El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, que ha participado en Granada en la protesta convocada este lunes por la central sindical ante las subdelegaciones del Ejecutivo central en las capitales andaluzas, ha criticado que "desde que se constituyó el Gobierno en noviembre de 2023 no se ha convocado la Mesa General de las Administraciones Públicas para negociar mejoras laborales".

Según el sindicato, los empleados públicos se han concentrado para exigir al Gobierno que "desbloquee la negociación colectiva de las condiciones laborales que afectan a los empleados públicos en diferentes ámbitos (salarial, empleo público, condiciones de jubilación, jornada o teletrabajo, entre otros)"

Según ha informado CSIF en una nota de prensa tras la concentración, los empleados públicos se han concentrado para exigir al Gobierno que "desbloquee la negociación colectiva de las condiciones laborales que afectan a los empleados públicos en diferentes ámbitos (salarial, empleo público, condiciones de jubilación, jornada o teletrabajo, entre otros)".

Las movilizaciones convocadas por CSIF se han llevado a cabo al mismo tiempo que se celebraban concentraciones simultáneas frente al Ministerio de Hacienda en Madrid y en las subdelegaciones en el resto del país.

Girela ha considerado "urgente" la necesidad de que el Gobierno se siente a negociar un nuevo acuerdo de subida salarial ya que el actual, que caduca a final de año, ha provocado "una pérdida de poder adquisitivo del seis por ciento" desde que el Ejecutivo central, con CCOO y UGT, han precisado desde la central sindical, "lo firmasen en 2022".

Asimismo, CSIF ha reivindicado una oferta de empleo público sin tasa de reposición, teniendo en cuenta que el Gobierno ha sido a su parecer "incapaz de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado para 2025".

Por otra parte, también en materia de retribuciones, el Tribunal Constitucional ha admitido un recurso de amparo presentado por CSIF contra la decisión de la Mesa del Congreso, que, mediante acuerdo de 16 de mayo de 2016, rechazó tramitar una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por la central sindical para que los empleados públicos recuperen "la estructura salarial previa a los recortes" de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010.

El alto tribunal, mediante providencia de 2 diciembre de 2024, acuerda su admisión a trámite ya que en este caso "concurre una especial trascendencia constitucional porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto y pudiera tener unas consecuencias políticas generales" y requiere a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para que en el plazo máximo de diez días remita certificación del expediente.

Estos recortes, que siguen en vigor desde 2010, suponen que las empleadas y los empleados públicos en esta última década hayan trabajado entre 13 y 18 meses gratis, en función del grupo profesional al que pertenezcan. Esta situación se suma a la pérdida global del 20 por ciento del poder adquisitivo desde la bajada salarial de 2010.

Además de la negociación de mejoras retributivas, la asignación de fondos adicionales para la equiparación entre administraciones y la negociación de una nueva oferta de empleo, CSIF ha reclamado al Gobierno otras medidas como la jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado y la implementación de la carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo

Igualmente, CSIF ha puesto de relieve que, según un reciente estudio elaborado por la organización sindical, los empleados públicos de la Administración General del Estado cobran de media 8.000 euros menos al año que los trabajadores de las comunidades autónomas y ayuntamiento por el mismo trabajo. Esta cifra es la media de las desigualdades que padece el personal funcionario (8.690 euros menos anuales de media) y el personal laboral (7.380 euros menos).

Para corregir estas desigualdades retributivas en la Administración General del Estado "es necesaria una dotación de fondos adicionales" que CSIF fija en 1.487 millones, repartidos entre 2025, 2026 y 2017, hasta lograr la igualdad salarial plena en 2028.

Además de la negociación de mejoras retributivas, la asignación de fondos adicionales para la equiparación entre administraciones y la negociación de una nueva oferta de empleo, CSIF ha reclamado al Gobierno otras medidas como la jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado y la implementación de la carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo.

CSIF también ha reivindicado mejoras con la regulación definitiva de la jubilación parcial para los funcionarios y estatutarios, así como la adecuación de los grupos profesionales y la actualización del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público para reforzar su carácter de norma básica como máxima garantía de las condiciones laborales de las empleadas y los empleados públicos.

Del mismo modo, CSIF ha reclamado una solución a la crisis que vive actualmente el mutualismo administrativo y ha exigido al Gobierno que "acabe con la incertidumbre" a la que se enfrenta un millón y medio de personas entre funcionarios mutualistas y familiares de toda España (casi 350.000 personas en Andalucía) debido a "la falta de acuerdo" en torno a Muface. Por último ha advertido de que, si el Ejecutivo central no reacciona, "las protestas irán a más, con paros parciales o incluso una huelga en las administraciones".