El Juzgado de Instrucción 2 de Granada prevé continuar este lunes con la ronda de declaraciones de ediles del PP en el Ayuntamiento de la ciudad investigados en el llamado 'caso Serrallo', después de que hace unos días declararan el interventor municipal y la exsecretaria general del consistorio.

La previsión es que este lunes le toque el turno a los ediles Juan García Montero y Telesfora Ruiz y a los exconcejales Juan Antonio Mérida, Isabel Nieto y Vicente Aguilera, con los que culminaría esta fase de declaraciones abierta por la jueza que investiga la construcción supuestamente irregular de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona verde junto al Centro Comercial Serrallo Plaza.

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada está citando a declarar en calidad de investigados a todos los concejales del PP que en julio de 2012 integraban la Junta de Gobierno Local en la que se produjo una votación por unanimidad en relación con los horarios y usos complementarios del Serrallo, por entender que su actuación puede ser constitutiva de un delito de prevaricación urbanística.

La jueza ha tomado la decisión de citarlos -seis de ellos aún siguen en el grupo municipal del PP- después de que el pasado 27 de marzo declarara en calidad de investigado el que fuera alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), el cual expuso que tanto su participación en la Junta de Gobierno Local como la de los demás miembros se llevaba a cabo de forma "automática", puesto que seguían los criterios de los que eran informados por los técnicos.

No obstante, la magistrada argumenta que, de acuerdo al Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, estos corporativos están "sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones en el ejercicio de su cargo y son responsables de los acuerdos en los que hayan votado favorablemente".

En este sentido, advierte la jueza de que los miembros de la Junta de Gobierno Local "no pueden limitarse a votar" como expuso Torres Hurtado en su declaración, sino que, como miembros de la corporación local, "tienen la obligación de obtener datos o informaciones (...) que resulten precisos para el desarrollo de su función. Es mas, deben de cerciorarse de que las decisiones que vayan a adoptar se ajustan a la legalidad, no pudiendo reducirse su votación a una mera actuación automática como se argumentó al respecto".

En el caso Serrallo se investigan la supuesta comisión de delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación.