La Plataforma en defensa de la Vega y su entorno han liderado la movilización contra el proyecto, que acabó en el TSJA
La movilización ciudadana tumba la megaplanta fotovoltaica en la Vega
La empresa promotora de las instalaciones, que fueron declaradas de utilidad pública por la junta, renuncia a sus derechos. Te informamos.
Integrantes de la plataforma en defensa de la Vega en una manifestación el pasado año. indegranada
La movilización ciudadana ha puesto freno a la megaplanta fotovoltaica que amenazaba al corazón de la Vega de Granada. La empresa promotora de la planta fotovoltaica Ence Atarfe I y la infraestructura de evacuación eléctrica, un megaproyecto que iba a levantarse en los términos de Santa Fe, Pinos Puente, Vegas del Genil y Atarfe, ha renunciado a sus derechos.
Es una primera victoria de los colectivos que denuncian la proliferación sin control ni planificación alguna de estas instalaciones por toda la provincia, una lucha ciudadana que resalta la necesidad de una moratoria para pensar y planificar adecuadamente los proyectos
Es una primera victoria de los colectivos que denuncian la proliferación sin control ni planificación alguna de estas instalaciones por toda la provincia, una lucha ciudadana que resalta la necesidad de una moratoria para pensar y planificar adecuadamente los proyectos, que terminan salvando todos los obstáculos administrativos y no encuentran freno en las administraciones encargadas de su tramitación.
Según la resolución de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas a la que ha tenido acceso El Independiente de Granada, la mercantil Granada 133 Solar SLU, filial de Magnon Green Energy, que a su vez es una división de la mercantil Ence Renovables, presentó el pasado 13 de mayo la solicitud de renuncia a sus derechos.
Tras esa solicitud, la Junta ha dejado sin efectos la declaración de utilidad pública que aprobó en diciembre del pasado año y que amparaba las expropiaciones para levantar la megaplanta, contra la que se rebelaron colectivos ciudadanos, agrupados en la Plataforma en defensa de la Vega y su entorno; agricultores, que pidieron a los ayuntamientos que no otorgaran licencias; y productores de chopos, porque el tendido amenazaba también la recuperación de este cultivo tradicional.
Choperas en los márgenes del Genil. agrupación de productores marjal chopo
La Plataforma en defensa de la Vega y su entorno está integrada por la Agrupación de Voluntariado Ambiental de Santa Fe (AUCA), Ecologistas en Acción, Somos Vega, Somos Tierra, ADEPA Genil, Salvemos La Vega-Vega Educa y Defendamos la Vega Otra Vez.
Por tanto, la resolución de la Delegación Territorial acepta en primer lugar la petición de renuncia de derechos presentada por Granada 133 Solar SLU, deja sin efectos la resolución de 10 de diciembre de 2024 de declaración de Utilidad Pública de la instalación y proceder al archivo del expediente.
Como ha venido informando El Independiente de Granada, este proyecto preveía la expropiación de 231 parcelas en la Vega, en una zona de gran valor agrícola y próxima a la Dehesa de Santa Fe y a la Zona de Especial Conservación de La Malahá. La preocupación por el impacto medioambiental, para el patrimonio histórico -por su ubicación- y para los agricultores del entorno era máxima. Mucho mayor una vez que el proyecto logró la consideración de utilidad pública, lo que avalaba esas expropiaciones.
La plataforma ciudadana no ha dejado de movilizarse: denunció el proyecto ante la Fiscalía y logró un pronunciamiento del Ayuntamiento de Santa Fe, por unanimidad oponiéndose a la construcción. Más recientemente, agricultores afectados por la megaplanta decidieron recurrir ante el TSJA.
Miembros de la plataforma en defensa de la Vega en la Fiscalía. Plataforma en defensa de la vega
El proyecto, uno de los múltiples que se están promoviendo en Granada, había seguido adelante con el aval de las administraciones que debían pronunciarse a pesar de las alegaciones formuladas por los colectivos de la plataforma y los particulares perjudicados. Alegaciones que denunciaban, como se ha plasmado en las acciones ante la Fiscalía y el TSJA, una práctica habitual, que es trocear los proyectos para eludir lo que sería competencia estatal.
