Adelante Andalucía califica de "chiringuito ideológico" la oficina contra la ocupación creada por el PP en el Ayuntamiento de la capital

Adelante Andalucía Granada ha denunciado este sábado la creación de la Oficina de Apoyo contra la Ocupación Ilegal de Viviendas por parte del Ayuntamiento de Granada, gobernado por el Partido Popular, acusando al equipo de gobierno de montar un "chiringuito ideológico que criminaliza la pobreza mientras protege los intereses de los grandes especuladores", según indica en un comunicado.
Néstor Salvador, portavoz de Adelante Andalucía en Granada, ha sido contundente: “Esta oficina no resuelve ningún problema real de la ciudad. Es marketing del PP, una herramienta propagandística que estigmatiza a personas vulnerables mientras oculta el verdadero problema de Granada: la especulación inmobiliaria”.
Adelante Andalucía afirma que la prioridad del gobierno municipal debería ser garantizar el derecho a una vivienda digna, "no perseguir a familias sin recursos". "El problema no es la okupación, sino los fondos buitre que acaparan viviendas, los pisos turísticos que expulsan a los vecinos de sus barrios, y la pasividad institucional frente al encarecimiento del alquiler”, ha señalado Salvador.
“La realidad es que hay viviendas de sobra, Granada cuenta actualmente con entre 12 000 y 16 000 viviendas vacías, según diversos estudios recientes de la Universidad de Granada y el INE. El Ayuntamiento no solo lo permite, sino que ahora crea una oficina para proteger a los especuladores y criminalizar a quienes no tienen nada mientras su política de vivienda hace que los granadinos no podamos acceder a una vivienda digna”, ha subrayado Salvador.
Adelante Andalucía exige al Ayuntamiento que cierre esta oficina y redirija los recursos a programas de alquiler social, rehabilitación de viviendas vacías y freno a la especulación urbanística. Han recordado que Adelante Andalucía tienen una propuesta muy clara para empezar a resolver el problema de la vivienda en Andalucía y es la de expropiar todas las viviendas vacías que están en manos de bancos y fondos de inversión para ponerlas en un alquiler social que sea asequible.