Stop Desahucios Granada ha denunciado que Emasagra y el Ayuntamiento de Granada niegan el agua potable a la familia formada por Sofía y sus tres hijos menores de edad, que llevan sobreviviendo tres meses sin este suministro básico para la vida. 

Según indica en una nota de prensa, el colectivo ciudadano va a reunirse este viernes con la Concejalía de Política Social, Familia, Discapacidad y Mayores, para defender el derecho al agua potable de esta familia conformada por Sofía, miembro de Stop Desahucios, con 3 menores a cargo, y ha convocado una manifestación de protesa a las 11 horas en la Plaza del Carmen.

El derecho al agua es un derecho humano reconocido por la Organización de Naciones Unidas (ONU) desde 2010 y España lo ratificó comprometiéndose a garantizarlo. Además, el Decreto andaluz 120/1991, en su artículo 53 señala que para obtener un suministro se debe aportar una prueba documental “que acredite el derecho de disponibilidad” y esta familia posee certificado de empadronamiento, según Stop Desahucios.

Sin embargo, Emasagra, la empresasde de gestión de agua "deniega este derecho, frecuentemente, exigiendo las otras dos pruebas documentales (propiedad o arrendamiento)". Por ello, ya en 2015, un informe del Defensor del Pueblo Andaluz sobre el derecho al agua instaba a “asegurar el derecho al acceso al agua... en especial a los grupos vulnerables y marginados” y a no impedir el acceso al suministro por impagos u otras cargas pues “en ninguna circunstancia deberá privarse a una persona del mínimo indispensable de agua”. 

"No está cumpliendo" la legislación

Emasagra conoce la legislación, "pero no la está cumpliendo", dice Stop Desahucios. El Ayuntamiento de Granada es socio mayoritario de Emasagra con el 51% de las acciones, mientras que la multinacional AQUAGEST SUR posee el 49%, "por lo que no entendemos que se esté impidiendo a las familias a un derecho tan básico para la vida y que el Ayuntamiento pudiendo resolverlo, decida no hacerlo".

Se da la circunstancia de que hace tan solo una semana Emasagra y el Ayuntamiento renovaron su convenio convenio para garantizar el acceso al agua a las personas en situación de vulnerabilidad. Según dijo la alcaldesa, Marifrán Carazo, en el acto de renovación, "el acceso al agua es un derecho esencial que ninguna persona debe perder por falta de recursos. Con este acuerdo, el Ayuntamiento de Granada da un paso decidido para blindar este derecho y proteger a quienes más lo necesitan". Por ello, añadió, "la justicia social comienza en los servicios básicos, y garantizarlos es una obligación moral e institucional".

Stop Desahucios afirma, por su parte, que "hoy, que tanto se habla de la escasez de agua y el difícil porvenir de la sociedad y los ecosistemas, desde nuestro colectivo queremos remarcar que hay familias en nuestra ciudad sin acceso a agua potable, desde hace más de un año y que no guarda relación con el preocupante calentamiento global, sino con la falta de responsabilidad institucional para ponerle solución".

Por ello, en la reunión con la Concejalía "queremos defender el derecho de las familias al agua potable como prioridad e intensificaremos las acciones hasta conseguirlo".