La delegada del Gobierno, Sandra García, junto con la delegada de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Inmaculada Oria, ha presentado este martes la memoria borrador para la redacción del Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada a los 27 ayuntamientos implicados.

La reunión, que se ha celebrado en la Delegación del Gobierno, ha servido para “intercambiar opiniones con quienes tendrán que gestionar directamente el futuro plan en sus territorios”, ha explicado la delegada, quien asegura que, en estos momentos, la Junta trabaja en la evaluación ambiental estratégica, figura contemplada en la ley de gestión de la Calidad Ambiental.

El documento establece el diagnóstico, las bases y los objetivos que marcan la elaboración el plan, impulsado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de Andalucía que instó a la elaboración del Plan Especial de la Vega de Granada, con el objetivo de hacer compatible el uso público con la preservación de sus valores agrícolas, culturales y ambientales.

“Queremos que el plan sea fruto del diálogo institucional y con la ciudadanía, tiene que contar con la participación de todos porque pretende reconciliar a Granada con su Vega  y proteger la actividad agraria y al mismo tiempo el patrimonio cultural, medioambiental y las infraestructuras hídricas”, indica Sandra García.   

Los ayuntamientos recibieron la semana pasada la memoria borrador y la delegada de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio la presentó a la Plataforma Salvemos la Vega. “Un documento consensuado desde el inicio será más rápido y tendrá más legitimidad”, precisa la delegada del Gobierno. “Por eso, aunque en esta fase no es obligatorio, hemos iniciado este cauce de diálogo y participación desde el principio”, puntaliza Sandra García. 

Fundamentalmente, el borrador pivota sobre la preservación y protección de la actividad agraria de la Vega granadina, es un documento de ordenación que se complementa con un programa de actuaciones para recuperar los usos y costumbres, senderos, carril bici, etc. y también contempla un órgano que gestione y vele por ese programa de actuaciones, según Oria.