Las víctimas de violencia machista ya no quieren más minutos de silencio, ni concentraciones frente a las instituciones de quienes ostentan las responsabilidades públicas de protegerlas a ellas y sus hijos. Las mujeres que sufren estas situaciones quieren soluciones para poder vivir como el resto de la ciudadanía sin tener que mirar quien sigue sus pasos, entrar con miedo al portal de su vivienda, temer por si sus criaturas volverán indemnes tras una visita del padre o esconderse del resto del mundo para poder continuar vivas.

Para ello se valió del peor de los crímenes, matar a sus propias hijas para enterrar en vida a su madre

Alina sólo quería regresar a Rumanía con sus hijas de dos y cuatro años, pero el hombre con el que, tiempo atrás, tuvo una relación decidió el pasado domingo que antes muerto que dejar que su expareja pudiera ser feliz junto a sus pequeñas. Para ello se valió del peor de los crímenes, matar a sus propias hijas para enterrar en vida a su madre. Violencia vicaria se llama. Desde 2003, fecha en la que comienzan a contabilizarse las víctimas de violencia machista -mujeres y sus hijas e hijos- cincuenta y cuatro menores han encontrado la muerte a manos de sus propios padres, esos hombres que un día dijeron que los querían.

¿Cómo le explicamos a Alina que los 1.000 millones del Pacto de Estado contra la violencia machista no alcanzan para ofrecerle una vivienda para vivir con sus hijas, un trabajo o una ayuda hasta que lo encuentre? ¿Se lo va a explicar alguien? ¿Quién?

Las autoridades que estos días utilizan las redes sociales para expresar su inmenso dolor por las víctimas son las mismas que abandonan a su suerte a las mujeres y a sus hijas e hijos. Alina fue una de ellas. Tras huir de su maltratador y denunciarle, permaneció durante meses en una casa de acogida de Granada de donde fue expulsada al cumplir el tiempo límite de estancia. Con sus dos niñas, sin red de apoyo familiar, sin trabajo y sin recursos económicos, Alina se encontró en la calle. ¿A quiénes les pedimos ahora responsabilidades? ¿Quién tiene la culpa? ¿Cómo le explicamos a Alina que los 1.000 millones del Pacto de Estado contra la violencia machista no alcanzan para ofrecerle una vivienda para vivir con sus hijas, un trabajo o una ayuda hasta que lo encuentre? ¿Se lo va a explicar alguien? ¿Quién?

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El grupo de Whatsapp de la asociación La Volaera de Granada echaba humo el pasado lunes. Las compañeras de Alina, mujeres víctimas de hombres maltratadores que compartieron casa de acogida con ella en Granada no paraban de enviar audios en los que lloraban por su amiga y esas criaturas a las que todas conocían. ¡Es ella!, ¡Es Alina! ¡Le han matado a sus niñas! Todas repiten lo mismo entre lágrimas, con sollozos y con entrañables recuerdos de las niñas mientras, con el corazón encogido, saben que quizás alguna sea la siguiente cuando desde la dirección del centro les digan que tienen que abandonar la casa porque el plazo se acabó.

María Martín Romero, presidenta de La Volaera, no se cansa de repetirlo y, una vez más, lo ha hecho a través de un comunicado en el que no deja lugar a dudas sobre los fallos del sistema

María Martín Romero, presidenta de La Volaera, no se cansa de repetirlo y, una vez más, lo ha hecho a través de un comunicado en el que no deja lugar a dudas sobre los fallos del sistema. “Denunciamos que todos los servicios están privatizados (016, Puntos de Encuentro Familiar, Equipos psicosociales, Sistema Atempro, Pulseras Cometa, casas de acogida…). Servicios que, supuestamente, deberían proteger eficazmente a las mujeres y a los hijos que resultan invisibles para el sistema, sometiéndolos a una desprotección y vulnerabilidad económica y social insoportables “. La privatización conlleva, además, que “su servicio técnico no esté sometido a ningún control y se realizan contrataciones bajo una red clientelar” que configura el “negocio de la violencia contra las mujeres” sin buscar la “profesionalidad y la eficacia de estos servicios”, asegura en el comunicado.

También sabemos que, en Andalucía, por ejemplo, las casas de acogida son un negocio privado cuyo responsable firma un contrato con la Junta de Andalucía para su gestión y que las condiciones en las que viven las mujeres allí no son las mejores

Las organizaciones feministas y asociaciones de víctimas de violencia machista como La Volaera llevan mucho tiempo reclamando una auditoria para los fondos del Pacto de Estado sin que, hasta el momento, conozcamos el destino último de las partidas. Sólo sabemos que, algunas de ellas, han tenido como finalidad actividades exclusivas para colectivos LGTBI que nada tienen que ver con la violencia que sufren las mujeres. También sabemos que, en Andalucía, por ejemplo, las casas de acogida son un negocio privado cuyo responsable firma un contrato con la Junta de Andalucía para su gestión y que las condiciones en las que viven las mujeres allí no son las mejores. Comida escasa y en mal estado, falta de calefacción en invierno en ciudades muy frías o apartamentos insalubres.

Y a ello hay que sumar la indolencia de algunos jueces y juezas que continúan dando visitas a hombres violentos para cuidar de sus hijos e hijas porque, como padres, tienen derecho

Y a ello hay que sumar la indolencia de algunos jueces y juezas que continúan dando visitas a hombres violentos para cuidar de sus hijos e hijas porque, como padres, tienen derecho. Y, tal es la indignación de algunas abogadas ante estas conductas que prefieren acudir a los juzgados de Familia en vez de a los de Violencia porque en estos últimos se dan regímenes de visitas tan amplios que parecen custodias compartidas.