilés como jefe de la Policía Local de Granada, presentada como una "renuncia voluntaria" por el gobierno municipal del PP, que hasta ese momento se había resistido a dar ese paso. El anuncio de su marcha coincidió con la publicación de un audio -en The Objective- en el que, supuestamente, el propio Jiménez Avilés aseguraba que le había retirado una multa a una concejala porque le "salió de la polla". Detrás de esas palabras hay mucho más.

El ya exjefe de la Policía Local de Granada y estrechos colaboradores encadenaron decisiones respecto a la gestión de las multas que implicaron la retirada del seguimiento y custodia de las sanciones a los policías locales, un control que se reservó Jiménez Avilés

El ya exjefe de la Policía Local de Granada y estrechos colaboradores encadenaron decisiones respecto a la gestión de las multas que implicaron la retirada del seguimiento y custodia de las sanciones a los policías locales, un control que se reservó Jiménez Avilés. La medida, muy controvertida, como ha recogido El Independiente de Granada en distintas informaciones, suscitó quejas en la plantilla, que se trasladaron en reuniones con los concejales de Recursos Humanos y la propia concejala de Movilidad y Protección Ciudadana y se reflejaron en distintos escritos sindicales registrados en los últimos meses, que también se dirigieron a la alcaldesa, Marifrán Carazo, alertándola de las "trabas al control del trámite de las denuncias, especialmente, infracciones de tráfico" y pidiéndole su intervención. Así lo hizo la sección sindical de UGT.

En el escrito, elaborado a mediados de enero y consultado por este diario, se hace hincapié en que, meses después de que la Jefatura adoptara la medida, la plantilla seguía "sin saber por qué no había un mecanismo transparente en la tramitación de las diferentes denuncias que las unidades realizan en calle, especialmente las infracciones de tráfico".

Con la decisión de retirar los permisos para acceder a la herramienta, que la cúpula policial justificó en la Protección de Datos, se impide a los policías el acceso a la herramienta informática utilizada para hacer el seguimiento de las multas, comprobar que se tramitan, que siguen su cauce y que no se extravía documentación. Una decisión con la que, en definitiva, se resta transparencia a la tramitación de esas multas, ahora bajo sospecha, como ocurre con los procesos selectivos. 

Como alternativa, se propuso en una reunión con la Jefatura que se implantara una cadena de custodia, a modo de garantía y seguridad de toda la documentación. Un método utilizado habitualmente cuando se reciben, por ejemplo, objetos o dinero que han sido encontrados por ciudadanos y entregados a un policía. La respuesta, sin embargo, fue negativa y no se aceptó esa cadena de custodia.

Todo esto ocurría, según la información recopilada por este diario en fuentes policiales, mientras el inspector de Tráfico y un agente se enfrentaban a expedientes e incluso al traslado forzoso

Todo esto ocurría, según la información recopilada por este diario en fuentes policiales, mientras el inspector de Tráfico y un agente se enfrentaban a expedientes e incluso al traslado forzoso, en decisiones que han sido recurridas por los policías perjudicados. El principal argumento utilizado para promover esos expedientes fue la acumulación de quejas ciudadanas por sus actuaciones. ¿Quién presentó esas quejas? El último audio de la serie de grabaciones que recoge supuestas irregularidades en la Policía Local de Granada da respuesta a la pregunta: supuestamente se fabricaron. Siempre de acuerdo al contenido del audio, publicado por The Objective, fueron requeridos varios policías para 'reclutar' personas que presentaran las quejas, dándole instrucciones de qué debían reflejar, insistiendo en que hablaran de "vejaciones". Esto último, según las fuentes consultadas, constituye una falta más grave y una forma de justificar un expediente que, de otra manera, difícilmente podría prosperar. 

Este martes, tras salir a la luz esas últimas conversaciones, con el exjefe como protagonista y otros de sus colaboradores, el sindicato CSIF ha exigido la restitución en su puesto del inspector de Tráfico. La situación ha llegado a "un punto insostenible" y "cada día que pasa sin corregir esta y otras injusticias solo profundiza la crisis dentro del Cuerpo", ha advertido el sindicato en un escrito dirigido a la concejala de Protección Ciudadana y Movilidad, en el que recuerda que ya advirtió de que el traslado fue una decisión "injusta, arbitraria y carente de cualquier fundamento profesional". 

Antes de salir a la luz este segundo audio, el PSOE en el Ayuntamiento de Granada había reclamado a la alcaldesa que, al igual que hizo con la única grabación que remitió a la Fiscalía, procediera de la misma manera con el referido a la retirada de multas. También le instó a que aclarar a qué políticos retiró sanciones la cúpula policial.

Cuando la pasada semana fue preguntada por los periodistas sobre este asunto, Carazo respondió que la alcaldesa dijo que su instrucción siempre ha sido que "quien la hace la paga" y que "no se perdone ni una sola multa". 

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