Una operación contra la explotación laboral, de la Policía Nacional en colaboración de la Inspección de Trabajo ha inspeccionado en Granada, Motril y Salobreña seis establecimientos en los que eran explotados laboralmente ciudadanos de Pakistán y Bangladesh. Han resultado detenidos seis hombres originarios de Paquistán y Bangladés como presuntos responsables de delitos de usurpación de estado civil, falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores extranjeros, según informa la Policía en una nota.

La operación comenzó a raíz de una información recibida de la Oficina de Extranjeros de Granada sobre una serie de irregularidades en la contratación de ciudadanos extranjeros de nacionalidades paquistaní y bangladesí. Agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Granada iniciaron la investigación de la Operación Kebabs, la cual se ha desarrollado durante los meses de mayo y junio y llevado a cabo en dos fases, la primera de ellas en torno a kebabs situados en el distrito Centro de Granada y otra en Motril y Salobreña.

Según los datos recibidos, los empleados trabajaban de manera ilegal por encontrarse también en situación irregular en el territorio español, sin estar registrados ni dados de alta en la Seguridad Social, sin la oportuna autorización de residencia y trabajo y por tanto desamparados, vulnerando sus derechos más esenciales.

Sueldos "irrisorios"

Durante el mes de junio, los agentes de la Policía Nacional con la colaboración de la Inspección de Trabajo, inspeccionaron cuatro locales de comida tipo kebab situados en el distrito Centro de Granada, donde fueron identificadas 11 personas de origen paquistaní y bangladesí, varios de ellos en situación irregular, sin autorización de residencia y trabajo. Posteriormente se realizaron otras dos inspecciones en la costa de Granada, en Motril y Salobreña, donde se identificaron siete hombres de origen paquistaní, bangladesí y marroquí. En todos los restaurantes había trabajadores en situación irregular, algunos de los cuales mostraron tarjetas de residencia de otros compatriotas que sí se encontraban en situación regular y de alta en la Seguridad Social.

Los responsables de los locales investigados se aprovechaban de la situación de vulnerabilidad y necesidad en la que estaban al no tener documentación y encontrarse en situación irregular y desconocer el idioma, sin estar en su mayoría dados de alta en la seguridad social, y también carecían de contrato laboral y recibían contraprestaciones "irrisorias", dice la Policía, por sus jornadas de trabajo.

Las seis personas detenidas pueden enfrentarse, además de a la responsabilidad penal, a sanciones de multa desde 10.001 hasta 100.000 euros o a la expulsión del territorio nacional por considerarse infracciones muy graves.