La Asamblea Andaluza de Asociaciones Memorialistas y Víctimas del Franquismo, reunida en Córdoba el pasado fin de semana, ha manifestado su "más firme condena" contra la decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de suspender el decreto del Consejo de Ministros en el que disponía para el 10 de junio la exhumación de los restos del dictador Franco.

Con esta decisión, "el Supremo mantiene el agravio hacia las víctimas del franquismo". Asimismo, "vulnera la Ley de Memoria Histórica y la legalidad internacional, que prohíben la exaltación de un dictador, que ha dejado más de 100.000 desaparecidos en fosas comunes, la mitad de ellos en Andalucía".

"Consideramos que el Tribunal Supremo vulnera, además, el principio de legalidad democrática, cuando reconoce al general golpista como jefe de estado, desde el 1 de octubre de 1936. Con esta afirmación, no sólo pone de manifiesto su falta de rigor histórico, sino que está legitimando la rebelión militar contra la II República, pues ignora que Manuel Azaña era, en el año 1936, el jefe de estado constitucional".

La asamblea señala por el contrario que comparte el comunicado emitido por la asociación de Juezas y Jueces por la Democracia, que considera "insólita" la resolución del Supremo y denuncia "la incapacidad de la justicia española para perseguir los crímenes de la dictadura y reparar a las víctimas de las atrocidades contra la vida y los derechos fundamentales que se cometieron".

"No es la primera vez que el Tribunal Supremo deja en desamparo a las víctimas, lo que supone un desprestigio para el Estado de Derecho. En 2008, impidió al juez Baltasar Garzón investigar los crímenes del franquismo y ahora continúa obstaculizando la investigación de la jueza argentina María Servini. Es por tanto un tribunal bajo sospecha, que nos recuerda al Tribunal de Orden Público de la dictadura".

Por todo ello, la asamblea exige "la disolución de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, cuya actuación en los últimos años es más propia de un tribunal de la dictadura que un tribunal democrático. Y la inmediata exhumación del dictador Franco, tal y como ha aprobado el Congreso de los Diputados, que representa a la soberanía popular".