el real decreto quiere garantizar que "todas las universidades sean de calidad"
La Junta abre otro frente con Gobierno y universidad pública al rechazar el decreto que pretende reforzar las exigencias a los 'campus' privados
El Gobierno de Moreno no quiere endurecer los requisitos para la creación de universidades privadas, que prima, mientras mantiene a las universidades públicas con un notorio déficit de financiación. Te informamos.
Juan Manuel Moreno y los rectores de las universidades públicas andaluzas durante la inauguración del curso universitaro 2024-2025 en la Universidad de Huelva. Universidad de Huelva.
En un acto en defensa de la universidad pública, en la sede de la UNED de Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado 31 de marzo un real decreto para defender la calidad, equidad y prestigio del sistema universitario español y evitar lo que definió como "chiringuitos". Sin explicarlo, se refería claramente a esas universidades privadas que proliferan, con escasa transparencia en su propiedad, sin demasiado alumnado y, aunque debe contar con la autorización de las respectivas comunidades autónomas donde se asientan, el plácet, muchas veces exprés, parece poco riguro, entre otros motivos, por la dudosa homologación de títulos y la facilidad con la que se obtienen o el nivel del profesorado que los imparten.
El real decreto, cuya tramitación urgente fue aprobada al día siguiente por el Consejo de Ministros, plantea el endurecimiento de los criterios de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, porque "una universidad no puede ser una máquina expendedora", ni "una fábrica de títulos sin garantías"
El real decreto, cuya tramitación urgente fue aprobada al día siguiente por el Consejo de Ministros, plantea el endurecimiento de los criterios de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, porque "una universidad no puede ser una máquina expendedora", ni "una fábrica de títulos sin garantías", señalaba Pedro Sánchez quien subrayaba: “Vamos a perseguir las prácticas que atenten contra el prestigio de nuestras universidades, públicas y privadas, para que cumplan con nuestros estándares de calidad y aseguren la excelencia de los profesionales que nos cuidan y nos defienden".
En su intervención, avanzó que el Gobierno de España iba “a dar la batalla en defensa del sistema universitario español". "Vamos a defender su calidad, su equidad y su prestigio. Y por supuesto, vamos a romper una lanza a favor de lo público, sin demérito de aquellas instituciones privadas que sí funcionan bien, con rigor y calidad".
Un decreto que refuerza las exigencias de las nuevas universidades
El Gobierno prevé aprobar el próximo mayo el real decreto que modifica el real decreto 640/2021 de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, tras dar el visto bueno el Consejo de Ministros del pasado 1 de abril su tramitación urgente de este real decreto con el objetivo de que entre en vigor "lo antes posible", según informó el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Con esta medida, el Gobierno quiere "reforzar las exigencias para garantizar que todas las universidades, públicas y privadas, sean proyectos de calidad y sostenibles", con el objetivo de "garantizar la calidad global de los centros universitarios, indistintamente de si las universidades son públicas o privadas"
El trámite de audiencia e información pública se inició el pasado miércoles 2 de abril. Durante este trámite, el Ministerio escuchará "a todas las partes implicadas, a otros ministerios y al Consejo de Estado", según el Ministerio.
Con esta medida, el Gobierno quiere "reforzar las exigencias para garantizar que todas las universidades, públicas y privadas, sean proyectos de calidad y sostenibles", con el objetivo de "garantizar la calidad global de los centros universitarios, indistintamente de si las universidades son públicas o privadas".
El real decreto, según precisan desde el Ministerio que dirige Diana Morant, "no limita la aparición de universidades privadas, constitucionalmente reconocidas". Sin embargo, sí que pretende asegurar que todas las propuestas de nuevas universidades que presenten un programa docente e investigador "con la calidad suficiente y homologable al que ha caracterizado hasta el momento al sistema universitario español en su conjunto", por lo que busca "garantizar la calidad".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención acto de apoyo a la universidad pública. Pool Moncloa/Fernando Calvo.
Con el nuevo real decreto, será necesario un informe de evaluación preceptivo y vinculante elaborado por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA) o las agencias autonómicas equivalentes, además del informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria que se exige actualmente.
Las universidades virtuales (con más del 80% de su docencia bajo modelo virtual) serán consideradas universidades de especiales características, al tener su ámbito territorial de actuación todo el Estado. Por ello, solo podrán ser autorizadas con la aprobación de las Cortes Generales.
Las universidades virtuales (con más del 80% de su docencia bajo modelo virtual) serán consideradas universidades de especiales características, al tener su ámbito territorial de actuación todo el Estado. Por ello, solo podrán ser autorizadas con la aprobación de las Cortes Generales.
Asimismo, se exigirá una masa crítica mínima de 4.500 estudiantes en los primeros cinco años de ejercicio, así como tres programas de doctorado en vez de dos como hasta ahora, y será preciso que en la oferta de Grados, Máster y Doctorado estén representadas tres de las cinco grandes ramas del conocimiento.
Además de la exigencia ya establecida en la anterior normativa de destinar el 5% del presupuesto anual de la universidad a investigación, se añade el requisito de obtener recursos en convocatorias y contratos de investigación equivalentes del 2% del presupuesto anual de la universidad.
También refuerza las garantías de solvencia económica del proyecto, ya que se requerirá un aval bancario, u otro instrumento legal similar, que demuestre fehacientemente la disponibilidad de recursos económicos suficientes para sustentar el proyecto.
También refuerza las garantías de solvencia económica del proyecto, ya que se requerirá un aval bancario, u otro instrumento legal similar, que demuestre fehacientemente la disponibilidad de recursos económicos suficientes para sustentar el proyecto.
Con el nuevo real decreto, las universidades se comprometen a disponer de una capacidad mínima de plazas de alojamiento estudiantil equivalente al 10% de las plazas de estudiantes ofrecidas; y se exigirá experiencia en gestión universitaria a sus promotores, y tendrán requisitos más estrictos en materia de investigación.
La Junta cree que puede ser “inconstitucional” y presenta alegaciones por considerarlo "arbitrario, parcial e injusto"
Tras las críticas furibundas a la medida del Gobierno por parte de la derecha, que se opone de plazo, entre ellos, desde el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, o el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, con el seguidismo de sus consejeros, la Junta de Andalucía presentó de inmediato sus alegaciones.
Moreno: “Es una patochada y las hay hasta en China". Entre sus críticas al decreto, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel, defendió que la universidad pública y la privada son "complementarias" y que hay que "fijarse en la calidad que ofrecen ambos sistemas", que existen en todas las naciones de Europa e “incluso en China,” un "país comunista".
Fue el mismo día que el Consejo de Ministros aprobaba la tramitación urgente del decreto, durante su intervención en la V Edición del Foro Económico de El Español 'Wake Up Spain', en Madrid, en el que Moreno criticó lo que llamó "patochada" del Gobierno central que pretenden generar "división", en este caso, con la universidad pública "versus privada".
Fue el mismo día que el Consejo de Ministros aprobaba la tramitación urgente del decreto, durante su intervención en la V Edición del Foro Económico de El Español 'Wake Up Spain', en Madrid, en el que Moreno criticó lo que llamó "patochada" del Gobierno central que pretenden generar "división", en este caso, con la universidad pública "versus privada".
La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía ya remitió al Gobierno sus alegaciones a la modificación del Real Decreto que regula la creación de universidades privadas para endurecer los requisitos porque entiende que parte de su articulado es "arbitrario, parcial e injusto" Lo tildó de esta forma el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, quien señaló además que decreto "puede rozar la inconstitucionalidad", en alusión a la presunta invasión de competencias.
José Carlos Gómez Villamandos en una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno. Junta de Andalucia.
Gómez Villamandos aseguró que "todo lo que vaya buscando la calidad, estamos de acuerdo" pero opinó que se trata de un borrador que excede de las competencias del Gobierno central.
En una entrevista en Canal Sur Televisión Gómez Villamandos aseguró que "todo lo que vaya buscando la calidad, estamos de acuerdo" pero opinó que se trata de un borrador que excede de las competencias del Gobierno central.
La principal alegación presentada por el Gobierno de Moreno se centra en el concepto "universidad con especiales características". Argumenta la Junta en su escrito de alegaciones que "el proyecto de modificación del Real Decreto cambia este concepto al definirlo, no sólo en referencia al ámbito territorial de actuación académica, sino añadiendo una nueva característica como es contar con titulaciones oficiales de Grado, Master Universitario y Doctorado con más del 80% de su actividad docente implementada bajo el modelo docente virtual o híbrido, entendida dicha actividad como la suma total de los créditos ECTS de su oferta académica oficial".
Para la Junta, "no hay motivo jurídico ni académico que justifique que el Estado se reserve la tutela y supervisión de las universidades que impartan en su mayoría docencia en modalidades virtuales o híbridas. Se trata de una clara intromisión en las competencias reservadas a la comunidad autónoma de Andalucía a quien corresponde en exclusiva sobre la creación de universidades públicas y la autorización de las privadas".
Las universidades públicas andaluzas aplauden el endurecimiento de requisitos para abrir privadas tras su "proliferación desmedida"
La Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) respaldan decreto del Gobierno por el que se endurecen los requisitos para abrir nuevas universidades privadas, "una iniciativa que nuestras instituciones vienen demandando desde hace tiempo ante la proliferación desmedida de centros privados de dudosa calidad".
Mercado apuesta por la calidad, pero "con las mismas reglas de juego". En su declaración sobre el de decreto del Gobierno, el rector de la Universidad de Granada (UGR), Pedro Mercado, apuesta por un sistema universitario español de calidad "sea cual sea el legítimo" componente, público o privado, que lo conforme, así como por que todas las universidades cuenten "con las mismas reglas de juego".
Mercado ha explicado que la UGR, "como universidad pública", considera que la cuestión del sistema universitario en España "debe velar por la calidad de la educación superior, sea cual sea el legítimo" componente de "cualquier iniciativa" y apuntando a que la iniciativa privada está contemplada "constitucionalmente" en este ámbito. Y, en este contexto, pidió que todas las universidades estén "en el mismo plano de requisitos" y "de financiación", y, en resumen, cuenten "con las mismas reglas de juego en cuanto a titulaciones y por tanto, que la calidad, no el carácter público o privado", y "la excelencia de la universidad, sea la que prime en este debate".
Mercado ha explicado que la UGR, "como universidad pública", considera que la cuestión del sistema universitario en España "debe velar por la calidad de la educación superior, sea cual sea el legítimo" componente de "cualquier iniciativa" y apuntando a que la iniciativa privada está contemplada "constitucionalmente" en este ámbito. Y, en este contexto, pidió que todas las universidades estén "en el mismo plano de requisitos" y "de financiación", y, en resumen, cuenten "con las mismas reglas de juego en cuanto a titulaciones y por tanto, que la calidad, no el carácter público o privado", y "la excelencia de la universidad, sea la que prime en este debate".
En un comunicado de prensa, explican que el sistema universitario público andaluz ha puesto de manifiesto que "lo más relevante del debate suscitado por esta necesaria reforma es delimitar jurídicamente lo que se considera universidad, que en toda Europa se ciñe a las instituciones de educación superior que imparten docencia, investigan y transfieren el conocimiento que producen, sin importar su naturaleza pública o privada".
El presidente de AUPA, Francisco Oliva, acompañado del resto de rectores en una imagen de archivo. Francisco J. Olmo / Europa Press
"Si bien la normativa vigente ya acotaba en cierta medida los criterios para la creación de nuevas universidades, la laxitud de su formulación ha permitido que se dispare el número de centros académicos privados que no cumplen con los mínimos requisitos exigibles, y que comercializan títulos de igual validez legal a los que ofrecen las universidades"
"Si bien la normativa vigente ya acotaba en cierta medida los criterios para la creación de nuevas universidades, la laxitud de su formulación ha permitido que se dispare el número de centros académicos privados que no cumplen con los mínimos requisitos exigibles, y que comercializan títulos de igual validez legal a los que ofrecen las universidades", argumentan los rectorados andaluces.
Para los rectores, "esto supone, a todas luces, una merma en la calidad del sistema universitario español y una fuente de desequilibrios y competencia desleal hacia las universidades, ya sean públicas o privadas". Por eso, defienden la necesidad de "revertir esta situación" para evitar la "deriva actual hacia un modelo de mercantilización del derecho a la educación incompatible con la existencia de un sistema universitario de calidad" en el que priman la igualdad de oportunidades y la meritocracia.
En resumen, la AUPA confía en que "se siga avanzando en esta senda, que debe culminar en un acuerdo entre todas las administraciones implicadas para alcanzar, cuanto antes, el suelo de inversión pública del 1% del PIB como exige la LOSU".
Más privadas en Andalucía, mientras las pública infrafinanciadas
Desde la llegada de Juan Manuel Moreno a la presidencia de la Junta, el número de universidades privadas en Andalucía ha aumentado significativamente, mientras existe un descontento evidente entre las universidades públicas por su infrafinanciación. Hay ya cinco 'campus' privados por diez públicos, más la UNED..
La aprobación de hasta cuatro universidades privadas durante 2024 en Andalucía puso a los rectores de lpúblicas en pie de guerra. El rector de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Francisco Oliva, aseguraba que "demás de ofrecer títulos redundantes, de dudosa calidad y con baja tasa de empleabilidad, estas entidades no cuentan con las infraestructuras y el personal mínimos para garantizar una docencia, investigación y transferencia del conocimiento acorde a la regulación actual" para, posteriormente subrayar que "ninguna excusa justifica seis universidades privadas en Andalucía".
Dos de los nuevos 'campus' privados fueron rechazados ante la Junta de Andalucía por escrito, en un texto que contó entonces con el aval de la firma del actual consejero Gómez Villamandos, entonces rector de la Universidad de Córdoba y presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Una de estas dos también contó con el informe desfavorable de la Conferencia General de Política Universitaria.
Mientras, la infrafinanciación de las universidades públicas es notoria y reune la queja de los rectores andaluces de las públicas. En marzo pasado, el Gobierno andaluz y las universidades públicas alcanzaron un acuerdo de financiación extraordinaria para 2025, tras meses de negociaciones en las que los rectores reclamaban a la Junta que saldara una “deuda millonaria” para cumplir con los pactos firmados en 2024.
Finalmente, la Junta de Andalucía se comprometió a transferir el pago de una serie de complementos retributivos del personal universitario, empezando por este año. La anualidad correspondiente a 2024 queda de momento en el aire, pues se va a prorratear su pago entre los dos ejercicios siguientes (2026 y 2027).
Las universidades públicas calculan una deuda de la Junta de 50 millones, que ahsta sopesaron llevarla a la Justicia, la mitad de ellos para cumplir íntegramente con el modelo de financiación y el resto, para pagar los complementos retributivos de la plantilla. El Gobierno andaluz se ha comprometido a principios de año a abonar en breve 21 millones de euros, pero, a las universidades públicas, esa cuantía “no satisface” los problemas que afronta el sistema universitario andaluz este nuevo ejercicio.
