'Y ahora la educación'
Estrenamos el año de la capitalidad cultural con los firmes propósitos de cada primero de enero -gimnasio, bajar de peso, aprender inglés o dejar de fumar- que abandonaremos con toda seguridad, antes de que acabe el mes, pero estaría bien que no nos despistáramos con dos de los derechos que hacen de este país uno de los más envidiados del mundo y que, por el camino que nos llevan, podrían estar en serio peligro: me refiero a la sanidad y la educación públicas, que el PP ha marcado como claro objetivo de negocio y no tanto como derecho ganado, y pagado, con nuestros impuestos. De los atropellos contra la sanidad hemos visto numerosos apuntes el año que acaba de terminar y parece que ahora los gobiernos populares, con el de Ayuso a la cabeza, se han lanzado decididamente contra la educación.
Si existiera un premio al sabotaje más empalagoso de lo público, disfrazado de “gestión responsable”, Moreno Bonilla ya tendría la estatuilla grabada con su nombre. Porque, tras poner a la sanidad pública andaluza al borde del precipicio, ahora le llega al turno a la educación pública, convertida, por obra y “gracia” de Juanma, en un campo de batalla donde triunfan los recortes, los decretos con nocturnidad y el desdén por estudiantes y profesorado, algo que el Hijo Adoptivo de la provincia de Granada está convirtiendo en casi un arte. Un arte que, por cierto, no necesita demasiada educación para ejercerlo.
Mientras la mayoría de los mortales disfrutábamos de reuniones familiares y copas de vino durante estas navidades, el BOJA decidió regalarnos un tipo de felicidad muy especial: el listado oficial de 360 aulas públicas que van a ser clausuradas este curso 2025–26
Mientras la mayoría de los mortales disfrutábamos de reuniones familiares y copas de vino durante estas navidades, el BOJA decidió regalarnos un tipo de felicidad muy especial: el listado oficial de 360 aulas públicas que van a ser clausuradas de cara al curso 2025–26. Ese documento no es un papel cualquiera, es la lista de los recortes educativos de última hora, el “calendario de la alegría” donde cada línea suprime una oportunidad de aprendizaje y hunde un poco más la escuela pública andaluza en el abismo. Con estos 360 espacios que desaparecen, ya son 2.758 aulas cerradas desde que Bonilla aterrizó en San Telmo como si fuese un regalo de Reyes adelantado… de esos que no quieres abrir.
Nos contará Juanma para justificar su guillotinazo educativo, que cada vez hay menos niños, pero es curioso que esa reducción de infantes solo se produzca en la enseñanza pública que ve como cada vez se le suprimen más aulas, mientras que ese descenso demográfico infantil no parece producirse en el sector de la enseñanza concertada/privada. No al menos en lo que a los presupuestos se refiere, ya que las cuentas públicas andaluzas destinan más de 1100 millones a la enseñanza concertada, o lo que es lo mismo 40 millones más que el año pasado; la educación especial privada crece un 22 %, la ESO concertada un diez y el bachillerato concertado un cuatro ¡Curiosa tierra esta en la que cada vez hay menos niños que necesitan educación pública y más que la precisan privada!
Pero tranquilos, que la cosa no termina en las etapas más iniciales del sistema de enseñanza andaluz: parece que el objetivo del bachiller Bonilla es aniquilar cada eslabón educativo posible antes de 2027. Porque ahora la Formación Profesional también entra en el lote de los ajustes dolorosos: un cambio normativo, supuestamente adaptado por la Junta, ha dejado a cientos de estudiantes de la Formación Profesional pública en el limbo administrativo, con el peligro real de no poder finalizar sus estudios por la exigencia extendida de horas prácticas que muchos no podrán completar. Como si fuese una especie de “gimnasia burocrática” que elimina posibilidades educativas para los jóvenes andaluces, como si fueran peldaños de una escalera.
Y, de propina, los rectores de las universidades públicas andaluzas han estallado. No porque vayan a perder plazas VIP en discursos oficiales, sino porque, oh sorpresa, siguiendo la senda marcada por su correligionaria Ayuso en Madrid, la financiación pactada con la Junta no se cumple, y la asfixia económica amenaza con convertir los campus en lavanderías fiscales donde apenas se pueden pagar nóminas o mantener aulas abiertas. Tanto es así que están dispuestos a llevar al Gobierno andaluz a los tribunales si no respeta el modelo de financiación acordado. Para una Junta empeñada en aplicar la austeridad como quien aplica colonia barata, esto es un contratiempo menor: “¿Problemas? Sí, los académicos. ¿Soluciones? Ahora no, que estamos cerrando aulas”.
Resulta increíble observar cómo, en apenas ocho años, un gobierno puede desmoronar la infraestructura educativa pública de una comunidad tan necesitada de ella como Andalucía, con el mismo entusiasmo con el que otros brindan por el año nuevo
Resulta increíble observar cómo, en apenas ocho años, un gobierno puede desmoronar la infraestructura educativa pública de una comunidad tan necesitada de ella como Andalucía, con el mismo entusiasmo con el que otros brindan por el año nuevo. ¿Y todo en nombre de qué? La baja natalidad suena bien en documentos oficiales, pero no explica por qué se recortan aulas -siempre públicas, nunca concertadas- aún donde sí hay población escolarizada, ni por qué se deja a estudiantes de FP sin capacidad de culminar su formación. Esto huele menos a una política educativa y más a una serie de decisiones idénticas a las de quien no conoce el valor de la educación porque jamás ha experimentado su ausencia.
Es irónico, o quizá trágico, que un presidente regional cuya trayectoria escolar fue, digamos que discreta, se dedique a aplicar políticas que parecen escritas por alguien que confunde reducir aulas con incrementar la calidad.
En Andalucía, el argumento del “ajuste necesario” se ha convertido en el mantra que justifica la eliminación masiva de oportunidades, y quien osa criticar es tachado de alarmista o, peor aún, de querer mantener un sistema “antieconómico”.
Cada aula que se cierra es una puerta que se cierra y miles de jóvenes cuyos sueños se van al limbo
La educación pública no es un gasto superfluo; es la base de una sociedad con futuro. Cada aula que se cierra es una puerta que se cierra y miles de jóvenes cuyos sueños se van al limbo. En lugar de invertir en escuelas, en FP y en universidades, el gobierno de Moreno Bonilla parece empeñado en una estrategia de hostigamiento institucionalizada que dejará enseñanzas mermadas, facultades agarrotadas y un sistema educativo agonizante, todo ello en beneficio del sector privado que se ha lanzado sin disimulo a copar el sector educativo andaluz, bien entendido que solo para quienes puedan pagar sus costes, dejando a los más desfavorecidos abandonandos a su suerte y dinamitando, quizás de una forma irreparable, el ascensor social que desde la llegada de la democracia ha supuesto la educación pública para Andalucía.
Se preguntarán ustedes ¿qué podemos hacer nosotros para revertir esta situación? La respuesta es muy sencilla: votar en consecuencia.
