La negociación del convenio colectivo de la Policía Local estaba parada. Era una de las quejas de la plantilla, junto a una reorganización que no compartían, cuando decidió por abrumadora mayoría que los policías no harían, de manera voluntaria, servicios extraordinarios. Lo que vino después -en Semana Santa y en eventos deportivos- fueron los decretos de Alcaldía imponiéndolos, que recientemente han sido anulados por los tribunales. Aquello fue una decisión unilateral de abuso de la posición de poder", dictó recientemente el Juzgado de lo Contencioso 2 de Granada. Ahora, cuando la negociación del convenio de la Policía Local se retoma, el gobierno que preside Marifrán Carazo comienza de nuevo con mal pie y ha soliviantado, otra vez, a los policías. 

Como en la antesala de la Semana Santa, el contexto en el que se produce está agitado por las investigaciones al grupo de policías que está investigado por el presunto amaño en oposiciones. Como cuando se decidió no hacer servicios extraordinarios, también la mayoría sindical se ha pronunciado en contra. Es necesario recordar que entonces, el sindicato mayoritario, SIPLG, secundó la protesta, pero se desmarcó alegando que se había logrado negociar el convenio. Sin embargo, la propuesta que ha presentado el gobierno de Carazo es, como ha calificado por ejemplo el sindicato CSIF en un escrito a la plantilla, "una falta de respeto absoluto". También el SIPLG, al menos al inicio de la negociación, la rechaza. Así lo ha trasladado a la plantilla, a la que ha transmitido que es "una falta de respeto" y que, "o la modifican de punta a rabo" o pondrá "patas arriba tó Graná". 

Está previsto que este lunes se comience a negociar la propuesta, que tiene asuntos espinosos como son la jornada, el complemento específico, la llamada Bolsa Obligatoria de Disponibilidad, que planifica la cobertura en días de "especial necesidad operativa" o las vacaciones. 

"Los acuerdos y los convenios existen para mejorar las condiciones de los trabajadores, no para empeorarlas ni para recortar derechos", ha advertido CSIF, que cree que la propuesta presentada por el gobierno local supone "retroceso, desigualdad y pérdida de condiciones". Para CSIF, "quien lo ha redactado desconoce por completo la realidad del servicio o, directamente, no ha tenido intención alguna de respetarla". 

Es la primera negociación que afronta Rafael Domingo al frente de la Jefatura de la Policía Local de Granada.