El Ayuntamiento de Granada podría estar incurriendo en una "conducta omisiva en favor de Uber y en contra del servicio público" del taxi. Es la denuncia que hace, en una nota de prensa, la Asociación Profesional Élite Taxi Andalucía, que hace unos meses instó al Ayuntamiento a que hiciese inspecciones para aclarar las presuntas irregularidades que cree están cometiendo Uber y los taxistas que trabajan para la gran plataforma de transporte.

"A día de hoy y desde que comenzó Uber en Granada su campaña allá en las navidades de 2024, seguiría incumpliendo la normativa"

"A día de hoy y desde que comenzó Uber en Granada su campaña allá en las navidades de 2024, seguiría incumpliendo la normativa", ha señalado en una nota de prensa la asociación, que hace hincapié en que en Uber "estarían obligados a cumplir ciertos requisitos recogidos en la Ordenanza reguladora del Servicio de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo Auto-Taxis en Granada y su Área de Prestación Conjunta", que en su artículo 56, recoge entre los requisitos para dar servicio "disponer de un servicio telefónico de atención al cliente 365 días personal, disponer de oficinas o instalaciones abiertas al público y disponer de un número mínimo de vehículos taxi equivalente al 20% de la flota que opera en el APC". Estos son, según Élite Taxi, los requisitos que "al parecer no se cumplen, así como la propia autorización para comenzar la actividad en Granada, que tampoco nos consta que hayan obtenido".

Para Élite Taxi puede haber "un incumplimiento de la normativa aplicable a las empresas de intermediación, así como un presunto incumplimiento de la normativa sobre tarificación y taxímetro, tal y como refleja en su artículo 58 de la misma norma Anexo IV. Normas y parámetros para el cálculo del precio cerrado". Todo ello, agrega, "constatado y documentado por la propia asociación mediante un servicio realizado en un servicio de taxi mediante la plataforma Uber, que en cuestión de minutos inflaba los precios por encima de un 65% en función de la oferta y la demanda y no como debiera, ajustado a la tarifa oficial regulada. Sobre esto mismo el 11 de marzo esta asociación volvió a recordar y advertir formalmente al ayuntamiento sobre la denuncia y las consecuencias de no proceder sobre la misma".

Ante este "despropósito", el Ayuntamiento de Granada "ni tan siquiera ha contestado al denunciante, lo cual pudiese estar incurriendo presuntamente en una “conducta omisiva” en sus obligaciones y competencias como Ayuntamiento", ha lamentado la asociación. "No queremos pensar que esta actitud pueda obedecer a intereses", en alusión a la investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, sobre 124.000 documentos de Uber filtrados al Diario “The Guardian”, que señaló "la entrada en Europa pisoteando marcos legales, presionando a políticos y oligarcas y evadiendo impuestos".

"Esto pudiera ser un paso más en el desmantelamiento sutil del servicio público del taxi y la pérdida de garantías de accesibilidad de la ciudadanía a este servicio público"

A juicio de Élite Taxi, "esto pudiera ser un paso más en el desmantelamiento sutil del servicio público del taxi y la pérdida de garantías de accesibilidad de la ciudadanía a este servicio público". Por ello, ante la "gravedad" de los hechos y la "vulneración de los derechos de las usuarias y usuarios", consideran que "el órgano competente debiera estar ya realizando los trámites pertinentes de inspección, y dado el caso, apertura de expediente sancionador y cese inmediato de la actividad, algo que a esta asociación ni le consta, ni le han notificado como denunciante de los hechos".

Élite Taxi advierte de que seguirá denunciando y no descarta, incluso, "acudir a la justicia por la vía penal, si fuera necesario y procediera".