Los ayuntamientos de la provincia de Granada contarán con 25,2 millones de euros del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), el antiguo PER, para ejecutar obras y servicios de competencia municipal entre 2025 y 2026. Así lo ha aprobado este jueves la Comisión Provincial de Seguimiento del PFEA, en una reunión presidida por el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla.

Este presupuesto forma parte de los 194,8 millones de euros que el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través del SEPE, ha asignado al conjunto de Andalucía. En Granada, se estima que con estos fondos se podrán contratar aproximadamente a 16.000 personas desempleadas y se generarán alrededor de 300.000 jornadas de trabajo entre junio de 2025 y diciembre de 2026.

Del total aprobado para la provincia, 21,7 millones se destinan al Plan de Garantía de Rentas, y 3,5 millones al Programa de Generación de Empleo Estable.

El subdelegado del Gobierno ha destacado que “este programa es una herramienta fundamental dentro de las Políticas Activas de Empleo gestionadas por el SEPE en la provincia. Su objetivo es claro: generar empleo y dinamizar la economía en el ámbito rural, ofreciendo un futuro a nuestros pueblos”.

Las ayudas cubrirán los costes salariales y la cotización empresarial a la Seguridad Social de los trabajadores contratados por los ayuntamientos. Estos contratos tendrán como finalidad la ejecución de proyectos de interés general y social, así como iniciativas que favorezcan la inserción laboral en actividades agrarias, medioambientales o basadas en los recursos propios de cada territorio.

Aportaciones de Junta, Diputación y ayuntamientos

A los fondos del Gobierno de España se sumarán las aportaciones de la Junta de Andalucía, la Diputación de Granada y los propios ayuntamientos, destinadas a la adquisición de materiales, lo que podría incrementar el presupuesto hasta un 45% adicional.

Con la aprobación de este presupuesto, los municipios ya pueden comenzar a presentar sus proyectos para el periodo 2025-2026. Precisamente son las administraciones locales las responsables de determinar las actividades que darán empleo en sus municipios gracias a estos fondos, principalmente agrarios, el sector de obras y servicios de interés general y social, previamente consultada con los interlocutores sociales.