El pasado viernes se celebraron las oposiciones a subinspector de la Policía Local que habían sido anuladas por sentencia judicial tras constatarse que aquellos exámenes, que se hicieron en 2007, fueron filtrados. La celebración del nuevo concurso oposición completaba al fin la ejecución de la sentencia, a la que se resistió el anterior gobierno del PP y que tuvo que asumir el gobierno socialista a su llegada a la Alcaldía. 

Según la información recabada por El Independiente de Granada, niguno de los aspirantes ha superado la primera parte del ejercicio, circunstancia que deja desiertas las plazas. 

Llegar a la celebración del examen no ha sido fácil. A los largos años en los tribunales, primero en lo Penal y finalmente en lo Contencioso, donde se constató la filtración y también la contaminación del tribunal de la oposición de 2007, se han sumado las dificultades para ejecutar la sentencia. 

El verano pasado el juzgado tuvo que apremiar al Ayuntamiento para que lo hiciera. La sentencia se dictó en febrero, pero cuando el PP fue apartado del gobierno en mayo aún no había dado los pasos ordenados por los tribunales. 

Así, a finales de julio el alcalde, Francisco Cuenca, dictó un decreto dejando sin efecto a su vez otros dos de 2007 que se correspondía con el nombramiento, primero en prácticas y después como subinspectores, de los policías que lograron las plazas en el examen filtrado. Ese decreto fue acompañado de otras decisiones administrativas preceptivas, como informar a los afectados del trámite y darles audiencia. Además, se informó a Recursos Humanos de la situación en la que quedaban tres de ellos a fin de que se habilitaran las correspondientes plazas de oficial. Y se acordó retrotraer las actuaciones a la fase de oposición y se designó tribunal. 

El hecho de que algunos de los policías que en su día adquirieron la condición de subinspector hubieran ascendido en la escala, por ejemplo uno de ellos a intendente, también obligó a dar pasos en ese sentido.

Los agentes demandados intentaron parar la ejecución y, por tanto, la celebración de nuevo de las oposiciones. Al ver desestimadas sus alegaciones recurrieron al Juzgado número 1 de lo Contencioso Administrativo, el que dictó la sentencia anulando las oposiciones de 2007 finalmente confirmada por el TSJA este año. 

El intento tampoco prosperó. En un auto con fecha 17 de noviembre, la magistrada María Isabel Moreno, titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1, desestimó el incidente de ejecución y requirió a la Administración local para que, una vez concluyera el proceso selectivo, lo pusiera en conocimiento del juzgado "a los efectos de dar por ejecutada la sentencia". 

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La jueza desestimó todos los incidentes de ejecución

El auto, según ha comprobado este diario, analiza pormenorizadamente cada una de las cuestiones planteadas por los agentes que se beneficiaron en su día de las oposiciones anuladas.

Por ejemplo, entre las alegaciones señalaron que el fallo de la sentencia no implicaba cese en el cargo actual. Para ello se argumentaba que los actos de nombramientos y toma de posesión no fueron recurridos y que habían ganado firmeza y desplegado sus efectos en los nueve años transcurridos.

También se alegó que el Decreto de ejecución de sentencia transformaba 'un fallo de anulación en un fallo de nulidad', de manera que no bastaba -a juicio de los agentes demandados y que han intentado evitar la ejecución de la sentencia- celebrar nuevamente el concurso oposición, sino que se hacía necesario cesar a los subinspectores que superaron la prueba. Con ello se transformaba un fallo de anulabilidad en un fallo de nulidad.-

Entre las alegaciones llama la atención que incluso consideraran que debía ser el mismo tribunal que hizo las primeras oposiciones el que estuviera al frente ahora, rechazado por la jueza -dándole la razón a la Administración- recordando que "la celebración de la oposición requiere de un nuevo Tribunal toda vez que, la propia sentencia de segunda instancia parte de una más que probable contaminación del propio Tribunal. Las circunstancias y el motivo de anulación del acto requiere de un nuevo Tribunal.

Y que la sentencia habría quedado ejecutada con una nueva convocatoria en la que hubieran participado el demandante, sin que fuese necesario proceder al cese de los subdirectores e inspectores, no siendo necesario el inicio de ningún procedimiento tendente a la revisión de estos nombramientos".