Delegados y delegados de CCOO de Granada se han concentrado este martes ante la delegación del Gobierno andaluz para denunciar la situación de desemparo en la que se encuentra el personal de los centros de protección de menores y de justicia juvenil en Granada, en los que trabajan medio millar de profesionales.

Según ha explicado el sindicato, en la movilización de carácter regional denunciamos que el 80% de estos trabajadores y trabajadoras han sufrido algún tipo de agresión física o verbal. CCOO señala que en los últimos meses ha habido en Andalucía siete agresiones físicas graves que han supuesto hospitalizaciones, fracturas y bajas de larga duración, por no hablar de los efectos psicológicos que tienen para los trabajadores y trabajadoras. De hecho, sólo 4 han sido denunciadas. Situaciones, que, según apunta CCOO “el Gobierno andaluz no está fiscalizando porque existe un observatorio de justicia juvenil que estudia la reincidencia, pero no las agresiones de los trabajadores y trabajadoras”. 

El sindicato de Enseñanza de CCOO Granada ha expuesto la situación en la que se encuentran unos 25 centros de protección de menores y de justicia juvenil en Andalucía y los datos son realmente muy preocupantes. En Granada, el contrato de servicio de acogimiento residencial de menores con un total 222 plazas se encuentra anulado desde noviembre de 2024, que no ha vuelto a salir a licitación y cuyos trabajadores llevan sin actualizar sus salarios desde julio de 2020. El Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) Genil masculino licitado a principios de 2021, tampoco ha actualizado las tablas salariales de sus trabajadores desde esa fecha y comparte instalaciones con otro recurso femenino que sí tiene sus tablas salariales actualizadas, dándose la paradoja que trabajadores del mismo centro de trabajo cobran distinto en función de dónde estén asignados.  

Y por ello, "nos movilizamos para exigir al Gobierno andaluz medidas inmediatas  a través de un refuerzo de personal, protocolos efectivos de seguridad, aplicación íntegra del quinto convenio colectivo y reconocimiento del plus de peligrosidad para los y las profesionales". “Estamos ante un servicio público esencial cuyo modelo de gestión privatizado no es efectivo”, argumenta el sindicato. “Este modelo de gestión privatizado de un servicio esencial tiene dos víctimas, por un lado sus trabajadores y trabajadoras que desempeñan sus funciones en condiciones cada vez más inseguras y con dificultades; y por otro los y las menores que no reciben la atención ni la estabilidad y recursos que necesitan por parte del Gobierno de Andalucía”.