EL NUEVO CURSO POLÍTICO (I): la sanidad pública agoniza, ejemplo de la gestión del PP en pilares de estado de bienestar
La Junta enriquece a la sanidad la privada y debilita a la pública en otro intento de reducir las listas de espera
El Gobierno de Juan Manuel Moreno destina 533 millones a las clínicas privadas, en lugar de fortalecer a sanidad pública, cuyo estado crítico supone el mayor problema en la gestión del PP, junto al resto de los pilares del Estado de Bienestar.
Dedicamos a los servicios públicos, con la sanidad como paradigma de la gestión del Gobierno andaluz de mayoría absoluta del PP, el primero de los análisis que ofrecemos sobre el nuevo curso político.
Debilitar a la sanidad pública
El Gobierno andaluz de mayoría absoluta del PP se empeña en debilitar la sanidad pública para beneficiar a la privada. El resultado, que padece la ciudadanía y critican los partidos de izquierda y la mayoría de sindicatos (sin pronunciarse, como es habitual ni el Sindicato Médico ni los colegios de médicos), es el empeoramiento, hasta el estado crítico del primer pilar del Estado de Bienestar, con la Atención Primaria, en agonía, y unas listas de espera insoportables que no solo no mejoran, sino que empeoran.
Moreno, en una visita al Virgen de las Nieves en una imagen de archivo. Junta de Andalucía.
Tal es el fracaso en la gestión de las listas de espera que la Junta ya tan solo informa con datos sesgados para anunciar leves mejorías en algunas parcelas residuales. Aún no ha publicado todos los datos – globales, por provincias, por hospitales, por patologías… Tampoco, como se comprometió, difunde las listas de espera cada mes
Tal es el fracaso en la gestión de las listas de espera que la Junta ya tan solo informa con datos sesgados para anunciar leves mejorías en algunas parcelas residuales. Aún no ha publicado todos los datos –globales, por provincias, por hospitales, por patologías… Tampoco, como se comprometió, difunde las listas de espera cada mes.
Pero frente a la manipulación, periodismo. Según los últimos datos difundidos -el pasado 18 de julio, la Junta de Andalucía tan solo ha logrado reducir en los últimos seis meses en la provincia de Granada la lista de espera quirúrgica de pacientes amparados por plazos de garantía, según sus patologías de 90, 120 y 180 días, en 146 personas, al pasar de 15.687 a finales de diciembre pasado a 15.541 en junio de este año.
El presidente de la Junta con la consejera y la alcaldesa en una visita al San Cecilio. Junta de Andalucía.
Esa reducción no llega al uno por ciento. Dentro de esa cifra de pacientes pendientes de intervenciones con garantías, hay un buen número que ya ha superado los plazos establecidos -esos 90, 120 y 180 días-. Son los que están fuera de plazo, como se indica en las estadísticas. Si nos detenemos en esos datos, en la provincia, a finales del pasado año había 3.787 pacientes fuera de esos plazos; ese número, a finales de junio de 2025 se ha reducido a 3.405. Son 382 menos. En porcentaje, casi un 10 por ciento.
Pese al triunfalismo de la Junta, la demora media para ser operados para los pacientes con garantía ha aumentado en dos días. A finales de junio era de 116 días, frente a los 114 de finales de diciembre pasado.
Las vacaciones de Moreno. Frente a las duras críticas recibidas por las vacaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, -interrumpidas para presidir vía telemática en dos ocasiones las reuniones del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD) por los incendios forestales, y la visita a las zonas devastadas por el fuego en Castilla-León, Extremadura, Galicia y Asturias- apenas se han escuchado comentarios por las vacaciones, también merecidas, del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno.
Reapareció Moreno en una rueda de prensa en Málaga, que celebraba su feria y fiestas, donde atizó a diestra y siniestra -tras defenestrar aquella vía andaluza: del pretendido diálogo y la supuesta moderación a la bronca permanente- y en la plaza de toros de La Malagueta.
No entre cenizas ni junto a brigadistas exhaustos, sino en el burladero de una plaza de toros, escoltado por sonrisas cómplices. Mientras en Andalucía, durante sus vacaciones, ardían Tarifa, Zahara, la Mezquita de Córdoba… Cuando regresó, no fue para visitar a los andaluces y andaluzas desalojados, ni para abrazar a los bomberos forestales que se juegan la vida. Reapareció en una corrida de toros, que el PP andaluz trata, como Madrid, de potenciar al máximo, con grandes subvenciones. El presidente ausente regresó en público donde la sangre es espectáculo. El fuego no es un fenómeno natural sin más, es también metáfora de la descomposición de lo público, como ahora se ha comprobado con la gestión de las comunidades autónomas, cuya competencia le es propia.
Se justificó Moreno diciendo que no es "partidario de hacerse la foto". Pero la foto que evita junto a los bosques arrasados es la misma que busca en la plaza de toros. La política del espectáculo es selectiva: desaparece en la catástrofe social y aparece en la catástrofe ritualizada. Prefiere las gradas donde se aplaude el derramamiento de sangre animal, a los montes donde el silencio de los árboles calcinados revela la muerte de todo un ecosistema. Ahí no hay aplauso, ni vítores, ni mucho menos cámara amiga.J.I.P.
Reapareció Moreno en una rueda de prensa en Málaga, que celebraba su feria y fiestas, donde atizó a diestra y siniestra -tras defenestrar aquella vía andaluza: del pretendido diálogo y la supuesta moderación a la bronca permanente- y en la plaza de toros de La Malagueta.
No entre cenizas ni junto a brigadistas exhaustos, sino en el burladero de una plaza de toros, escoltado por sonrisas cómplices. Mientras en Andalucía, durante sus vacaciones, ardían Tarifa, Zahara, la Mezquita de Córdoba… Cuando regresó, no fue para visitar a los andaluces y andaluzas desalojados, ni para abrazar a los bomberos forestales que se juegan la vida. Reapareció en una corrida de toros, que el PP andaluz trata, como Madrid, de potenciar al máximo, con grandes subvenciones. El presidente ausente regresó en público donde la sangre es espectáculo. El fuego no es un fenómeno natural sin más, es también metáfora de la descomposición de lo público, como ahora se ha comprobado con la gestión de las comunidades autónomas, cuya competencia le es propia.
Se justificó Moreno diciendo que no es "partidario de hacerse la foto". Pero la foto que evita junto a los bosques arrasados es la misma que busca en la plaza de toros. La política del espectáculo es selectiva: desaparece en la catástrofe social y aparece en la catástrofe ritualizada. Prefiere las gradas donde se aplaude el derramamiento de sangre animal, a los montes donde el silencio de los árboles calcinados revela la muerte de todo un ecosistema. Ahí no hay aplauso, ni vítores, ni mucho menos cámara amiga.J.I.P.
Y frente tanto agravio que lanza el Gobierno andaluz del PP y las organizaciones provinciales, hay otro agravio que silencia Moreno: en Andalucía hay que esperar para operarse tres veces más que en Madrid y País Vasco, y un mes más que en Cataluña
Como el último balance completo de la Junta sobre listas de espera es a 31 de diciembre de 2024, un estudio comprado con el resto de las comunidades autónomas indica que Andalucía al cierre del año pasado es la que registra más tiempo de demora.
Y frente tanto agravio que lanza el Gobierno andaluz del PP y las organizaciones provinciales, hay otro agravio que silencia Moreno: en Andalucía hay que esperar para operarse tres veces más que en Madrid y País Vasco, y un mes más que en Cataluña.
La solución de Moreno para arreglar la sanidad pública: enriquecer a las privadas
Dos años después de presentar su 'gran plan de choque' para tratar de reducir las listas de espera, que se centra en confiar a la sanidad privada este objetivo, la Junta de Andalucía se dispone ahora a formalizar el gran acuerdo marco que, en su conjunto, prevé destinar 533 millones a las empresas privadas. Al gobierno de mayoría absoluta del PP no se le ha ocurrido reforzar a la sanidad pública, sino beneficiar a las empresas privadas. Como en el Gobierno de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso.
Una operación en un hospital público de Andalucía. Junta de Andalucia.
Cuando se presentó el plan en 2023, con Catalina García como consejera de Salud, que después fue relevada por Rocío Hernández, se anunció que se iban incluso a realizar operaciones en provincias limítrofes, como Badajoz o Murcia
No había podido hacerlo hasta ahora porque a la Junta se le atragantaron los trámites y se topó con los recursos presentados por las propias empresas sanitarias privadas que participaron en el concurso.
Cuando se presentó el plan en 2023, con Catalina García como consejera de Salud, que después fue relevada por Rocío Hernández, se anunció que se iban incluso a realizar operaciones en provincias limítrofes, como Badajoz o Murcia.
Ahora, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ha resuelto de forma favorable para el Servicio Andaluz de Salud (SAS) los recursos presentados por las empresas que han concurrido al acuerdo marco para reducir las listas de espera.
Han resultado 38 empresas adjudicatarias (71,7% de las presentados) para 50 centros sanitarios (66,7% de los presentados), "más que nunca en la historia de la contratación de estos servicios", con empresas privadas
Finalmente, han resultado 38 empresas adjudicatarias (71,7% de las presentados) para 50 centros sanitarios (66,7% de los presentados), "más que nunca en la historia de la contratación de estos servicios", con empresas privadas, como el propio SAS admite.
El acuerdo de procedimientos quirúrgicos cuenta con un presupuesto de 231 millones de euros y una duración inicial de dos años, con prórroga de otros dos, con lo que su valor estimado máximo alcanza los 533 millones de euros. Los documentos de formalización del acuerdo marco ya están firmados por todas las empresas y que se ha recopilado la información que permitirá a las centrales provinciales de compras planificar los contratos basados. Dichos contratos se prevén a partir de mediados del mes de septiembre.
La otra gran pata del acuerdo marco, la que corresponde a las pruebas diagnósticas, no se llevará a cabo como se anunció en 2023. El pasado julio la Consejería de Salud y Consumo anunció que renunciaba al acuerdo regional y que reiniciaba los trámites para hacerlos por separado en cada provincia
La otra gran pata del acuerdo marco, la que corresponde a las pruebas diagnósticas, no se llevará a cabo como se anunció en 2023. El pasado julio la Consejería de Salud y Consumo anunció que renunciaba al acuerdo regional y que reiniciaba los trámites para hacerlos por separado en cada provincia.
Colapsa la gestión de la Junta en Dependencia
Denunciada sin descanso por usuarios y familiares que esperan, los sindicatos CCOO y UGT, y partidos, como PSOE, IU y Podemos, la gestión de la Dependencia por parte del Gobierno andaluz de Moreno es uno de los principales problemas que afectan a la ciudadanía.
Y en especial en Granada, como paradigma de un caos y deficiente servicio a la ciudadanía, que el personal de la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, evidencia para que los escuchen con el fin de poder mejorar la Dependencia
Y en especial en Granada, como paradigma de un caos y deficiente servicio a la ciudadanía, que el personal de la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, evidencia para que los escuchen con el fin de poder mejorar la Dependencia.
Porque es la provincia de Granada, junto a la Sevilla, la que concentra el mayor número de denuncias elevadas al Defensor del Pueblo Andaluz, que se ha visto obligado a abrir una “queja de oficio” por la gestión de la Dependencia, un procedimiento por propia iniciativa solo reservado, cuando la institución tiene conocimiento de una situación que vulnera los derechos de los ciudadanos o afecta al funcionamiento de la Administración Pública andaluza.
Andalucía es, con diferencia, la peor de España en gestionar la Dependencia de entre todas las comunidades autónomas. Lo vuelve a reiterar el último informe del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 -recién publicado, correspondiente al primer semestre de 2025- que constata con el aporte de datos oficiales la crítica situación de este pilar fundamental del estado de bienestar, a la que ha llevado la gestión del Gobierno andaluz de mayoría absoluta del PP.
Más tiempo para ser atendido y listas de espera más largas para acceder a la Dependencia en Andalucía. Con una demora media de hasta 574 días (más de 19 meses) y con un total de 50.303 personas vulnerables, que siguen pendientes de algún procedimiento de valoración. Insoportable. Representan el 17,5 por ciento del total que aguardan en el país y nada menos que 232 días más que la media estatal, 1,6 veces superior. En la imagen del Parlamento, Loles López, durante una reciente intervención.
Más tiempo para ser atendido y listas de espera más largas para acceder a la Dependencia en Andalucía. Con una demora media de hasta 574 días (más de 19 meses) y con un total de 50.303 personas vulnerables, que siguen pendientes de algún procedimiento de valoración. Insoportable. Representan el 17,5 por ciento del total que aguardan en el país y nada menos que 232 días más que la media estatal, 1,6 veces superior. En la imagen del Parlamento, Loles López, durante una reciente intervención.
Granada, epicentro del colapso de la Dependencia
En la queja de oficio formulada en el expediente 25/6380, a la que tuvo acceso El Independiente de Granada, que concreta en la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y extiende, junto a la de Granada, a las otras siete delegaciones territoriales de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz detallaba que quiere “investigar las dilaciones en las solicitudes de revisión de la situación de Dependencia”.
Moreno y Loles López, consejera de Inclusión Social, saludan a un mayor en una imagen de archivo. María José López / Europa Press
En Granada las demoras son escandalosas. En el escrito de apertura del expediente, el Defensor del Pueblo explicita que en esta provincia “se encontraban tramitando revisiones del segundo semestre de 2022 en enero de 2025, o incluso del primer trimestre de 2022 en la zona de Iznalloz y Huétor Tajar”
En Granada las demoras son escandalosas. En el escrito de apertura del expediente, el Defensor del Pueblo explicita que en esta provincia “se encontraban tramitando revisiones del segundo semestre de 2022 en enero de 2025, o incluso del primer trimestre de 2022 en la zona de Iznalloz y Huétor Tajar”. De hasta hace tres años.
El nuevo orden de prioridad que obliga la Ley de Simplifación de la Junta opera como elemento de “distorsión” e “influye negativamente” en que el sistema avance
En la argumentación del inicio de expediente, la institución alude a la causa objetiva “del progresivo incremento de las peticiones ciudadanas sobre la dilación en la revisión de su situación de Dependencia”, que se han disparado en la que va de año, tras experimentar un “crecimiento notable en 2024”.
Los últimos datos, facilitados por las diputadas socialista Olga Manzano y Olvido de la Rosa, señalan que en la provincia de Granada más de 9.500 personas están en lista de espera, de ellas 5.500 ni siquiera han sido valoradas y 4.000 ya tienen valoración, pero aún no han recibido ninguna prestación. “Granada representa el 20% del total de la lista de espera andaluza, solo superada por Sevilla y Málaga", señalaron en julio pasado.
Educación: más para la privada y concertada, menos para la pública
El mejor ejemplo de las consecuencias de las políticas en materia educativa, otro de los pilares del Estado del Bienestar, que está desplegando el Gobierno del PP está en la situación del colegio público San José de Granada capital.
Es uno de los pocos colegios públicos que resisten en el centro de la ciudad, referente en multiculturalidad, integridad y diversidad y que el próximo curso, según notificó el pasado julio la Junta a dirección y familias, verá suprimidas las plazas para escolares de 3 y 4 años. Lo que hará será unir los cursos de esas edades en una clase mixta
Es uno de los pocos colegios públicos que resisten en el centro de la ciudad, referente en multiculturalidad, integridad y diversidad y que el próximo curso, según notificó el pasado julio la Junta a dirección y familias, verá suprimidas las plazas para escolares de 3 y 4 años. Lo que hará será unir los cursos de esas edades en una clase mixta.
La comunidad educativa acogió la noticia como un duro golpe. La Junta alega que no se superaba el número de niños matriculados para mantener todas las aulas. La Consejería ha prohibido al centro la matriculación fuera del periodo oficial, algo que sí se hacía hasta ahora y que seguramente incrementaría las cifras.
Para FAMPA Alhambra, la federación de asociaciones de madres y padres de la escuela pública, la estrategia está clara: todos estos obstáculos tienen como objetivo un futuro cierre -ahora encubierto-.
Concentración AMPA Las Tablas por el recorte de plazas. IndeGranada.
No es solo el desequilibrio escuela pública/escuela concertada, en detrimento de la primera, que está promoviendo el Gobierno de Moreno. Hay una asignatura pendiente que arrastra de cursos anteriores y que es la atención a la diversidad
La confirmación de que la Junta no dará marcha atrás llegó mientras el Gobierno andaluz firmaba un acuerdo con las patronales de las escuelas concertadas para ampliar dotación horaria y plantillas docentes en su red. Un acuerdo que incluye, además, aportación económica para “otros gastos”, entre otras cuestiones para mejorar las condiciones del Personal de Administración y Servicios de los centros concertados.
No pasó desapercibida esa coincidencia temporal para FAMPA Alhambra, que pidió el pronunciamiento del Consejo Escolar Municipal y de la alcaldesa de Granada "para que apoyen con hechos un centro al que han presentado como modelo de integración de la diversidad".
No es solo el desequilibrio escuela pública/escuela concertada, en detrimento de la primera, que está promoviendo el Gobierno de Moreno. Hay una asignatura pendiente que arrastra de cursos anteriores y que es la atención a la diversidad. El curso pasado falló estrepitosamente al no contar los centros con personal suficiente para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y necesidades educativas especiales.
