Es solo una batalla ¡Pero qué batalla! Hace justamente una semana este periódico publicaba el siguiente titular: “La movilización ciudadana tumba la megaplanta fotovoltaica en la Vega”. En una exhaustiva y rigurosa información, María Andrade develaba que la empresa promotora de las instalaciones, declaradas de utilidad pública por la Junta, renunciaba a sus derechos y aunque la empresa ha intentado maquillar ese desistimiento, lo cierto es que lo ha hecho por la formidable oposición con que se ha encontrado por parte de los colectivos que denuncian el sindiós que estamos viviendo en nuestra provincia en general y en la Vega en particular con este tipo de instalaciones. Gracias a la Plataforma en defensa de la Vega y su entorno, a los agricultores, a los productores de chopos y a muchos de los habitantes de este entorno, David ha podido ganarle esta primera batalla a Goliat, abriendo así una puerta a la esperanza de otros muchos pueblos donde la amenaza sigue viva.

Lo ocurrido en Atarfe, Santa Fe, Pinos Puente y Vegas del Genil marca un antes y un después en la forma de afrontar la transición energética: no puede hacerse a costa de los territorios, sus paisajes, su agricultura y la voluntad de sus habitantes

La reciente retirada del proyecto de megaplantas fotovoltaicas en la Vega de Atarfe es una victoria rotunda del movimiento ciudadano organizado y un hito en la defensa del territorio frente al modelo de expansión energética que prioriza el beneficio empresarial sobre el interés general y la protección del medio ambiente. No se trata simplemente de que se haya tumbado una iniciativa concreta; lo que ha ocurrido en Atarfe, Santa Fe, Pinos Puente y Vegas del Genil marca un antes y un después en la forma de afrontar la transición energética, que no puede hacerse a costa de los territorios, sus paisajes, su agricultura y la voluntad de sus habitantes.

El proyecto, impulsado por la empresa Magnon Green Energy, preveía la instalación de casi 200 hectáreas de placas solares en plena Vega granadina, una de las zonas agrícolas más fértiles y emblemáticas de Andalucía. La instalación suponía un auténtico atentado contra la vocación agroalimentaria del territorio y un nuevo paso en la progresiva degradación de un espacio natural y cultural de alto valor. Sin embargo, esta vez no pudieron imponer su plan. La férrea oposición vecinal, articulada en torno a plataformas ciudadanas como la Coordinadora por la Vega o la Asociación Salvemos la Vega, puso en pie una movilización ejemplar que ha dado sus frutos.

La presión ciudadana no solo ha conseguido visibilizar el problema en los medios y trasladarlo al debate público, sino que también ha logrado importantes apoyos institucionales y jurídicos. El anuncio de que se acudiría al Contencioso Administrativo si el proyecto seguía adelante fue una señal clara de que la ciudadanía estaba dispuesta a llevar la defensa de su territorio hasta las últimas consecuencias. Y lo más relevante: tanto la Fiscalía como el SEPRONA emitieron sendos informes demoledores en contra del proyecto, aludiendo a su impacto ambiental, la vulneración de normativa vigente y la falta de garantías sobre su viabilidad social y ecológica. La suma de todas estas fuerzas, y no otra cosa, es lo que ha obligado a la empresa a dar marcha atrás.

Pero lo ocurrido en la Vega no puede entenderse como una anécdota aislada ni como una victoria definitiva

Pero lo ocurrido en la Vega no puede entenderse como una anécdota aislada ni como una victoria definitiva. Este caso ha de interpretarse como un potente precedente para las muchas otras luchas que se están librando a lo largo y ancho de Granada y Andalucía. De hecho, en los últimos años hemos asistido a un auténtico aluvión de proyectos de plantas fotovoltaicas y eólicas que, bajo el paraguas de la "transición ecológica", están siendo promovidos sin planificación territorial, sin evaluación estratégica adecuada y, lo que es peor, con una pasmosa complicidad para con Goliat, por parte de la administración autonómica y central.

La Junta de Andalucía y el Gobierno central han venido actuando como aliados silenciosos -cuando no entusiastas- de estas iniciativas, facilitando trámites, eliminando obstáculos y permitiendo que los intereses empresariales se impongan sobre los valores ambientales, patrimoniales y agrícolas de los territorios

La Junta de Andalucía y el Gobierno central han venido actuando como aliados silenciosos -cuando no entusiastas- de estas iniciativas, facilitando trámites, eliminando obstáculos y permitiendo que los intereses empresariales se impongan sobre los valores ambientales, patrimoniales y agrícolas de los territorios. En el caso de la Vega, la actitud de la administración ha sido, como mínimo, tibia. No fue hasta que la presión social se volvió ineludible y los informes institucionales pusieron el problema negro sobre blanco, que se empezó a replantear la viabilidad del proyecto. ¿Qué habría pasado si la ciudadanía no hubiera alzado la voz?

Por ello, es urgente repensar el modelo actual. No podemos permitir que la transición energética se convierta en un nuevo capítulo del extractivismo, en el que las zonas rurales se sacrifican para satisfacer las necesidades de consumo de las grandes ciudades o de fondos de inversión internacionales. La energía solar es una herramienta valiosísima en la lucha contra el cambio climático, sí, pero no puede desarrollarse de cualquier manera, ni en cualquier lugar, ni a cualquier precio.

Una medida inmediata y necesaria es la imposición de una moratoria temporal sobre nuevas instalaciones de renovables de gran escala hasta que no exista una planificación territorial coherente, justa y transparente. Esta moratoria debería servir para elaborar, con participación ciudadana, un mapa municipalizado de aptitud para renovables, donde se establezca con claridad dónde sí y dónde no pueden implantarse este tipo de proyectos, teniendo en cuenta criterios ecológicos, agrarios, paisajísticos y sociales.

La democracia ambiental exige reglas claras, consulta pública real y mecanismos de defensa para la ciudadanía. No basta con que las empresas presenten estudios de impacto ambiental maquillados o convenios con promesas de empleo y desarrollo local que casi nunca se cumplen. Hace falta un cambio profundo en las reglas del juego, donde el interés colectivo pese más que el lucro privado.

La Vega de Granada ha hablado, y lo ha hecho alto y claro. Ha dicho que no está dispuesta a ser una víctima más del mal llamado "progreso verde", y ha demostrado que la organización vecinal, la movilización social y la vía legal pueden frenar incluso los proyectos más ambiciosos de los gigantes energéticos. Este logro debe inspirar a otros territorios que enfrentan amenazas similares: en el Fargue, en Loja, en Guadix, en la Alpujarra, en el Poniente almeriense o en la campiña sevillana.

Porque el futuro no puede construirse sobre la destrucción del presente, y porque la verdadera transición ecológica será justa, participativa y planificada, o no será.

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