El grupo municipal de Unidas Podemos e Independientes ha denunciado este lunes la "privatización del suelo público" que está realizando el equipo de gobierno socialista y ha solicitado copia de los últimos convenios realizados con entidades privadas como el de la nueva residencia de estudiantes. Así, también han anunciado que se ha solicitado que no se firme ningún acuerdo sin ser ratificado por el Pleno, al menos para poder incluir las clausulas que impidan “regalar el suelo público a un negocio”. El concejal Paco Puentedura ha incidido en que “nos sorprende mucho que un gobierno que se hace llamar socialista tenga el mismo ímpetu privatizador que tenía el PP en su momento” y ha reprochado que se trata de “medidas electoralistas y con afán privatizador”.

El concejal se ha referido a “distintas comparecencias públicas que ha protagonizado en las últimas semanas el alcalde, Francisco Cuenca, y ha incidido en concreto en el anuncio de que había varias parcelas disponibles en la ciudad para equipamiento destinado a personas mayores, también otras que se estaban poniendo en uso en la zona de la Azulejera, otras más alrededor de Mondragones para futuras viviendas y también la concesión que se va a establecer para la construcción de una nueva residencia de estudiantes en el entorno de lo que se llamaba el ‘botellódromo’.

El Ayuntamiento informó la semana pasada de la próxima construcción de la residencia "en las actuales instalaciones deportivas del que fuese botellódromo de la ciudad", si bien un miembro del gobierno local matizó días después en redes sociales que la residencia se levantará en una parcela contigua, frente al colegio Ramón y Cajal. 

Puentedura ha querido dejar claro que, por parte de UP, no encuentran ningún problema en que existan estos usos dotacionales para mayores, viviendas y estudiantes. Sin embargo, ha dicho, “lo que no podemos estar de acuerdo con el modelo que se está buscando y que va hacia la privatización del patrimonio municipal de suelo”. El edil, por tanto, ha señalado “cómo este Ayuntamiento debería abordar estos asuntos” y ha puesto como ejemplo el convenio que existía entre el Consistorio y la Junta de Andalucía sobre el que se desarrolló un Plan Director de infraestructuras deportivas y que establecía una vigencia de 8 años (hasta 2015) en el cual se definía cuáles serían las inversiones en esta materia y qué parte financiaría cada actor.

“No solo no se ha renovado este convenio, sino que no encontramos que parcelas de uso deportivo han ido a concesiones privadas y no ha mejorado los equipamientos públicos porque dichas inversiones se han destinado a gimnasios privados, o sea, negocio”. Puentedura ha reprochado que, por tanto, “solamente podrán acceder a estas instalaciones los que puedan pagarlas, no toda la ciudadanía en igualdad de condiciones”.

Zona deportiva para uso privado

Sucede igual, ha añadido, “con la zona del antiguo botellódromo, donde ahora existe un área deportiva, que tras la compra del solar por una multinacional que construirá una residencia de estudiantes, pasará a ser una zona de usos y servicios de la nueva instalación privada, pero no de los vecinos y vecinas del barrio, que ya de por sí se han quedado sin apenas instalaciones deportivas”. Esto es, ha sentenciado, “una privatización de facto del suelo de todos y todas, de un sistema general de espacios libres”.

Bajo el punto de vista de UP, ha continuado el concejal, “es verdaderamente mezquino que el equipo de gobierno alegue que, de esta manera, se consigue que este espacio que estaba abandonado no genere molestias y ruidos”. Puentedura ha manifestado que, de hecho, “si esa parcela estaba abandonada ha sido porque desde el gobierno municipal han hecho dejación de funciones y han propiciado que se convierta en una zona insegura y que se podría haber evitado promoviendo las actividades e instalaciones deportivas”.

Puentedura ha subrayado que “algo muy parecido ha sucedido con las nuevas promociones de vivienda que se están anunciando” y ha comentado que en “ayuntamientos como el de Sevilla o Barcelona se está exigiendo a las promotoras que hasta el 30% de las viviendas se destinen a alquiler protegido”.