El Ayuntamiento de Armilla ha solicitado a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía la suspensión en vía administrativa de la ejecución de la liquidación de la deuda del Metro de Granada, aprobada mediante Orden de 27 de diciembre de 2024. La liquidación, que asciende a 1.411.040,87 euros, deriva del convenio de colaboración suscrito el 12 de julio de 2006 para la construcción y puesta en funcionamiento del Metro de Granada.

La petición se justifica en la necesidad de adoptar medidas cautelares que eviten el perjuicio económico para las arcas municipales mientras se resuelve el litigio

Según ha informado el Ayuntamiento de Armilla, la solicitud se formula en el marco del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento, registrado como Procedimiento Ordinario 230/2025, que se encuentra en tramitación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La petición se justifica en la necesidad de adoptar medidas cautelares que eviten el perjuicio económico para las arcas municipales mientras se resuelve el litigio.

El Ayuntamiento de Armilla considera que la ejecución de la liquidación podría suponer un menoscabo significativo en la estabilidad financiera municipal, afectando al cumplimiento de compromisos presupuestarios esenciales. Además, se advierte que el pago de la liquidación podría impedir el acceso a subvenciones y fondos públicos de carácter autonómico, estatal o europeo, al no poder acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Junta de Andalucía.

En el escrito presentado ante la Consejería, se argumenta que el convenio de 2006 ha quedado extinguido, según lo dispuesto en la Ley 40/2015, al no haberse adaptado ni prorrogado de forma expresa en el plazo legal previsto. Asimismo, el Ayuntamiento señala que la liquidación se basa en un modelo de explotación distinto al convenido, con la incorporación de tramos soterrados que alteran sustancialmente las condiciones pactadas. Además, parte de los importes exigidos corresponden a ejercicios anteriores al año 2021 y, por tanto, se consideran prescritos según la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

El Ayuntamiento también apela al principio de colaboración interadministrativa previsto en la Ley 40/2015, que permite y aconseja la adopción de medidas de contención en el marco de un conflicto judicial entre administraciones públicas, evitando así un perjuicio a la entidad local.

Loli Cañavate, alcaldesa de Armilla, ha subrayado en una nota de prensa "la necesidad de preservar la estabilidad financiera del municipio, evitando consecuencias que puedan comprometer los servicios esenciales para la ciudadanía". "Esperamos que la Consejería actúe con prudencia y responsabilidad, teniendo en cuenta el impacto negativo que esta liquidación podría tener para nuestro Ayuntamiento mientras se resuelve el procedimiento judicial", ha señalado la alcaldesa.