Compromiso por Andalucía (CPA), que gobierna en el Ayuntamiento de Caniles, ha presentado alegaciones al proyecto de megaplanta fotovoltaica Ququima -que ocupará 700 hectáreas en Caniles y Baza- por “el peligro para el Geoparque y el desarrollo del norte de la provincia de Granada”. 

Según la alcaldesa de Caniles, María Pilar Vázquez, “es un proyecto desproporcionado que pone en peligro la sostenibilidad del territorio en favor de intereses empresariales ajenos por completo a nuestra comarca”. Por su parte, Olivié Sánchez, presidente de la Mancomunidad de Baza, estima que "pone en riesgo los principios básicos de la Unesco para los Geoparques sobre conservación y desarrollo local”.  

El sábado 29 de julio a las 19:30 hay convocada en Caniles una manifestación y tractorada contra el proyecto. 

La planta, todavía en fase de exposición pública previa a la declaración de impacto ambiental e interés público, prevé la instalación de más de medio millón de placas solares en un terreno actualmente ocupado por olivos, almendros y zonas de regadío, a apenas 5 kilometros de las poblaciones de Baza y Caniles con una población de 25.000 habitantes. “Ataca de lleno al desarrollo sostenible del territorio eliminando el sustento de muchas familias dedicadas a la agricultura así como de jóvenes emprendedores que han acondicionado alojamientos rurales en zonas naturales que quedarán a escasos metros del megaproyecto” alerta Vázquez.

“Un proyecto de energía renovable respetuoso con el entorno y que contribuya al desarrollo económico y social sería aceptado y bien recibido, la energía renovable es el futuro pero así planteadas destruirán el de nuestra comarca”, añade la alcaldesa.

Por otra parte, Olivié Sánchez (CPA), presidente de la mancomunidad de municipios de la comarca de Baza, manifiesta su preocupación por “el desastre que supone que tras tantos años de esfuerzos de todas las administraciones y población, tengamos que ver cómo apenas un año después de conseguir la declaración de Geoparque mundial por parte de la Unesco se pone en riesgo este reconocimiento en el que tantas esperanzas de futuro se han creado, sería una irresponsabilidad mirar a otro lado”. 

Desde Compromiso por Andalucía (CPA), que ha presentado sus alegaciones al proyecto, aseguran que “no vamos a quedarnos impasibles ante un proyecto que impone pero no propone, y que viene a seguir esquilmando nuestros recursos naturales sin dejar nada positivo en el territorio”.

Oposición "unánime"

En esa misma línea apuntan a que “en este tipo de proyectos unos se posicionan actuando desde las administraciones o callando desde las mismas, nosotros hemos optado por actuar como han hecho los vecinos de la comarca y los colectivos de agricultores, empresarios, ecologistas, e incluso de regantes y cazadores, el NO a esta forma de actuar en nuestra comarca ha sido unánime y no actuar ante ello sería dar la espalda a la población por intereses ajenos a la comarca” han explicado.

El proyecto solar de Ququima defiende la creación de “beneficios para los ayuntamientos y creación de puestos de trabajo”, algo que desde la formación andalucista niegan puesto que “sólo hay que ver lo que ocurre en todos los proyectos similares, se crean algunos jornales de trabajo en los primeros meses para la construcción y después no se crea ni un solo puesto de trabajo estable, el personal de mantenimiento y reparación lo tiene la empresa y vendrá sólo puntualmente cuando sea necesario”, defienden, mientras que en lo relativo a los recursos públicos aseguran que “estas tierras ya generan recursos públicos, pagan sus impuestos locales y también los de las actividades, dejando además el beneficio en la comarca, el proyecto Ququima sin embargo tributará su actividad en Madrid y dejará sus beneficios en los fondos de inversión internacionales, los ayuntamientos no se sostienen durante 30 años con una licencia de obras”. 

Por último, Vázquez revela que pese a que “llevan años trabajando en el proyecto”, que afecta a 500 hectáreas del municipio de Caniles, “ni el Ayuntamiento, ni las comunidades de regantes, ni los vecinos y propietarios tuvieron constancia del mismo hasta la publicación del proyecto en el BOE y las amenazas de expropiación de tierras por un supuesto interés público que es falso. Queremos renovables sí, pero no de esta manera”.